El título de la presente opinión podría parecer, a primera vista, un oxímoron. Salvo que entendamos que no todos los sueños son dorados ni habitados por hadas y duendes: también existes los sueños dramáticos, o, simplemente, las pesadillas.

La frase fue pronunciada recientemente por Alfredo Cornejo en un encuentro partidario del radicalismo en General Alvear, en la previa de la Fiesta Nacional de la Ganadería. Allí sostuvo: “Es la década soñada del radicalismo”.

Y quizá justamente esa frase sintetiza buena parte de la discusión política actual sobre Mendoza.

Porque puede haber sido la “década soñada” del radicalismo en términos de acumulación de poder, continuidad electoral y control político, pero cuesta sostener que haya sido la década soñada de los mendocinos cuando: el empleo privado formal quedó prácticamente estancado, miles de jóvenes deben emigrar para encontrar mejores salarios, las exportaciones perdieron dinamismo relativo, la infraestructura hídrica muestra atraso estructural, y la provincia perdió posiciones frente a Neuquén o San Juan en materia de inversión y crecimiento.

La propia vicegobernadora Hebe Casado, tras la Asamblea Legislativa, terminó reconociendo esa realidad al lamentar que muchos mendocinos deban irse a trabajar a otras provincias. Esa sincera admisión -debe reconocérsele- resulta particularmente significativa porque expone, desde el propio oficialismo, uno de los principales síntomas del estancamiento provincial de la última década.

Y allí aparece una paradoja molesta: quizá sí fue una década soñada para la consolidación política oficialista, pero no necesariamente para construir una Mendoza capaz de ofrecer futuro a sus próximas generaciones.

Porque el problema de fondo no parece ser únicamente económico. Es estratégico.

Mientras otras provincias definieron matrices de desarrollo —energía, minería, exportación, infraestructura— Mendoza pareció muchas veces más enfocada en administrar el presente, preservar gobernabilidad y sostener hegemonía política.

Y eso vuelve inevitable la comparación con la frase de Winston Churchill: “El político piensa en las próximas elecciones; el estadista, en las próximas generaciones”.

La gran pregunta es si en esta “década soñada” se pensó verdaderamente en las próximas generaciones mendocinas. Mendoza atraviesa desde hace más de una década un proceso de deterioro relativo que ya no puede explicarse únicamente por las crisis nacionales. Cuando se comparan sus principales indicadores económicos, laborales e institucionales con provincias que hace quince años aparecían en condiciones similares —o incluso inferiores— como Neuquén o San Juan, el contraste empieza a ser demasiado evidente como para atribuirlo solo a coyunturas macroeconómicas.

La provincia que históricamente se presentaba como una de las economías más dinámicas y modernas del interior argentino muestra hoy ratios preocupantes en empleo formal, exportaciones, inversión productiva, salarios reales, infraestructura y competitividad. Y quizá lo más delicado sea que ese deterioro económico comienza a coincidir con una erosión de la calidad institucional que durante décadas fue precisamente el principal activo diferencial mendocino.

El dato del empleo privado formal es probablemente el más revelador. Mendoza prácticamente no generó empleo privado registrado neto en los últimos diez años. Distintos informes basados en datos del SIPA muestran que la provincia se movió durante una década alrededor de los 240/250 mil empleos privados formales, prácticamente estancada pese al crecimiento poblacional. Mientras tanto, Neuquén incrementó de manera sostenida su empleo registrado gracias al desarrollo energético de Vaca Muerta y San Juan logró períodos de expansión vinculados a minería, construcción y obra pública estratégica.

Eso significa que Mendoza produce hoy una economía incapaz de absorber plenamente a sus nuevas generaciones en empleo privado de calidad. El resultado visible es más informalidad, más monotributismo precario, más dependencia del empleo estatal indirecto y salarios reales crecientemente deteriorados. Al cierre de 2025, se registraron cerca de 40.000 personas desocupadas en Mendoza, con una tasa de desempleo del 6,8%, siendo de las más altas de Cuyo. San Juan tuvo en igual periodo una tasa de desempleo de 2,6%

Para principios de 2026, informes (como el IERAL) indicaron que unas 275.000 personas en Mendoza enfrentaban problemas de empleo, ya sea por desempleo, subocupación o búsqueda de ingresos adicionales. ¿La consecuencia? Miles de mendocinos yéndose a trabajar a otras provincias. Una década triste pare miles de familias mendocinas.

Con un agravante sociológico, los sectores medios, que van cayendo en la pobreza, antes quizá expresaban una bronca más abierta, hoy asoma otra cosa, más contenida: una combinación de cansancio y repliegue, no es conformismo; se parece más a una estrategia de resignada adaptación, con posibles repercusiones en la salud mental de ese colectivo social. Un dato que el gobierno provincial debiera conocer y actuar: estos sectores, desconocen el “GPS” para moverse en la pobreza y llegar a los diversos vericuetos de la ayuda social estatal, que si conocen a la perfección los que están inmersos en la pobreza estructural desde hace varias generaciones.

