Productores y contratistas de viña se reunirán este viernes a las 11 para avanzar en las negociaciones paritarias de la próxima cosecha. En la previa, las posiciones están muy alejadas la una de la otra. Mientras los trabajadores piden una actualización del 87% en uno de los ítems de su salario, los productores se mantienen firmes en su intención de poner como "techo" el porcentaje que surge del avance del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Mientras tanto, los contratistas de viña y frutales de Mendoza mantienen el estado de movilización en reclamo de una actualización urgente de sus haberes. El sector, considerado clave para el mantenimiento de las fincas y la producción vitivinícola, advierte que los ingresos actuales no alcanzan para cubrir los gastos básicos y que, sin una recomposición, podrían no presentarse a trabajar durante la próxima vendimia.

Los trabajadores aseguran que el salario promedio se ubica hoy en torno a los $273.000 mensuales, cifra que incluye el ingreso básico y el porcentaje que perciben sobre el valor de la uva vendida. Sin embargo, explican que, debido a la crisis del sector, el precio de la materia prima se mantiene igual o incluso por debajo del año pasado, lo que limita sus posibilidades de incrementar los ingresos. Con estas condiciones, afirman que apenas superan los $500.000 mensuales y que la situación económica se ha vuelto “crítica”.

El principal reclamo del gremio es llevar el pago por hectárea de los actuales $32.000 a $60.000, lo que representaría una suba cercana al 87%. Aseguran que la última propuesta empresaria fue insuficiente: la oferta contempló $57.000 por hectárea, aunque en ese monto se incluyó un bono de fin de año. Según los contratistas, el aumento real se traduciría en apenas $600 adicionales por hectárea, es decir, unos $6.000 más al mes para quienes trabajan 10 hectáreas.

Reclamo y movilización

En las últimas semanas, el Sindicato Único de Contratistas de Viñas y Frutales realizó manifestaciones en la ruta nacional 7 y en el centro de Mendoza. Las movilizaciones se desarrollaron sin cortes ni bloqueos, pero con el objetivo de visibilizar el reclamo. El secretario general del gremio, Edgardo Lera, señaló que la situación del sector es delicada y que el retraso salarial no se condice con el aumento del costo de vida.

La tensión se profundizó luego de que la Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines (Foeva) cerrara acuerdos salariales para obreros de viña y bodega hasta febrero de 2026. Con ese marco definido, los contratistas quedaron sin una actualización propia y reclamaron al Ejecutivo provincial reabrir la discusión paritaria. El pedido fue aceptado y formalizado mediante la Resolución 8932 de la Subsecretaría de Trabajo y Empleo, publicada en el Boletín Oficial el 27 de octubre.

La resolución establece la convocatoria a una nueva ronda de negociaciones y sostiene que la reapertura responde a “importantes razones de orden social y económico”. También fija modalidad y plazos: la comisión deberá reunirse de manera virtual a través de Google Meet, y contará con hasta 15 días para deliberar, prorrogables por un período similar en caso de no alcanzar un acuerdo.

Mientras continúa el proceso, los contratistas insisten en que el atraso salarial pone en riesgo su continuidad en la actividad. Advierten que, si no hay una oferta que contemple sus necesidades, podrían adoptar medidas más drásticas de cara a la temporada de cosecha, un período crítico para la industria vitivinícola.

La otra cara de la moneda

Desde el sector empresario advierten que la discusión salarial atraviesa un escenario mucho más complejo del que muestran las cifras nominales. Mauro Sosa, gerente del Centro de Viñateros y Bodegueros del Este, explicó que la reapertura de la paritaria no obedece a una decisión del Gobierno, sino al procedimiento habitual que se activa cada vez que vence un acuerdo previo. “Es la dinámica de los últimos treinta años: finaliza una paritaria y comienza la actualización”, señaló.

Según Sosa, la negociación debe contemplar no solo la mensualidad —que hoy asciende a $32.500 por hectárea en producción—, sino también el porcentaje que perciben los contratistas sobre la cosecha, que representa la mayor parte de su remuneración. Sin embargo, admite que este mecanismo también enfrenta dificultades por los precios bajos, pagos diferidos y una producción golpeada, factores que afectan directamente a los productores.

El empresariado sostiene que el pedido sindical carece de un argumento económico que permita acercar posiciones. Afirman que intentan mantener el mismo criterio aplicado en otras negociaciones colectivas del sector: actualizar según la inflación oficial. “Tenemos un techo claro y no vemos una justificación para llegar a los valores que plantea el sindicato”, indicó.

Sosa también aseguró que la diferencia entre las propuestas es tan amplia que, por el momento, no visualizan un punto de encuentro. Mientras el gremio solicita incrementos que, sumando los adicionales, implican una suba cercana al 80%, las entidades empresarias plantean una actualización mensual del orden del 2% al 2,4% mensual, en línea con la inflación proyectada. “Si una parte está en el techo y la otra todavía no baja, es muy difícil acercar posiciones”, agregó.

El directivo remarcó además que el sector productivo enfrenta su propio cuadro de situación: ingresos inestables, cosechas aún impagas o cobradas por debajo de lo esperado y una campaña futura con pronósticos inciertos. En ese contexto, aseguró que la negociación continúa abierta y que ambas partes volverán a reunirse con el objetivo de revisar sus planteos y explorar algún punto intermedio.

Por lo pronto, Edgardo Lera, secretario general del Sindicato de Contratistas de Viñas y Frutales de Mendoza, adelantó a El Medio que el sector sindical "bajará un poco sus pretensiones", pero no se va a bajar de la lucha por tener ingresos "más cerca de la realidad". 

"La idea es llegar a un acuerdo. Estamos casi sobre las fiestas y necesitamos un aumento. Vamos a esperar a mañana a ver que pasa", indicó.