El senador provincial Félix González se presentó hoy ante la justicia con el objetivo de formular la denuncia para Jury de Enjuciamiento contra el superintendente del Departamento General Irrigación, Sergio Marinelli, tras las irregularidades surgidas en el organismo provincial.
Específicamente, la causal de la demanda expuesta por González radica en el “mal desempeño de funciones” en el que incurrió Marinelli a raíz de la autorización para nueve pozos de agua en un acuífero que la misma agencia estatal había restringido tiempo atrás.
Las irregularidades se conocieron luego de que, a través de la resolución 125, Irrigación concedió sin ningún tipo de aval técnico cinco permisos para que distintas firmas desarrollen pozos. Específicamente, los beneficiarios fueron: la empresa Cresud SAFIC A, propiedad del grupo IRSA, cuyo dueño es Eduardo Elsztain; dos perforaciones para la firma Chimpay La Rioja SA; y habilitaciones para el empresario Pedro García Mateo y la empresa Grappolo SA, de Walter Bressia.
Sin embargo, la zona sobre la cual se otorgaron los permisos pertenece a la subcuenca El Carrizal, ubicada en la margen derecha del Río Mendoza. En ese mismo territorio de Agrelo, Irrigación decidió restringir nuevas perforaciones por dos años, según consta en la Resolución 1108 de mediados de 2024.
Según consta en el texto presentado por el senador kirchnerista el “5 de agosto de 2024, el Superintendente de Irrigación, Sr. Sergio Marinelli, emitió la Resolución Nº 1108, mediante la cual se estableció una restricción de dos (2) años para nuevas perforaciones de pozos de agua en la Subcuenca El Carrizal, margen derecha del río Mendoza, específicamente en la zona de Agrelo. Esta resolución reconocía la necesidad de preservar el recurso hídrico en dicha área”.
En ese sentido, la denuncia realizada por González afirma que, tras la restricción impuesta, “el mismo funcionario, a través de la Resolución Nº 125, autorizó la perforación y uso de al menos nueve (9) pozos de agua en la mencionada zona de Agrelo, contraviniendo la normativa propia y los principios de gestión sostenible del recurso hídrico”.