Mendoza, que durante mucho tiempo tuvo niveles salariales relativamente competitivos dentro del interior argentino, perdió terreno frente a provincias petroleras y mineras. Neuquén, por ejemplo, exhibe salarios privados muy superiores impulsados por hidrocarburos, logística y construcción asociada a Vaca Muerta. Mendoza, en cambio, quedó más dependiente de sectores tradicionales maduros —vino, comercio y servicios— con menor capacidad de expansión salarial.

El problema productivo también aparece en las exportaciones. Mendoza continúa siendo una provincia exportadora relevante, especialmente por la vitivinicultura, pero perdió peso relativo y dinamismo. Las exportaciones mendocinas muestran hace años dificultades para crecer sostenidamente en dólares reales, afectadas además por atraso cambiario, costos logísticos y falta de diversificación. Mientras Neuquén multiplicó exportaciones energéticas y San Juan consolidó minería metalífera orientada al mercado externo, Mendoza quedó demasiado concentrada en complejos tradicionales de menor expansión relativa.

Y esto es particularmente grave porque Mendoza alguna vez fue vista como una provincia pionera en agregado de valor y perfil exportador sofisticado. Hoy, en cambio, muchas inversiones miran hacia sectores con reglas más claras y expectativas de rentabilidad más contundentes.

Ahí aparece un punto central: las inversiones no eligen únicamente recursos naturales. También eligen climas políticos e institucionales.

Durante décadas Mendoza compensó limitaciones estructurales con una reputación institucional superior a la media argentina. Existía la idea de una provincia relativamente previsible, con cierto equilibrio republicano, administración profesional y organismos de control razonablemente autónomos.

Pero esa percepción comenzó a deteriorarse.

La creciente sensación de concentración política alrededor del gobernador Alfredo Cornejo y la sospecha de alineamiento de buena parte de los jueces, fiscales y organismos de control con el Poder Ejecutivo afectan directamente la credibilidad institucional de la provincia.

La discusión sobre el Consejo de la Magistratura y las reformas que incrementaron el peso político en la selección judicial profundizó esa percepción. El debate ya no pasa solamente por la legalidad formal de los mecanismos, sino por algo más profundo: si efectivamente existen contrapesos reales o si el sistema terminó configurando una estructura donde el oficialismo posee capacidad decisiva sobre casi todos los resortes institucionales.

Y eso tiene consecuencias económicas concretas. Un inversor analiza, presión fiscal y costos laborales, pero también evalúa: independencia judicial, estabilidad regulatoria, autonomía de organismos de control, previsibilidad política y seguridad jurídica efectiva.

Cuando se instala la percepción de que el poder político influye decisivamente sobre jueces y organismos de control, la provincia deja de transmitir institucionalidad fuerte y comienza a proyectar concentración de poder, ese cambio reputacional puede ser devastador a mediano plazo.

Porque Mendoza no posee hoy un boom económico que compense debilidades institucionales. Neuquén tiene Vaca Muerta. San Juan tiene minería y energía. Mendoza depende mucho más de la confianza, del capital humano y de reglas previsibles.

Y, sin embargo, en los últimos años comenzó a perder simultáneamente dinamismo económico y prestigio institucional.

Incluso en infraestructura aparecen signos de agotamiento. La crisis hídrica es quizás el ejemplo más simbólico. Una provincia construida alrededor del agua exhibe hoy redes deterioradas, pérdidas importantes y atraso en modernización hídrica. El propio gobierno provincial reconoce problemas severos en infraestructura de agua y saneamiento.

Mientras tanto, Neuquén expandió rutas energéticas, gasoductos y logística para exportación. San Juan avanzó en obras asociadas a minería y energía. Mendoza parece muchas veces atrapada entre debates interminables, restricciones políticas y una creciente incapacidad para ejecutar proyectos transformadores de gran escala.

Hay además un fenómeno político más profundo: la prolongación de estructuras de poder tiende a reemplazar gradualmente la lógica meritocrática por la lógica de alineamiento. Cuando los organismos de control, la Justicia y parte de la burocracia comienzan a depender más de cercanías políticas que de autonomía técnica, el Estado pierde calidad estratégica.

Y eso termina impactando en todo: productividad, inversión, innovación, infraestructura, confianza empresarial y generación de empleo.

Por eso las ratios negativas de Mendoza no son únicamente estadísticas aisladas. Configuran un cuadro estructural de estancamiento relativo.

La provincia todavía conserva fortalezas enormes: capital humano, universidades, turismo, vitivinicultura, ubicación geográfica, tradición pyme y cultura cívica.

Pero ninguna sociedad vive eternamente de prestigios pasados.

Y quizá la pregunta crucial para Mendoza hoy sea esta: si la provincia que alguna vez quiso diferenciarse del caudillismo y de la captura institucional del norte argentino comenzó lentamente a parecerse demasiado a aquello que históricamente criticó.

Porque cuando una provincia deja de generar empleo privado, pierde competitividad exportadora, deteriora infraestructura y además comienza a transmitir dudas sobre la independencia de sus instituciones, el problema ya no es solamente económico.

El problema es estratégico. Y en ese escenario, las inversiones efectivamente comienzan a mirar hacia otro lado.

Por Sergio Bruni