Fallo
La historia de cómo YPF se compró con su propia plata y generó un juicio millonario
La génesis de este "caso ruinoso para el país" se remonta a 2008, cuando YPF estaba en manos de la petrolera española Repsol.
Ahora que la justicia estadounidense ha ordenado a Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF a los beneficiarios del fallo por la expropiación de la compañía por parte de la entonces presidenta Cristina Kirchner, se reaviva la discusión sobre cómo se llegó a esta compleja situación. La condena ya impuso a Argentina el pago de US$16.100 millones.
Los antecedentes de un caso con consecuencias millonarias
La génesis de este "caso ruinoso para el país" se remonta a 2008, cuando YPF estaba en manos de la petrolera española Repsol. En ese momento, Petersen Energía, una sociedad española, obtuvo un préstamo de US$1.018 millones de un consorcio bancario que incluía a Credit Suisse, Goldman Sachs, BNP Paribas y Banco Itaú Europa. Repsol también le otorgó otro préstamo de US$1.015 millones para que Petersen adquiriera el 14,9% de YPF. La particularidad de estos acuerdos era que los préstamos se pagarían con las propias utilidades de la petrolera.
En 2011, la familia Eskenazi, dueña de Petersen, tomó otros US$670 millones de un consorcio bancario (Banco Itaú, Standard Bank, Credit Suisse y Citi) y una suma idéntica de Repsol para adquirir un 10% adicional de la petrolera. Al igual que en el primer tramo, estos créditos también se saldarían con las utilidades de YPF. Sin embargo, con la estatización de la empresa por parte de Cristina Kirchner, los bancos declararon el "default" sobre los préstamos. A pesar de que los Eskenazi ya habían pagado casi la totalidad del primer crédito y parte del segundo, el formato de los contratos significaba que los bancos se quedarían con la totalidad de su tenencia accionaria.
En este contexto, Petersen Energía se declaró en quiebra en España. Fue entonces cuando apareció el fondo Burford, que adquirió los derechos para litigar por 15 millones de euros. El liquidador español de la quiebra aceptó la oferta, reservándose el 30% de la compensación que reciba Burford.
En círculos políticos y empresariales, persiste la versión, nunca confirmada, de que la familia Eskenazi podría recibir una porción de esa compensación, aunque voceros de la compañía lo niegan "en forma tajante".
La postura del Grupo Petersen
Según un comunicado enviado a Noticias Argentinas, el Grupo Petersen sostiene que su ingreso como accionista de YPF fue una "operación entre socios privados que respondió a parámetros de mercado y para cuya ejecución contó con el apoyo financiero de bancos internacionales de primer nivel".
Detallan que la operación fue acordada con Repsol y consistió en la adquisición del 25% del capital social de YPF en dos tramos (14,9% inicial y 10,1% posterior). Enfatizan que la totalidad de la operación "cumplió con todos los requisitos de transparencia y regulación exigidos por los organismos de control de la Argentina (CNV), España (CNMV) y Estados Unidos (SEC); se trata de información pública que sigue estando disponible para su consulta".
Respecto a la ingeniería financiera, el Grupo Petersen explicó a Noticias Argentinas que el primer tramo se financió con un préstamo de US1.018 millones de un grupo de bancos y un "vendor' sloan" de US1.015 millones de Repsol.
Para el segundo tramo, en 2011, se tomó un crédito de US$670 millones de un consorcio de bancos y una suma igual de Repsol. El Grupo Petersen desmiente "absolutamente" y califica de "disparatadas, falaces y carentes de todo fundamento" las informaciones que vinculan el uso de "fondos de Santa Cruz" con su ingreso en YPF.
El litigio judicial y la posición de Petersen
El Grupo Petersen aclaró que su ingreso en YPF se realizó a través de dos sociedades creadas y radicadas en España (Petersen Energía y Petersen Energía Inversora), una condición establecida por los prestamistas. Tras la toma de control de YPF por parte del Estado Nacional, estas sociedades se desprendieron de todas las acciones que mantenían de YPF como garantía de los préstamos, por lo que desde ese momento no poseen ninguna tenencia accionaria en YPF SA.
Las dos sociedades Petersen fueron concursadas y se inició un proceso de liquidación en la justicia comercial española. El administrador concursal argumentó que, al expropiar Repsol el 51% de YPF, el Estado argentino debería haber lanzado una Oferta Pública (OPA) por el 100% de la compañía, según los estatutos de la empresa. Al no hacerlo, las sociedades Petersen deberían haber recibido una oferta por su 25%, lo que no ocurrió, y por lo tanto tienen derecho a litigar contra el Estado argentino por el perjuicio económico.
Sin embargo, el Grupo Petersen insiste en que renunció expresamente a ese derecho a litigar contra el Estado argentino. "No inició el juicio, ni le vendió los derechos a Burford. Es totalmente ajeno a la demanda", afirmaron en un comunicado a Noticias Argentinas. Fue la justicia española, al administrar la quiebra, la que remató o subastó esos derechos a litigar, los cuales fueron adquiridos por Burford (el mismo fondo que ganó el juicio contra Argentina por la expropiación de Aerolíneas).
Así, Burford compró los derechos a litigar a la justicia española y presentó la demanda en 2015 en los tribunales de Nueva York, que aceptaron el reclamo porque las acciones de YPF cotizan en Wall Street. El Grupo Petersen reitera que, desde que se conoció la demanda de Burford el 9 de abril de 2015, emitieron un comunicado de prensa aclarando su total "margen y sin injerencia alguna en cualquier proceso judicial vinculado con YPF".
