Frente a la reciente "exhortación a la prensa libre" del presidente de la Suprema Corte de Mendoza, Dr. Dalmiro Garay, para que "deje de decir que el Poder Judicial no es independiente", resulta imperioso efectuar ciertas aclaraciones. Las aseguradoras de riesgos, las compañías de seguros, los funcionarios públicos y sus allegados, los integrantes de la llamada "familia judicial" y ciertos empresarios de notoriedad pública son personajes que, en el ideario colectivo, parecen gozar de un halo de impunidad.

Ese conjunto de ideas, lamentablemente, encuentra respaldo en resoluciones judiciales concretas en casos resonantes (Ej. Rubén Giachi, Crio. Marcelo Esquivel, Jaime Correas, Rodolfo Suarez, Lautaro Cornejo, Sergio Marinelli, Diego Gareca, entre tantos otros y podría seguir). En gran parte de los tribunales mendocinos, el principio de igualdad ante la ley parece haberse convertido en una reliquia, frente a una realidad que golpea con especial crueldad a los sectores más vulnerables: los que Galeano llamaba "los nadies".

La aporofobia —el rechazo, el miedo, la desconfianza y el desprecio hacia las personas pobres o desfavorecidas— no se expresa únicamente en el trato cotidiano. También se cristaliza en resoluciones judiciales que operan como andamiaje de exclusión: desoyendo reclamaciones legítimas, ignorando las normas protectoras, o directamente hostigando a quienes menos tienen para defenderse.

Dos casos vinculados a una misma familia —los Vega-Riquelme— exponen las vísceras de un sistema que protege el patrimonio de los poderosos mientras asfixia la subsistencia de sus víctimas.

El calvario civil: Brian y la burocracia de la crueldad

Brian Ariel Riquelme es un adolescente que quedó con discapacidad permanente a raíz de un accidente provocado por la negligencia de una empresa constructora y la desidia del Estado. Su madre, Viviana Vega —viuda y único sostén del hogar— libra una batalla profundamente desigual: no solo contra las empresas contratadas y la Municipalidad de Maipú, sino también contra el propio magistrado a cargo de la causa.

El juez ha dictado resoluciones que la actora califica como un acorralamiento sistemático. En un acto de franca arbitrariedad, suspendió los depósitos de la tutela anticipada —originalmente reconocida— destinados a la atención de la salud de Brian, alegando que la madre era "renuente a rendir cuentas". Esto, a pesar de que Viviana presentó más de dieciocho rendiciones debidamente documentadas, con total transparencia y periodicidad mensual.

Más grave aún es el uso de las formas procesales como trampas. En una audiencia celebrada sin la presencia de la madre, su letrado y del mismo Ministerio Pupilar, el juez adoptó medidas que desarticularon el beneficio acordado al punto tal de privarlo del mismo, afectando el interés superior del menor y la efectiva tutela judicial. Paralelamente, en distintas incidencias planteadas por las demandadas (todas rechazadas) la eximió del pago de costas, violentando el principio chiovendano elemental de que: quien pierde, paga. Brian y su madre Viviana aguardan hoy que la Cámara de Apelaciones interviniente tutele de manera efectiva los derechos del menor, imponga orden al proceso y corrija las consecuencias de la desidia de empresarios negligentes y funcionarios que han desoído su deber.

El silencio penal: Antonio Vega y la evidencia extraviada

Si el fuero civil —para esta familia— es una máquina de obstaculizar los reclamos de los vulnerables, el penal se revela como un desierto de impunidad. Antonio Leonardo Vega, tío de Brian, un humilde trabajador y padre de dos niños —uno de ellos con una cardiopatía severa—, murió hace casi dos años por intoxicación con monóxido de carbono mientras cumplía funciones de sereno en una finca (del Grupo Greco) explotada por la empresa American Garlic Products S.A., ubicada en un paraje inhóspito de Rivadavia en un espacio que oficiaba tanto como vivienda para los trabajadores como lugar de acopio de herramientas, totalmente desprovisto de agua, luz y gas, sin puertas ni ventanas.

A la fecha, la causa P-96648/24 no registra ningún imputado. El primer fiscal interviniente, Dr. Rosas, asestó un golpe casi mortal a la instrucción: permitió que uno de los presuntos responsables sustrajera e hiciera desaparecer el grupo electrógeno del que emanaron los gases tóxicos que provocaron la muerte de Antonio. Y para colmo de todo ello, citó a los principales sospechosos en calidad de testigos, dejando de lado la manifiesta negligencia de los mismos en el cumplimiento de los deberes de higiene y seguridad que la ley les imponía.

A este desastre se suma la actuación del cuerpo médico forense, que demoró meses en presentar el informe de necropsia —aduciendo falta de recursos— y que tan solo se produjo cuando la querellante solicitó la compulsa criminal por desobediencia judicial. La torpeza con la que se investigaron los hechos llevaron al Fiscal Rosas a intentar liberarse de la causa disponiendo el archivo de la misma. Sólo la oposición de la querellante y la oportuna discrepancia de la jueza de garantías lo impidieron ; sin embargo, las secuelas de las fallas garrafales del citado funcionario subsisten en el presente. De hecho, hoy, el fiscal subrogante asignado, Dr. Carlos Giuliani, intenta reconstruir la investigación con los andrajos probatorios que dejó su antecesor, recabando declaraciones de testigos amedrentados y en situación de vulnerabilidad económica.

Dicho todo esto, al parecer el Ministerio Público Fiscal está más preocupado por evitar el "desgaste jurisdiccional" que por establecer responsabilidades frente a empresarios que incumplen las normas básicas de seguridad e higiene industrial que garantizan a todo dependiente un ambiente de trabajo saludable. Está claro que: si Vega no se llamara simplemente Vega, la situación sería bien diferente, las pruebas no se habrían perdido y los culpables ya estarían entre rejas.

Conclusión: el privilegio del código postal

El contraste es obsceno. El "privilegio del código postal" es un concepto sociológico y de salud pública que indica cómo el lugar de residencia determina las oportunidades de vida, salud y nivel socioeconómico de una persona. Si las víctimas de estos casos pertenecieran a las familias que habitan los countries mendocinos, dueñas de medios de comunicación y operadoras del poder real, el grupo electrógeno nunca habría desaparecido y tendríamos un responsable. Es más, los fondos destinados a la salud de un niño con discapacidad jamás habrían sido objeto de una "confiscación judicial" disfrazada de compensación.

En Mendoza, el principio de igualdad ante la ley, el interés superior del niño y la perspectiva de género parecen ser principios que solo se invocan cuando no comprometen a las personalidades del Jet Set Mendocino o a los balances de las empresas o a los presupuestos municipales. Para los Riquelme y los Vega, la justicia no es ciega. Tiene los ojos bien abiertos para detectar la pobreza y las influencias ; para así actuar en consecuencia, con un rigorismo selectivo que no hace más que perpetuar la vulnerabilidad y consolidar la impunidad.