Hay decisiones que un gobierno puede tomar y otras que no debería poder tomar jamás, porque sus consecuencias no se miden en un mandato sino en siglos. La modificación de la Ley de Glaciares que se vota hoy en el Congreso pertenece a la segunda categoría.

Los glaciares no son paisaje. Son el tanque de agua de millones de argentinos que viven en regiones áridas. Regulan el caudal de los ríos durante todo el año. Sin ellos, el agua fluye de manera torrencial en primavera y desaparece en verano. No hay tecnología que reemplace eso. No hay inversión minera que lo reponga. Un glaciar tarda siglos en formarse y puede destruirse en décadas. Eso lo convierte en un bien que no nos pertenece solo a nosotros: le pertenece también a quienes vendrán.

Los números ya están. En los últimos diez años, la superficie glaciar en los Andes desérticos se redujo un 17%. Los manchones de nieve perenne, un 23%. No es una proyección ni una hipótesis: es el dato del Inventario Nacional de Glaciares elaborado por el IANIGLA-CONICET y presentado ante la ONU en 2024. El retroceso ya está en curso. Y sin embargo, el Poder Ejecutivo decidió que es el momento de reducir la protección legal.

La reforma propone que las zonas protegidas sean solo aquellas que demuestren una "función hídrica específica" relevante, y que sean las provincias quienes decidan qué queda dentro y qué queda fuera. El efecto es invertir la lógica de la protección: en lugar de estar resguardado salvo demostración de que no hay daño, se pasa a estar desprotegido salvo demostración de que sí hay función hídrica. Es un cambio aparentemente técnico con consecuencias políticas enormes, porque destruir un glaciar es irreversible.

Esto no es solo un problema ambiental. Es un problema constitucional. El artículo 41 de la Constitución Nacional, reformada en 1994, consagra el derecho a un ambiente sano y obliga al Congreso a dictar presupuestos mínimos de protección ambiental: pisos que ningún gobierno puede excavar. La Ley de Glaciares es uno de esos pisos. El Acuerdo de Escazú, ratificado por Argentina en 2020 con jerarquía superior a las leyes nacionales, consagra el principio de no regresión ambiental: la legislación no puede retroceder. La propia Corte Suprema tiene jurisprudencia en ese sentido aplicada específicamente a los glaciares. Dicho de otro modo: la reforma no solo es mala política. Probablemente sea inconstitucional.

Pero hay algo más que el derecho formal no alcanza a capturar. Hay que preguntarse en qué contexto se produce esta decisión. El acuerdo firmado con el FMI en 2025 menciona explícitamente el "vasto potencial" de Argentina en minería como eje de las reformas estructurales. Documentos de organismos internacionales proyectan que las exportaciones mineras podrían multiplicarse por diez si se aplican determinadas reformas, y señalan a la Ley de Glaciares como uno de los principales obstáculos. Los Argentinos tenemos que recordar que la propia Auditoría General de la Nación determinó que casi el 30% de los desembolsos del préstamo de 2018 —el más grande de la historia del FMI— se usaron para financiar fuga de capitales, en violación del propio estatuto del organismo. Hoy ese mismo ciclo de deuda se refinancia con nuevas condicionalidades que exigen abrir más rápido esos mismos recursos naturales. Es decir: estamos hipotecando el agua de las generaciones futuras para pagar una deuda que en buena parte financió la salida de dólares al exterior.

Quiero decir algo con claridad, y lo digo desde una mirada que intenta ser transversal: esto no es un debate ideológico. No es kirchnerismo contra libertarios. No es ambientalismo contra desarrollo. Es una pregunta mucho más básica sobre si somos capaces, como sociedad, de proteger lo que no tiene reposición. El agua no tiene reemplazante. Los glaciares no se fabrican. Y una ley que los protege no es un capricho regulatorio: es el resultado de décadas de conocimiento científico y de consenso social construido con enorme esfuerzo, incluso contra la presión de intereses económicos muy concretos.

Los diputados que voten hoy esta reforma no están tomando una decisión técnica. Están eligiendo a quién le deben lealtad: a las empresas que necesitan que la zona protegida se achique para poder operar, o a las comunidades que en veinte años van a necesitar el agua que hoy estamos decidiendo si cuidar o no. Están eligiendo si la Argentina de 2050 va a tener glaciares o va a tener agujeros donde había glaciares y deudas donde había reservas hídricas.

Si el Congreso aprueba esta modificación, la justicia debería intervenir. El principio de no regresión ambiental está en la jurisprudencia de la Corte. Las organizaciones ciudadanas, científicas y jurídicas tienen legitimación para litigarlo. Pero la mejor situación es que no haga falta llegar a eso. La mejor situación es que el Congreso recuerde que hay cosas que una mayoría circunstancial no puede decidir, porque el mandato de representar al pueblo incluye a los que todavía no nacieron.

Cuiden los glaciares. No porque lo diga una ley. Sino porque sin agua, todo lo demás es irrelevante.

Por Tina Morán, diputada provincial