¿Sabías que dentro de poco, gracias a la flexibilización de este gobierno, las armas semiautomáticas, miras infrarrojas y balas que hoy están en las armerías podrían terminar en los fusiles que defienden los búnkeres narcos o convertirse en los proyectiles que maten a un policía o a un vecino de tu barrio?

La discusión sobre la seguridad pública en la Argentina ha cruzado una frontera peligrosísima. La semana pasada, el Senado convirtió en ley un proyecto que coronó una etapa de flexibilización en la política de armas de fuego, un proceso que se viene perpetrando desde que asumió Javier Milei.

Bajo una narrativa que disfraza la desregulación de "libertad" y la rendición del Estado de "eficiencia administrativa", estamos viviendo una reforma silenciosa pero letal. Lo que presenciamos es un cambio profundo que tira por la borda una visión sostenida desde el retorno de la democracia. Se está cambiando el paradigma del desarme y la cultura de la no violencia por la política de “el que quiera estar armado, que lo esté”.

Esta mirada pretende dejar en manos de cada ciudadano la responsabilidad de defender su propia vida y sus bienes. Así, el Estado renuncia a su obligación indelegable de brindar seguridad, un rol que debería garantizar a través de las fuerzas policiales, dotándolas no solo de equipamiento y condiciones dignas, sino también (y por sobre todo) de salarios justos. Desde mi lugar en el Senado, pero especialmente como mendocina que habla con los vecinos de Guaymallén, de Las Heras y de San Rafael, y que comparte la misma angustia que cualquier madre de nuestra provincia, siento la obligación urgente de poner sobre la mesa lo que verdaderamente implica esta política.

Lo que el jueves se ratificó con total liviandad en el recinto del Senado repercute directamente en la esquina de tu casa, en la plaza donde juegan tus hijos y en la escuela del barrio. La aprobación de esta ley institucionaliza lo que el Ejecutivo nacional ya venía facilitando por vía de la reglamentación, como el reciente Decreto 306/2026. Esto no apareció de la nada; es la pieza final de una serie de decisiones tomadas para liberar el mercado de armas, desproteger a la sociedad y pasar por encima de los tratados internacionales que la Argentina se comprometió a cumplir para proteger la vida de sus habitantes. La seguridad de nuestra gente no puede ser una mercancía que se compra en una armería, ni la paz de nuestras familias puede quedar sometida a un experimento de libre mercado donde el que tiene plata se compra un fusil y el que no, queda a la buena de Dios.

Para entender el peligro real de facilitarle el acceso a las armas a cualquiera, no hace falta mirar lo que pasa en otros países ni leer estadísticas lejanas. Los mendocinos tenemos un recuerdo muy reciente que nos heló la sangre y que destruye cualquier intento de tildar esto como una exageración de la oposición. En septiembre de 2025, la comunidad de La Paz se despertó con una noticia espantosa: en una escuela de esa localidad, una nena de apenas 12 años entró al colegio con un arma de fuego real en la mochila. No era de juguete, no era una réplica. Era un arma cargada con la que disparó tres veces al aire en medio del establecimiento para luego atrincherarse. Esa nena, que tendría que haber estado pensando en una prueba, en jugar con sus compañeras o en su fiesta de egresados, terminó siendo el reflejo de una sociedad que está dejando de cuidar a sus chicos.

Ese hecho dramático en La Paz no fue una casualidad aislada. Se suma a una seguidilla de amenazas de tiroteos que viene repitiéndose en escuelas de todo el país, manteniendo a docentes y padres con el corazón en la boca todas las mañanas. ¿A quién le están dando la libertad con estas leyes? ¿A los padres para que vivan tranquilos o a los delincuentes para que consigan armamento más fácilmente? La verdadera libertad no es llevar un revólver en la cintura; la verdadera libertad es que tu hijo vaya a estudiar y vuelva sano a casa.

Este plan para desarmar los controles del Estado empezó hace rato, mediante un goteo constante de medidas que fueron rompiendo cada uno de los filtros de seguridad. En diciembre de 2024, con el Decreto 1081, se cometió la irresponsabilidad de bajar la edad mínima para ser legítimo usuario de 21 a 18 años. A un adolescente que recién está terminando la secundaria, en lugar de garantizarle una beca de estudio o una oportunidad laboral para construir su futuro, este gobierno le facilita los papeles para que compre un arma. Poco después, a través de la Resolución RENAR 37/2025, habilitaron a civiles a adquirir fusiles y subametralladoras semiautomáticas con cargadores intercambiables. Estamos hablando de armamento diseñado exclusivamente para la guerra, puesto a disposición del mercado civil con una facilidad que asusta.

Por si fuera poco, con el Decreto 445/2025 le dieron el golpe de gracia al sistema de fiscalización: disolvieron la ANMaC, un organismo de prestigio internacional encargado de prevenir la violencia armada, y crearon un nuevo RENAR totalmente subordinado al Ministerio de Seguridad. Mataron la autonomía técnica para poner el control de las armas al servicio de la ideología del gobierno. Y ahora llegamos al Decreto 306/2026, donde legalizaron el uso civil de silenciadores y miras nocturnas infrarrojas (dispositivos que siempre estuvieron prohibidos por pertenecer al ámbito militar o del crimen organizado), además de flexibilizar al extremo la portación en la vía pública.

