Institucionalidad mendocina en deterioro

Se encuentra en riesgo de severa pérdida la tan ponderada “institucionalidad” mendocina de la que tanto nos hemos jactado. Recuerdo en estos días a mi padrino, Horacio H. Godoy quien, como funcionario de organismos internacionales, con orgullo respondía a la pregunta sobre su origen: “Argentino, pero de Mendoza”.

La institucionalidad mendocina se inició apenas comenzó nuestro período constitucional pues fue la primera provincia que en 1854 dictó la suya bajo el cobijo de la flamante constitución de 1853. Fue precursora en Sudamérica cuando en 1884 contaba con su “Ley de Aguas” que establecía la administración, distribución y conservación de los recursos para la irrigación del semi desierto que nos tocó habitar. Y también se adelantó a la misma constitución mexicana de Querétaro cuando en 1916 ya había establecido los derechos sociales para la protección del trabajador y de mujeres y niños.

Mientras en la capital del país se combatía en los atrios, en Mendoza el radicalismo, de la mano de Bernardo Ortiz y de otros destacados, llegaban a la primera victoria radical y reformaban la Constitución en 1895. En 1910 en otro texto constitucional se reconocía el derecho de huelga por vía de la prohibición de ese derecho laboral en el ámbito de los servicios públicos.

Mendoza se destacó por ser respetuosa al conjunto de normas, reglas, costumbres, y estructuras organizativas que regularon tanto su vida pública como privada. Su apego a ese marco legal y procedimental le brindó orden, previsibilidad e hizo posible la toma de decisiones, tanto para el Estado como para la sociedad en general. La transformación político económica de la vitivinicultura desarrollada entre fines del siglo XX y principios del XXI, comprendió varios gobiernos y de distintos signos políticos; promovieron la inversión que no cesó -ni disminuyó siquiera- en la crisis nacional más profunda como la acontecida en el año 2002. Prevaleció el tiempo sobre el espacio crítico coyuntural.

En otras palabras, la institucionalidad mendocina hizo realidad el funcionamiento efectivo y legítimo de sus instituciones, y por ello pudo exhibir la estabilidad, el desarrollo y la confianza públicos. Y lo hizo desde sus instituciones ejecutivas, legislativas y judiciales sostenidas en un conjunto de valores, creencias y prácticas compartidas que influyeron en la forma en que se interpretaban y aplicaban las normas y reglas establecidas. Una prueba de ello es que desde 1983 han alternado en el gobierno de la provincia los distintos partidos políticos mayoritarios.

Consideramos con dolor que ya no podemos afirmar que el cuadro descripto goce de buena salud. Se han encendido luces de alarma que alertan sobre los graves peligros que nos esperan en el terreno institucional.

El gobierno se muestra cada vez más voraz en el copamiento de los espacios de toda característica. No presentan opiniones ni dictámenes críticos ninguno de los organismos legales y constitucionales destinados constitucional o legalmente a hacerlo.

Todos los cargos que requieren de “acuerdo” del Senado pasan sin dificultad alguna tal como vienen propuestos por el gobernador: jueces, miembros del Tribunal de Cuentas, integrantes del directorio del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), Departamento General de Irrigación, Ministerio Público, Acceso a la Información, ninguno escapa; salvo el presidente del EPAS, porque el ente ha sido destruido.

Como le hemos advertido oportunamente al Superintendente de Irrigación, la mezcla de funciones constitucionales donde se asientan las facultades vinculadas al riego en nuestra provincia con aquellas relacionadas con el servicio público de agua y saneamiento, ahora absorbidas por ese DGI, contiene un peligro muy grave: el sometimiento de su actuación a eventuales acciones de base constitucional federal y convencional a conocimiento de tribunales federales y sobre la base de interpretaciones y posibles reclamos totalmente ajenos a la temática del agua de riego que sostiene las facultades constitucionales, legislativas y jurisdiccionales de nuestra Provincia. Quedamos al alcance de acciones de amparo y precautorias federales como nunca antes; desde un amparo federal podrán disponer por vía de precautorias sobre nuestra política de riego, es decir, sobre la economía fundamental de nuestra provincia que allí se apoya y sostiene.

Los mecanismos previstos para limitar al menos un poco aquellas designaciones mediante procedimientos de concursos públicos (prometidos y no cumplidos con transparencia) para cubrir altas funciones ejecutivas o los directorios del EPRE han fracasado; como también se han frustrado otros instrumentos como el paso por Consejo de la Magistratura para acceder al cargo de jueces o de fiscales. Como en el mejor sueño kirchnerista esa competencia ha perdido transparencia porque sus exámenes no son ya anónimos desde su inicio. Salvo muy pocas, pero ciertas excepciones, sólo pasan los “obedientes”.

La parodia de “audiencia pública” que hemos presenciado en estos días sobre el emprendimiento minero realizada en pleno invierno en un lugar de muy difícil acceso pero de muy fácil control-filtro localizado, donde sólo podían acceder quienes tenían inscripción previa como oradores (los otros del público no) ponen en evidencia la urgencia por actuar de modo descontrolado y lograr una contratación sin publicidad ni transparencia suficiente como ocurrió con la cuestionada “Acta Transaccional” celebrada con Edemsa en enero de 2023 por varios de los mismos protagonistas. ¿Audiencia “pública” cerrada al público?, o ¿no apta para todo público?

