Miguel Mathus: “Marinelli cometió un error, resulta inaceptable esa autorización”

Comienzan a aparecer las repercusiones luego de conocerse que el Superintendente del Departamento General de Irrigación, Sergio Marinelli, autorizó 9 pozos para cuatro emprendimientos a través de la Resolución 125. Ese acuífero está restringido para hacer nuevas perforaciones durante dos años en función de la Resolución 1108 de agosto del 2024 firmada por el mismo Marinelli y se refiere a la Subcuenca El Carrizal margen derecha del río Mendoza como publicó El Medio el domingo pasado.

La Resolución 125 de Irrigación benefició a la firma Cresud SAFIC y A, propiedad del empresario mileista Eduardo Elsztain con 5 pozos, a Chimpay La Rioja S.A de Young Woo con 2 pozos y a García Mateo Pedro y Grappolo S.A. de Walter Bressia con un pozo para cada uno. Los terrenos irrigados por estos pozos abarcan una superficie de casi 600 hectáreas, con lo que su valor puede haber pasado, según entienden los agentes inmobiliarios, a una cifra que oscila entre los 12 y 24 millones de dólares.

Miguel Mathus Escorihuela, doctor especialista en Derecho de Aguas, profesor Emérito de la Cátedra de Derecho de Aguas y Ambiente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Mendoza y director del Instituto de Agua y Ambiente Profesor Joaquín López de esa Universidad, indicó que “ha sido un error grave el que ha cometido el Superintendente Marinelli al autorizar los pozos, lo hace justo en un momento en que la Provincia se encuentra abocada a la elaboración del Plan Hídrico Provincial y del Código de Aguas. Y precisamente, en el proyecto del Código, nos hemos preocupado por el caso de las aguas subterráneas para poder terminar con este sistema que ha resultado tan perjudicial para Mendoza”.

El especialista recordó los problemas que han habido con el otorgamiento de pozos para sacar agua subterránea, que se generaron en la administración de Irrigación a cargo de Eduardo Frigerio junto al temido Jorge Villalón, mano derecha del fallecido operador peronista Juan Carlos Mazzón. Es que en esa época se autorizó la perforación para 21 pozos de manera irregular, luego asumió en Irrigación José Luis Alvares y revocó los permisos y los beneficiados fueron a la Suprema Corte, la que todavía no se expide sobre el asunto.

Mathus Escorihuela explicó que ha elevado la propuesta para que en el Código de Aguas se permita que el Superintendente de Irrigación, “pueda aceptar una solicitud y dejar que los interesados en tener un pozo realicen todos los trámites que establezca el Código y que exija el departamento técnico de Irrigación; pero esa solicitud no lo autoriza a permitir perforaciones. El trámite por el pozo deberá pasar por el Poder Legislativo y la concesión sería otorgada por ley. No existe ningún impedimento para que la concesión de las aguas superficiales se otorgue por ley, entonces las concesiones de aguas subterráneas también pueden ser autorizadas por ley. Esto genera una diferencia fundamental con el sistema vigente en la actualidad que ha generado miles de problemas”.

“Es por esto que entiendo que están mal autorizados esos pozos, porque Marinelli sabe que se está impulsando esta reforma, precisamente para evitar este tipo de cuestiones. La reflexión que hago es que resulta inaceptable que se haya dictado esta autorización”, señaló el especialista.

Destacó también que hay que tener en cuenta la situación que vive el mundo por el cambio climático. “En función del principio precautorio que existe en materia de recursos naturales, en todo el mundo, exige ser restrictivo en el otorgamiento del uso del agua”.

En base a esto, Mathus Escorihuela desarrolla su idea señalando que “precisamente porque sabemos, como lo indican todos los estudios, que va a haber falta de agua en los próximos años, situación que el Gobierno conoce y lo dice el estudio de Mekorot, el que le pide también al Gobierno que se tomen todas las precauciones del caso para regularizar todos los emprendimientos con la mayor eficiencia posible. Entonces, cuando menos aparece como un error del Superintendente el haber autorizado en medio de esta situación y de estas circunstancias estos pozos para esos emprendimientos”.

Entiende además que Marinelli se equivoca en la interpretación de la Resolución de la Suprema Corte de la Provincia, “porque él señala que la Corte lo obligó a redistribuir el agua y en realidad lo le indicó el máximo tribunal, es que Marinelli tendría que haber contestado por escrito el requerimiento de agua, no darla”.

También disparó contra la Suprema Corte debido a que todavía no resuelve el juicio por los pozos entregados por Frigerio/Villalón, “tiene los tiempos vencidos. Por ley se debería exigir plazos para la Suprema Corte. No puede ser que resuelva los casos cuando se le dé la gana, o cuando le venga bien o cuando quiera, porque aquí hay gente que está esperando que se haga justicia con su reclamo conforme a la ley”.