En Mendoza hay una pregunta que atraviesa cada vez más las conversaciones políticas, ambientales y judiciales: ¿cómo llegó el Poder Judicial a ser visto -por una parte importante de la sociedad- como una estructura servil a los intereses políticos y/o económicos de turno? ¿dónde quedó su función de garante de derechos?

La inquietud no surge de un hecho aislado. Se alimenta de una sucesión de episodios que, aun siendo distintos entre sí, parecen revelar una misma lógica de funcionamiento institucional: privilegios procesales para algunos, pasividad frente a conflictos ambientales estratégicos, para otros y una alarmante indiferencia respecto de los sectores socialmente vulnerables.

El problema ya no es solamente jurídico. Es político, cultural y profundamente democrático.

La domesticación institucional

Toda fuerza política con vocación hegemónica busca ordenar las instituciones a su antojo. Pero en la Mendoza contemporánea, bajo la larga gravitación política del cornejismo, numerosos sectores comenzaron a percibir algo más profundo: no sólo una influencia sobre la justicia, sino una verdadera domesticación de sus reflejos institucionales.

Domesticación no significa necesariamente obediencia forzada. Significa algo más perverso y más difícil de demostrar: la instalación progresiva de un “ambiente disciplinado y de disciplinamiento” donde jueces, fiscales y organismos de control “asimilan” cuáles son los límites de lo tolerable, sin necesidad de instrucciones directas o “bajadas de línea”.

En este aprendizaje los y las “postulantes” se consustancian con los alineamientos del establishment (casta dominante) y así, asimilan qué causas conviene acelerar; qué conflictos es preferible “congelar”; qué intereses no deben alterarse y por sobre todo a quién “tocar” y a quién “no tocar”. En un claro: "Al amigo, todo; al enemigo, ni justicia"

Como analizó Michel Foucault (Vigilar y Castigar), las formas más eficaces de poder no suelen operar mediante órdenes explícitas sino a través de mecanismos de disciplinamiento y normalización que llevan a las propias instituciones a internalizar los límites de lo permitido.

Allí la obediencia deja de percibirse como imposición y comienza a funcionar como reflejo automático institucional y de tal forma, el problema pasa a ser la independencia del Poder Judicial y en definitiva, la calidad de justicia impartida al ciudadano mendocino.

El privilegio como síntoma

Los casos D’Agostino, Proyecto San Jorge y Mingorance-Marinelli aparecen, para muchos observadores sociales, como los paradigmas más visibles de tratamiento preferencial por el Poder Judicial.

No importan aquí únicamente los expedientes judiciales. Lo verdaderamente relevante es el mensaje institucional que amplios sectores creen percibir: la sensación de que existen personajes con capacidad para obtener márgenes de impunidad, tiempos judiciales privilegiados, contratos espurios y tratamientos procesales excepcionales que resultarían impensables para cualquier mortal.

Cuando eso ocurre, la desigualdad deja de ser económica para transformarse en desigualdad ante la ley.

Y allí se erosiona el núcleo mismo de legitimidad del sistema judicial. Porque la ciudadanía puede tolerar fallos adversos; lo que difícilmente tolere es la sospecha permanente de que las reglas cambian según el peso político, económico o relacional –repito- del “personaje”.

Otro tanto ocurre con la cuestión minera que terminó profundizando todavía más esa fractura de confianza. El poder judicial no sólo ha dado vía libre a la “minería contaminante” sino también a la “criminalización de la protesta socio-ambiental”, legitimando la represión estatal y la detención ilegal de los defensores ambientales.

Las denuncias sobre degradación de áreas periglaciares, sumadas a la inutilidad del gobierno en controles ambientales y la nula transparencia institucional, encontraron recurrentemente respuestas estatales torpes, engañosas y ambiguas.

La crisis en la zona de Los Corralitos (Guaymallén), expone quizás la dimensión más brutal de esta crisis institucional del poder judicial. El colapso del colector cloacal y el derrame de efluentes sin tratar, ha confirmado la presencia de contaminación fecal en aguas de consumo y riego. Esto ha motivado a los vecinos a presentar denuncias penales formales ante el Ministerio Público Fiscal de Mendoza, las cuales duermen “el sueño de los justos”.

Pero quizás el dato más significativo haya sido otro: la incapacidad de la justicia mendocina para asumir un rol “precautorio” frente a los intereses económicos asociados al gobierno que le exigen tanto la constitución como los tratados y acuerdos internacionales de rango constitucional.

En una provincia donde el agua constituye mucho más que un recurso económico —es identidad, supervivencia y límite civilizatorio—, la percepción social de la entrega estatal de recursos estratégicos “al capital” con el consecuente deterioro ambiental y social, genera una tensión en la población mendocina alarmante que el gobernador subestima enancado en su control de la Fuerza Pública y del Poder Judicial.

Allí aparece una pregunta incómoda: ¿por qué el principio precautorio parece activarse con severidad frente a ciertos actores sociales, pero se vuelve extraordinariamente dócil –y hasta casi, servil- cuando entran en escena intereses económicos o decisiones políticas visiblemente incorrectas?

La respuesta no necesariamente sea la corrupción. A veces opera algo más profundo: una afinidad cultural entre sectores del poder político, económico y judicial que comparten una misma “visión” (anarco capitalista) del orden, el desarrollo y la gobernabilidad que, paradójicamente no van de la mano con la Constitución ni los tratados internacionales.

Y allí la ausencia judicial deja de ser un problema republicano para convertirse en un problema de derechos humanos.

La justicia del orden

El cornejismo construyó buena parte de su legitimidad política sobre una narrativa de eficiencia, control y orden institucional. Esa lógica permeó también amplios sectores judiciales y administrativos.

El problema aparece cuando esa idealización del orden comienza estrellarse con la realidad social y prevalece sobre la protección efectiva de derechos.

Entonces la protesta social pasa a verse como amenaza; el ambientalismo como obstáculo económico; la “litigiosidad ciudadana” como molestia administrativa y la vulnerabilidad social como un dato estadístico antes que como una urgencia humana.

En ese esquema, el Poder Judicial ha dejado de funcionar como contrapeso del poder y actúa como “dique de contención” del reclamo social, funcional a la fuerza política o “casta” dominante.

El riesgo democrático

Todo gobierno aspira a ejercer supremacía sobre todos los poderes del estado pero, el problema mendocino parece adquirir una dimensión particularmente delicada porque afecta precisamente al poder que debería actuar como último resguardo frente a los excesos del sistema.

Cuando la ciudadanía percibe que: los poderosos litigan distinto; los conflictos ambientales son desvalorizados; los organismos de control no controlan y la justicia más que juzgar, negocia representando al más poderoso. El desgaste ya no es solamente jurídico… es democrático.

Porque el mayor peligro para una república no reside únicamente en la corrupción, sino en algo mucho más silencioso y profundo: la progresiva normalización social de la “inutilidad de las instituciones” que dejan de cumplir las funciones que la Constitución les asigna.

Y cuando ello acontece, surge una forma especialmente peligrosa de degradación democrática: cuando funcionarios, organismos e incluso sectores de la ciudadanía comienzan a actuar como si “nada pudieran hacer” para resistir al poder, renunciando al legítimo ejercicio del derecho a la rebelión.

Finalmente quizás aquí, resida la pregunta más incómoda para el mendocino:

¿Se ha roto el contrato social por el cual delegamos el poder de la fuerza del estado a un gobierno sin licencia social y tan sólo sustentado por un poder judicial domesticado que no imparte justicia ni confronta a la clase opresora?