Han desaparecido los resortes de control sobre el poder. Todos han sufrido el embate por ocupación de los espacios y han sido copados o sometidos por aquellos a quienes debían controlar, o por sus jefes políticos. Entonces, ahora no sólo no controlan sino que, por su obediencia evidente, se han convertido en instrumentos de persecución y de difusión del temor. “Prefiero que me teman a que me respeten” dijeron los filósofos Nicolás Maquiavelo, primero, y luego repitió Michael Corleone.

Es lo que hoy ocurre con el “Jury” de enjuiciamiento; espada de Damocles que se yergue sobre cualquier juez o fiscal “desobediente” o “garantista”; ¿el modelo es Bukele?

Finalmente, tampoco la Suprema Corte de nuestra provincia, que supo ganar prestigio a nivel Nacional, en gran parte por la integración protagónica de la mujer académica más importante de nuestro mundo jurídico nacional, que también lo fue por la independencia de sus decisiones, ha escapado al trabajo de copamiento de los controles constitucionales. No obstante contar con mayoría de integrantes de origen radical (4 a 3) necesitaban poder controlar la totalidad de sus decisiones; porque para optar por la presidencia del Tribunal había que sacrificar la mayoría en una de las salas especiales. Solucionado!... todas las decisiones que poseen perfil institucional, de control, contencioso administrativo o constitucional pasan a plenario general para asegurar la eficacia automática de ese 4 a 3 (tan frágil…). Esta película ya la vimos no hace mucho…

Y como la institucionalidad no se agota en los organismos del poder político sino que también se proyectan en otros integrantes de nuestra comunidad, no escapa a nuestro análisis el lamentable espectáculo que hoy nos muestra nuestra política doméstica. La supresión de las PASO seguidas de la decisión partidaria que traslada las definiciones más relevantes a un pequeño grupo cuya legitimación proviene de hace dos años por lo menos… en el oficialismo… y el desbande producido en el principal opositor, no son signos halagüeños ni esperanzadores de una mejora en nuestras opciones. Observamos una partida de truco en la que desconocemos las señas, porque las han cambiado y sólo las conocen ellos.

Una culminación de este descalabro institucional ha sido el dictado de la Ley que adhirió “en todos sus términos y condiciones” a la Ley que habilita los RIGI en nuestro sistema jurídico sin siquiera un debate o, al menos, una análisis que permitiera medir las consecuencias ¿tenemos claro que hemos desplazado hacia la competencia federal todas las inversiones importantes inscriptas en la “autoridad de aplicación” que funciona en Buenos Aires y que nos sustraerá todas las decisiones de relevancia sobre las apetecidas incursiones sobre nuestros recursos naturales en especial?

El programa de integración regional y global, que necesitamos y compartimos plenamente, si lo hacemos de modo inteligente, requiere de una dirigencia, que no necesite exhibir el dominio absoluto de los controles, de la Suprema Corte, del Ministerio Público, de los organismos de control de los servicios públicos, de la autoridad de riego, del Consejo de la Magistratura, del Tribunal de Cuentas… porque esa exhibición lo debilita. Quienes negociarán con nosotros saben de eso y exigirán el máximo, es decir, todo!

Hace unos días afirmamos que convertir a un solo señor en dueño de todos los resortes de conducción y decisión en el mundo económico de nuestra provincia, no aporta mayor confiabilidad. Porque no aseguran la recuperación de la institucionalidad perdida. Tampoco nos brinda seguridad porque sólo puede prometer “estabilidades” mientras dure su efímero mandato… 

Finalmente, y para no colocarnos al margen del panorama lamentable, tampoco el mundo de nuestra cultura se encuentra exento de graves falencias porque es también terreno de disputas menores, de política partidaria ajena a la tarea universitaria y todo ello en medio de una injustificada agresión, aunque explicable en varios puntos, desde la distribución de recursos nacionales que las sostienen. También tenemos mucho por aprender y hacer.

Urge la construcción de actitudes y testimonios (no discursos) que pongan en cartel un hálito de esperanza que logre movilizarnos a los mendocinos otra vez, una vez más, a demostrar esa voluntad férrea que nos caracteriza.

Cerramos con palabras escritas por Dardo Pérez Guilhou, a meses de cumplirse los 100 años de su nacimiento: “El mendocino por naturaleza, ha sido y es, fundamentalmente, un empírico que confía en su prudencia para resolver toda clase de problemas. Por cierto, que este empirismo no constituye un puro oportunismo inmoral. Por el contrario, sujeta su conducta a grandes principios guiadores, pero siempre rehúye a lo exageradamente ideológico o reglamentarista. Su pragmatismo le enseña que, con pocas normas fundamentales, que respondan a buenos principios, nunca demasiado revolucionarios, puede desarrollar seguro su accionar, y, en los casos poco claros, la buena y circunstancial conveniencia lo guiará para deslindar lo complicado”.