Gabriela Lizana, Claudia Quini y Estefanía Palazzolo
INV:retroceso institucional que compromete la trazabilidad, la equidad y la gobernanza del sector
Las autoras analizan la desregulación y cambios en los controles que aplicó la administración Milei en la vitivinicultura.
La Resolución 37/2025 del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) ha sido presentada como un ejercicio de modernización y simplificación regulatoria. Sin embargo, su alcance excede ampliamente la reducción de trámites: constituye un cambio estructural en el sistema de control que sostenía desde hace más de seis décadas la integridad técnica, económica y jurídica de la cadena vitivinícola argentina.
El nuevo enfoque abandona el control preventivo —que incluía fiscalización en viñedo, cosecha, movimientos, elaboración y fraccionamiento— y lo sustituye por un esquema de fiscalización posterior, limitado al análisis de producto final con Certificado Analítico.
Este desplazamiento conceptual no es menor: implica pasar de un modelo de aseguramiento público de la genuinidad y aptitud para el consumo a otro de autorregulación privada, donde el Estado interviene tardíamente y con menor capacidad correctiva.
1. La trazabilidad como infraestructura institucional, no como trámite.
El Certificado de Ingreso de Uva (CIU) constituía la base documental que permitía reconstruir matemáticamente la cadena productiva. Su carácter obligatorio garantizaba:
- Datos verificables de origen: cantidad (kg de uva), variedad y tenor azucarino de la uva que ingresa a bodega.
- Balance de masas desde la materia prima al vino elaborado.
- Elementos probatorios en litigios entre productores y bodegas.
- Transparencia en un mercado históricamente asimétrico y altamente competitivo.
Con la nueva normativa, el CIU (hoy Declaración Jurada de Cosecha) pasa a ser optativo, y la declaración del tenor azucarino también. Esta decisión rompe la continuidad de información que sostenía la trazabilidad, debilitando controles técnicos, garantías jurídicas y mecanismos de competencia leal.
En términos institucionales, esto equivale a desactivar el “sistema nervioso” del INV.
2. Impacto en la equidad interna de la cadena.
La cadena vitivinícola presenta una estructura altamente heterogénea: miles de pequeños productores conviven con un número reducido de grandes fraccionadores y grupos económicos con integración vertical. En ese contexto, la trazabilidad no solo cumple una función técnica: cumple una función de garantía redistributiva.
Cuando los datos desaparecen, desaparece también la capacidad de los actores más pequeños de acreditar su producción, defender sus precios y sostener relaciones contractuales equilibradas.
La simplificación normativa, tal como fue implementada, fortalece de manera indirecta la posición dominante de quienes poseen laboratorios propios, capacidad de certificación privada y poder de negociación.
3. Riesgos sanitarios y reputacionales: control tardío, respuestas tardías.
El nuevo modelo presume que el análisis del producto final es suficiente para garantizar genuinidad. Esa presunción es técnicamente incompleta, dado que este análisis químico, puede arrojar aptitud para el consumo, pero no garantizar genuinidad, relativa a maniobras no fraudulentas y asociada al origen, gran fortaleza del INV.
El INV también es el Organismo de aplicación de la Ley de Origen 25163, son más de 100 las IG reconocidas, cuyo control podría verse afectado con este nuevo marco reglamentario.
Otro aspecto debilitado, por la pérdida de insumos en las bases de datos del INV, es la información al consumidor, toda vez que lo consignado en el etiquetado debe ser información verídica y comprobable.
La experiencia internacional —y la propia historia argentina— demostraron que las adulteraciones significativas suelen ocurrir durante el proceso, no en la botella terminada.
Los casos de:
- metanol en Mendoza (29 muertes),
- dietilenglicol en Europa
- natamicina en Alemania
Evidencian que los controles preventivos son esenciales para evitar daños sanitarios y preservar la reputación del país exportador.
El control posterior, basado en muestreos selectivos, puede detectar irregularidades solo cuando el daño ya está consumado. Esta es una debilidad estructural del nuevo esquema.
4. Vaciamiento estadístico y pérdida de capacidad de gobernanza.
La información histórica generada por el INV —cosecha, movimientos, existencias, destinos y composición varietal— no es un subproducto administrativo: es una herramienta de política pública.
Sin esa información:
- no hay forma de monitorear excedentes,
- no se pueden proyectar precios de traslado,
- no se pueden diseñar políticas de reconversión varietal,
- y se debilita la capacidad del Estado para intervenir en situaciones de desequilibrio.
El “apagón estadístico” que genera la Resolución 37/2025 implica la privatización del conocimiento productivo, lo que profundiza la asimetría de poder entre actores.
5. Tensiones con normativa superior y estándares internacionales.
La Ley 14.878 otorga al INV facultades de inspección amplias, incluyendo ingreso a establecimientos, revisión de documentación e inventarios. La nueva resolución reduce de hecho esas facultades, lo que genera tensión con el principio de supremacía legal.
Asimismo, el nuevo sistema se aleja de los estándares de trazabilidad vigentes en:
- Chile (SAG),
- Sudáfrica (Wine of Origin Scheme),
- Australia (Label Integrity Program),
- OIV (recomendaciones CST 1/2007).
Estas brechas pueden impactar en la competitividad internacional del vino argentino.
6. Conclusión: modernización sí, desinstitucionalización no.
La vitivinicultura argentina necesitaba una actualización normativa y una mejor gestión del Estado. Pero una reforma no puede confundirse con la eliminación de los pilares técnicos que garantizan la transparencia, la equidad y la reputación de un sector estratégico.
La Resolución 37/2025 no moderniza: debilita. No simplifica: desprotege. No genera competencia: acentúa las asimetrías. No fortalece la reputación internacional: la expone a mayores riesgos.
Para preservar la sustentabilidad de la cadena vitivinícola y su aporte territorial, productivo y cultural, será imprescindible reconstruir mecanismos robustos de trazabilidad, información pública y control preventivo, compatibles con la eficiencia administrativa y con los estándares globales del sector.
Gabriela Lizana es diputada Provincial Frente Renovador Mendoza. Abogada, MBA, Diplomada en Desarrollo Rural FLACSO. Especialista en temas de Producción Agroindustrial.
Claudia Quini, es Ingeniera Química.Especializada en Vitivinicultura. Instituto Nacional de Vitivinicultura (I.N.V.) Ex Presidenta O.I.V.
Estefanía Palazzolo. Licenciada y Profesora en Ciencia Política y Administración Pública. Doctoranda en Doctorado en Ciencias Sociales, mención en Sociología.
