En Argentina, el 54% de las 2.700 obras públicas nacionales inconclusas del gobierno anterior han sido paralizadas por la administración de Javier Milei. Esta situación no es solo un dato estadístico, sino que tiene un impacto directo y negativo en la vida cotidiana de miles de ciudadanos, afectando la economía, la salud y la seguridad.
Según un relevamiento de Chequeado y la Red Federal de Periodismo e Innovación (RFPI) de junio de 2025, el gobierno de Alberto Fernández (Frente de Todos) dejó cerca de 2.700 obras públicas nacionales sin finalizar. De este total, más de 1.400 proyectos (el 54%) no han mostrado ningún avance físico bajo la gestión de La Libertad Avanza. Solo 330 de las 2.692 obras "heredadas" han sido terminadas por el gobierno de Milei, mientras que apenas 78 proyectos avanzan según lo planificado.
La paralización de estas obras tiene un impacto directo y tangible en la vida de los argentinos:
Infraestructura Vial y Seguridad: Miles de conductores en el conurbano bonaerense carecen de una obra clave para el tránsito. En el sur, parte de la icónica Ruta 40 es insegura para los automovilistas. La integración comercial del norte argentino se ve afectada por la paralización de la Ruta 34.
Salud y Servicios Públicos: Un hospital inconcluso en La Matanza no puede atender a miles de niños y niñas. Decenas de barrios en Santa Fe enfrentan problemas de agua potable en el verano. También, más de 100 mil metros cúbicos diarios de aguas residuales sin tratar podrían no dejar de contaminar el río Paraná.
Economía Regional: El fin del turismo social ha impactado negativamente la economía de una localidad cordobesa. La paralización de obras frena el crecimiento y desarrollo del país, aumentando los costos de transporte y de vida.
El gobierno de Milei justifica la paralización de obras públicas argumentando que son una fuente de corrupción. Sin embargo, expertos como Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), señalan que la no ejecución de obras "conspira drásticamente" contra el patrimonio argentino y son "imprescindibles para el desarrollo económico y social".

Por su parte, Juan Pablo Peñaloza, de la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional, afirmó que paralizar la obra pública es "frenar el crecimiento y desarrollo del país". Además, ambos especialistas coinciden en que la corrupción no es una razón válida para detener las obras, sino un problema estructural que debe ser combatido con el cumplimiento de procedimientos y el funcionamiento de una justicia independiente.
La mayoría de las obras inconclusas se encuentran en la provincia de Buenos Aires (841), seguida por Córdoba (203), Santa Fe (153) y Entre Ríos (150). Por el contrario, las provincias con menos proyectos paralizados son San Luis (18), Tierra del Fuego (28) y Formosa (32).
Actualmente, las provincias buscan negociar con el gobierno nacional para asumir los proyectos más urgentes y mitigar los graves efectos de esta parálisis en la vida de sus habitantes.