Un extenso borrador del proyecto de Ley de Modernización Laboral (reforma laboral) que impulsa el Gobierno se filtró en las últimas horas, revelando un cuerpo normativo de 182 artículos destinado a transformar radicalmente el Régimen de Contrato de Trabajo (LCT) y el sistema fiscal argentino.

La iniciativa, que será tratada próximamente en el Congreso, asegura que su objetivo es "fomentar el empleo formal, reducir la litigiosidad y adaptar las relaciones laborales a los nuevos modelos productivos".

Ejes centrales de la reforma laboral

El proyecto se estructura sobre tres pilares fundamentales que impactarán directamente tanto a empleados como a empleadores.

1. Transformación del Régimen de Contrato de Trabajo (LCT)

• Redefinición de alcances: se aclara que la LCT no será aplicable a dependientes de la Administración Pública, contrataciones del Código Civil y Comercial, y, notablemente, a trabajadores independientes y de plataformas digitales (como delivery), separándolos del régimen tradicional.
• Norma más favorable: se mantiene el principio de la norma más favorable al trabajador, pero se establece que el criterio de selección será “por instituciones” (por el conjunto de normas de cada institución, como vacaciones o despido) y no por la norma más ventajosa en abstracto.
• Eliminación de multas y pluspetición: se suprime el Capítulo VIII de la LCT que contemplaba multas por empleo no registrado. Además, se sanciona la “pluspetición inexcusable” (sobreestimación de créditos judiciales), obligando a la parte y a su profesional a soportar solidariamente las costas judiciales.

2. Cambios clave en indemnizaciones y registración

• Tope indemnizatorio: se redefine la base de cálculo y se establece un tope indemnizatorio que no puede superar tres veces el salario promedio del convenio aplicable, aunque la indemnización no podrá ser inferior al 67% de la remuneración normal y habitual.
• Fondo de cese laboral: se habilita a los convenios colectivos a reemplazar la indemnización tradicional por un fondo de cese laboral financiado por el empleador, asemejándose al modelo UOCRA.
• Promoción del empleo registrado (PER): se crea este régimen para que los empleadores regularicen el trabajo no registrado. Los beneficios incluyen la condonación de multas por deudas de aportes y la baja del registro de infractores (REPSAL). Los trabajadores regularizados podrán computar hasta 60 meses de aportes para la PBU.
• ARCA: la nueva registración: se unifica la registración laboral obligatoria en ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero), el nuevo organismo recaudador.