Otras irregularidades
Sorpresa: Marcelo Romano sumó otro pedido de Jury contra Sergio Marinelli
El exsenador Marcelo Romano presentó el pedido por "mal desempeño de sus funciones y por presuntas faltas o delitos". En total enumeró 8 hechos cometidos por el funcionario.
Este lunes el peronismo presentó un pedido de Jury de Enjuiciamiento contra el superintendente de Irrigación, Sergio Marinelli, por la autorización de la perforación de 9 pozos de agua subterránea en un área restringida. Pero a eso, se sumará otro pedido de Jury impulsado por el abogado y exsenador provincial, Marcelo Romano. En el mismo enumera otros 8 hechos por los que entiende que Marinelli incurrió en mal desempeño de sus funciones.
En primer término, Marcelo Romano afirma que Marinelli le permitió a la Cervecería Quilmes arrojar efluentes industriales al canal Cacique Guaymallén en el departamento de Godoy Cruz "por arriba de los parámetros que el ordenamiento legal vigente le autorizaba". "El Superintendente como parte del Honorable Tribunal Administrativo impulsó y rubricó las resoluciones Nº 51 y Nº52, las que palmariamente son una regresión ambiental", denunció Romano. "Con ellas, se establecen criterios laxos, permisivos, que relajan gravemente la protección de nuestros cauces y acuíferos, incorpora la figura del Agente Contaminante (pago por contaminar) dando legalidad y autorización para contaminar a los que se inscriban en el registro específico del DGI", remarcó en el pedido de Jury que presentó este lunes ante el tribunal de enjuiciamiento.
Por otro lado, Romano pide que se sancione a Marinelli por el entubamiento del arroyo Morteritos en el año 2020 "sin observar ninguna obligación legal sobre impacto ambiental". "La ONG Oikos judicializó el caso y expuso que la obra había puesto en riesgo la fauna y la flora autóctonas y quedó en claro que existieron omisiones en el cuidado del Parque Provincial Cordón del Plata", adhiere.
El pedido de enjuiciamiento suma el "Caso Keghart" en referenca a la fábrica de lavandina abandonada de la ex firma Keghart SA, ubicada en Chacras de Coria. "Ya que la planta abandonada se encuentra pegada (literalmente) al Canal Cacique Guaymallén, de hecho todavía existe la hijuela de conexión de vuelco. Independientemente de las miles de fojas en procedimiento administrativo que han dado intervención al actual superintendente Marinelli, la Justicia también ha hecho parte del proceso de instrucción de la causa a Irrigación y nada se ha hecho desde el órgano rector del agua en bloquear los escurrimientos “accidentales” de toda la contaminación gravísima que existe en esta planta abandonada, dejando claramente demostrada la causal de mal desempeño de sus funciones", afirma Romano.
El cuarto hecho está relacionado a la destilería de YPF en Luján de Cuyo. Romano responsabiliza a Sergio Marinelli de no iniciar las acciones correspondiente ante casos de contaminación en la destilería. "Es de público conocimiento que desde los años 90 la Destilería de Lujan de Cuyo, empezó a ser noticia por la contaminación que venía dejando en el ambiente de la zona, pero sobre todo en el agua subterránea", asevera Romano y esgrime que a pesar de las evidencias del desastre ambiental Irrigación solo le puso una multa de 603 mil pesos a la empresa en lugar de iniciar una demanda penal.
En quinto lugar, vinculado al mismo tema, Romano menciona lo ocurrido en Lunlunta donde en septiembre del año pasado la Inspectora de Cauce del Canal Matríz Lunlunta en Maipú denunció la existencia de pasivos petroleros de YPF en la zona de su jurisdicción como inspectora. "El Departamento General de Irrigación (DGI), o sea el superintendente Marinelli, a través de la Resolución Nº 1600/24 le aplicó una multa de un millón de pesos ($1.000.000) a YPF por “contaminación hídrica” y “riesgo de contaminación subterránea”, en campos productivos de Lunlunta Maipú. Pero nada hizo el superintendente en materia penal otra vez violando el art. 177 del Código Penal, tomó conocimiento de un delito penado tipificado y penado por Ley 24.051 art 55 y 57 y el artículo 200 del Código Penal y no hizo ninguna denuncia penal", subrayó el exlegislador.
A eso suma, en sexto lugar, el escándalo reciente del vuelco de efluentes cloacales al canal Pescara. "Otra vez los mismo que en graves casos de contaminación anteriormente denunciados, Irrigación termina multando a AySAM y el superintendente Marinelli no denunció penalmente el grave suceso de contaminación ambiental".
"Otro suceso más que demuestra el mal desempeño de sus funciones, obviamente sin perjuicio de la responsabilidad por daños o por incumplimiento de loa deberes de los funcionarios públicos. Con un agravante, después de haber tenido conocimiento del desastre ambiental que ocasionó con el dictado del Resolución Nº319/25, ahora ha procedido una nueva autorización para que AySAM continúe volcando cloacas crudas al Canal Pescara y se siga bañando a los vecinos de Colonia Segovia de materia fecal cruda y las fincas que tienen corta anual de agua por la limpieza de cupos, usen estos vuelcos crudos para irrigar su producción y contaminar a la población", aseveró.
Otro caso que consta en el pedido de jury es el del proceso licitatorio del acueducto Monte Comán-La Horqueta que iba a ser financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Hubo 12 empresas que se presentaron para realizar la obra y se terminó adjudicando a la sexta en orden de mérito, por lo que el resto de las empresas pidieron que se revisara esa decisión. "La investigación de la Oficina auditora fue lapidaria para Irrigación, para Mendoza y para los ganaderos del sur, ya que su dictamen fue lo que fundó la determinante decisión del Banco Interamericano de Desarrollo, de parar el financiamiento para una obra que apuntaba al desarrollo de una zona productiva de San Rafael, o sea dejar al Departamento General de Irrigación sin financiamiento del organismo, la sanción también afectaba a Mendoza, metida en un escándalo y además sin la posibilidad de contar con esta inversión millonaria para obras de infraestructura en medio de una crisis general", recordó Romano.
Por último, pidió el Jury contra Marinelli por la intervención irregular de inspecciones de cauce. Romano destaca que las inspecciones de cauce son decisivas para el gobierno del agua. "Dentro de la Inspección de Cauce la Asamblea de Regantes es el órgano soberano por antonomasia, por lo tanto cumpliendo con los requisitos formales, lo que se resuelve en ese seno es ley", expresó y acusó al gobierno provincial de atacar las inspecciones de cauce que les traen problemas.
"La primera prueba de esta acción maliciosa, es el caso de la Inspección Canal Matriz Lunlunta, y el hostigamiento y persecución a la que están sometiendo a la Inspectora María Emilia Scatolón, primero por ser una de las Inspectoras del Río Mendoza en no apoyar y oponerse a la sanción del Código de Aguas impulsado por Marinelli y además por denunciar al gigante YPF", esgrime. "Otra prueba de persecución desde el organismo rector del agua hacia las inspecciones de cauce, lo constituye el caso de la Inspección de Cauce Arroyo El Salto, contra su Inspector de Cauce Lucas Molesini, que además preside la Asociación de Inspecciones de Alta Montaña", agrega.
En base a esos ocho puntos, Romano se presentó ante el Tribunal de Enjuiciamiento para pedir el jury contra Sergio Marinelli. Paralelamente, el kirchnerismo presentó otro pedido contra el mismo funcionario por el otorgamiento de permisos de perforación en una zona restringida.