El argumento que siempre usan en la televisión para defender esto es que están cuidando a los "ciudadanos de bien". Pero hablemos las cosas como son en la realidad del territorio. Las armas legales y las del delito no pertenecen a mundos distintos; están totalmente conectadas. Lo que hoy se compra legalmente gracias a la falta de controles es el arma que mañana se usa en un asalto, en un ajuste de cuentas, en el asesinato de un policía o en una tragedia familiar en nuestros barrios.

Existe un mecanismo muy claro que los delincuentes aprovechan cuando el Estado se corre: el uso de testaferros. Al eliminar controles y permitir la compra exprés, las bandas criminales o los narcotraficantes ya no necesitan recurrir al contrabando internacional; mandan a un chico de 18 años sin antecedentes penales a la armería de la vuelta a comprar un fusil semiautomático. El joven pone la firma, el Estado no revisa nada porque ahora se maneja con una simple declaración jurada, y a las veinticuatro horas ese fusil ya está en el mercado negro, cargado y listo para disparar en una esquina. Cada control que este gobierno relaja es una ventaja enorme que le regala al narcotráfico para aumentar su poder de fuego. La trazabilidad de un arma no es un trámite molesto: es lo que evita que una bala termine matando a un inocente.

El gobierno nos repite que nos quedemos tranquilos, que ellos controlan todo a través del nuevo RENAR. Pero eso es una mentira absoluta y peligrosa. El control hoy es un teatro de papeles que no resiste la menor inspección. Los números oficiales que el mismo Poder Ejecutivo reconoce dan escalofríos: en Argentina hay actualmente 800.000 armas en situación totalmente irregular. Además, hay casi 800.000 legítimos usuarios con la credencial vencida, y de ese total, 562.100 personas tienen las armas en sus casas sin ningún tipo de control estatal vigente. En medio de este descontrol, la solución del gobierno fue vaciar las oficinas de fiscalización. Hoy el RENAR tiene apenas ocho inspectores para todo el país. Ocho personas para revisar millones de armas y miles de armerías desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Pensar que con ocho empleados se va a vigilar quién compra fusiles, silenciadores o miras de visión nocturna es tomarnos el pelo a todos los argentinos.

Quedan así muy lejos aquellas políticas promovidas por el expresidente Néstor Kirchner, reconocidas mundialmente, donde Argentina se posicionó como uno de los países con la tasa más baja de posesión de armas de fuego en manos de civiles en la región. Aquello fue gracias a una política de Estado orientada a disminuir la circulación de armamento y promover el desarme de la población; en definitiva, se cuidaba de manera responsable a los ciudadanos. Hoy, en cambio, somos uno de los países con más armas de la región debido a que se ha triplicado la importación de armamento.

Desde el punto de vista legal, el Decreto 306/2026 es un mamarracho técnico que viola directamente la Ley de Procedimientos Administrativos porque carece de justificación real. ¿Para qué quiere un civil un silenciador si no es para ocultar el origen de un disparo y escapar impune? ¿Para qué quieren miras de visión nocturna en "actividades recreativas"? Esos accesorios no son para protegerse: son las herramientas que usa el crimen organizado. Este decreto no se hizo pensando en los vecinos que sufren la inseguridad; se hizo para cumplir con el lobby de las corporaciones armamentísticas.

Tenemos que enfrentar con firmeza la doctrina que instaló la ministra Patricia Bullrich con aquella frase de "el que quiera andar armado, que ande armado", o del mismísimo Milei, quien públicamente se ha manifestado a favor de la libre portación. Esto nos inclina hacia modelos como el de los EE. UU., el único país del mundo con más armas que habitantes, cuya crisis endémica de violencia armada provoca más de 40.000 muertes anuales entre homicidios, suicidios y accidentes.

Quieren hacernos creer que armarse es una decisión individual que no perjudica a nadie, amparándose falsamente en la Constitución. Pero llevar un arma encima no es una acción privada; es un peligro enorme que se proyecta sobre toda la sociedad. Es sumamente improbable que un arma en el hogar se use para la defensa; por el contrario, aumenta considerablemente las posibilidades de accidentes, suicidios, femicidios o desenlaces fatales en conflictos interpersonales.

En este contexto, no podemos dejar de mencionar su incidencia en los femicidios. Las armas de fuego juegan un rol fundamental para que la violencia de género derive en resultados letales. De hecho, uno de cada cuatro femicidios es cometido con armas de fuego, y el 26% de las víctimas señala en sus denuncias que el agresor dispone de una.

No queremos que Mendoza se convierta en el Lejano Oeste, donde los problemas de tránsito, una discusión entre vecinos o un intento de robo se terminen resolviendo a los tiros en la fila del supermercado o en una plaza pública porque cualquiera lleva un "fierro" en la cintura. La seguridad tiene que garantizarla la policía y la justicia; no podemos empujar a los ciudadanos a convertirse en justicieros por mano propia. Cuando la política oficial es el "sálvese quien pueda", lo que se destruye es la posibilidad misma de vivir en paz.

Por Anabel Fernández Sagasti – Senadora nacional por Mendoza