En contextos adversos, las universidades públicas han demostrado históricamente una notable capacidad de resiliencia. La UNCuyo no es la excepción. Aun en medio de una situación económica delicada y de un escenario político complejo, se abre una oportunidad: la de un cambio de gestión que no solo renueve liderazgos, sino que también permita reconfigurar prioridades, reconstruir consensos y proyectar una universidad más fuerte, más inclusiva y comprometida con su comunidad.

La próxima gestión de la UNCuyo enfrentará, sin embargo, un escenario tan desafiante como incierto. Lejos de tratarse de una transición administrativa más, lo que se avecina es un ciclo atravesado por restricciones presupuestarias profundas, tensiones financieras crecientes y una redefinición del rol mismo de la universidad pública en el contexto nacional. Las políticas de ajuste impulsadas por el gobierno nacional, en articulación con actores provinciales y en continuidad con ciertos rasgos de la gestión actual, configuran un horizonte de fuerte estrechez para el sistema universitario.

La reducción real del presupuesto, producto de la inflación sostenida y la falta de actualización de partidas, ya impacta en el funcionamiento cotidiano de la universidad. Los salarios docentes y no docentes han sufrido una pérdida significativa de poder adquisitivo, lo que no solo afecta las condiciones de vida de quienes sostienen la institución, sino también la calidad del proceso educativo. A esto se suman dificultades crecientes para sostener programas de investigación, proyectos de extensión y sistemas de becas, pilares fundamentales para garantizar una universidad comprometida con su entorno social.

El deterioro también se manifiesta en la infraestructura y en el equipamiento, donde la postergación de inversiones comienza a hacerse evidente. Laboratorios desactualizados, edificios que requieren mantenimiento urgente y limitaciones tecnológicas configuran un panorama que amenaza con profundizar las desigualdades entre quienes pueden acceder a recursos complementarios y quienes dependen exclusivamente de la universidad pública.

Este cuadro no es coyuntural, sino estructural. Responde a una concepción del Estado que tiende a retraer su participación en áreas estratégicas como la educación superior, trasladando progresivamente responsabilidades hacia las propias instituciones o incluso hacia el mercado. En este marco, la UNCuyo deberá enfrentar una tensión creciente entre sostener su misión histórica —formar profesionales, producir conocimiento y promover la movilidad social— y adaptarse a un entorno de escasez y presión financiera.

La próxima conducción universitaria deberá, entonces, administrar la crisis sin resignar principios. Una tarea que exigirá no solo habilidades técnicas, sino también una fuerte capacidad política. Gobernar en este contexto implicará tomar decisiones: priorizar áreas, redefinir programas, negociar permanentemente con distintos actores internos y externos, y sostener la cohesión de una comunidad universitaria que, inevitablemente, seguirá con fuerte disputa de intereses. Y sobre todo salir de la posición de sometimiento frente al gobierno nacional.

Con relación a este, será un eje central la defensa del presupuesto universitario. Lo que requerirá una estrategia firme, pero también inteligente, que combine la capacidad de confrontación con la construcción de consensos más amplios en el sistema universitario y en la sociedad. En este sentido, la articulación con otras universidades, con sindicatos y con sectores sociales será clave para evitar el aislamiento institucional.

A nivel provincial, el desafío no será menor. La necesidad de establecer vínculos con el gobierno de Mendoza y con actores económicos y sociales del territorio se vuelve indispensable para generar alternativas de financiamiento, cooperación y sostenimiento de programas estratégicos. Sin embargo, estas alianzas deberán construirse sin comprometer la autonomía universitaria ni su orientación pública, como vemos en la actualidad.

Todo esto configura un escenario de alta complejidad para la próxima gestión, que deberá transitar una situación tortuosa, con márgenes de acción acotados y con un nivel de conflicto potencial elevado. La legitimidad política de quienes asuman la conducción será, en este sentido, un recurso fundamental. Sin una base sólida de apoyo interno, cualquier intento de implementación de medidas encontrará resistencias difíciles de superar.

En paralelo a este escenario, la universidad se encamina hacia el proceso electoral del 9 de junio, que definirá a las nuevas autoridades. La dinámica electoral se desarrolla en un contexto de fuerte descontento con el oficialismo, un marcado desgaste y fuertes internas, con múltiples candidaturas que reflejan las dificultades para construir consensos.

En el espacio opositor, se viene trabajando desde hace varios meses en la construcción de propuestas programáticas y en la consolidación de equipos, con la intención de ofrecer una opción competitiva y con capacidad de gobierno. Este trabajo previo ha permitido acumular cierto nivel de organización y presencia en las distintas unidades académicas, así como instalar algunos ejes de debate en la agenda universitaria.

En este camino han surgido varios precandidatos con aspiraciones de conducción, en esta multiplicidad de opciones se plantea un dilema estratégico para el conjunto del espacio opositor. Por un lado, la dispersión puede debilitar las posibilidades de disputar con éxito la conducción universitaria, fragmentando el voto y diluyendo las fuerzas. Por otro, la existencia de varias candidaturas también puede ser leída como una oportunidad para ampliar la base de representación, movilizar distintos sectores y enriquecer el debate político dentro de la universidad.

En este sentido, aparece como una necesidad la construcción de un esquema de unidad que permita contener a las distintas expresiones opositoras. Sin embargo, esta unidad no debería entenderse necesariamente como una síntesis previa que elimine la competencia, sino más bien como un horizonte político compartido que se proyecte más allá de la primera vuelta.

Una estrategia posible —y probablemente deseable— es que cada candidato trabaje en la acumulación de fuerza propia de cara a la primera vuelta, buscando consolidar su identidad, ampliar su base de apoyo y disputar votos en los distintos claustros. Este proceso puede contribuir a dinamizar la participación y a fortalecer el conjunto del espacio opositor.

Al mismo tiempo, resulta fundamental que exista un compromiso explícito de confluencia de cara a un eventual balotaje. En ese escenario, la capacidad de articular un frente común, integrando a los distintos sectores y reconociendo el aporte de cada uno en la construcción de la victoria, será decisiva. La distribución de espacios de participación en un eventual gobierno universitario debería reflejar ese esfuerzo colectivo, garantizando una representación equilibrada y una gestión plural.

La universidad que viene requerirá, más que nunca, de liderazgos capaces de construir acuerdos amplios, de sostener la diversidad interna y de enfrentar un contexto adverso sin perder de vista los objetivos estratégicos. El proceso electoral en curso no es ajeno a esta realidad: por el contrario, es el espacio donde comenzarán a definirse las herramientas políticas con las que la UNCuyo intentará atravesar los años que vienen.

En definitiva, lo que está en juego no es solo quién conducirá la universidad, sino cómo se la gobernará en uno de los momentos más complejos de su historia reciente. Entre la urgencia presupuestaria, la tensión política y la necesidad de construir mayorías, la próxima gestión deberá encontrar un delicado equilibrio para sostener, aún en la adversidad, el proyecto de universidad pública que la sociedad mendocina ha sabido construir y defender a lo largo del tiempo.