El anuncio del Gobierno nacional sobre la eliminación de más de 970 resoluciones vinculadas al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) encendió el debate dentro del sector. Si bien la medida fue presentada como un paso hacia la simplificación y la modernización del organismo, varios referentes de la industria advierten que el recorte normativo podría tener consecuencias en la trazabilidad y el control de calidad del vino argentino, pilares que le otorgan prestigio internacional a la actividad.

En la víspera de una reunión clave, que tendrá lugar este viernes, diferentes actores de la industria compartieron sus posturas sobre las modificaciones oficializadas

Uno de ellos es Sergio Villanueva, gerente de la Unión Vitivinícola Argentina (UVA), quien recordó que la revisión del marco regulatorio no es un proceso improvisado. “El INV tiene más de seis décadas y nació en un contexto completamente distinto. La industria viene trabajando desde hace años en su modernización, adaptándolo a nuevas tecnologías y formas de fiscalización. Pero una cosa es simplificar, y otra es desarmar lo que se construyó en consenso”, explicó.

Según el dirigente, durante los últimos meses se había alcanzado un acuerdo entre el sector privado, las provincias y el propio Instituto para conservar una decena de puntos considerados esenciales. “Esos diez puntos garantizaban la genuinidad del producto, la trazabilidad y el cumplimiento de los estándares internacionales. Cuando se publicó esta resolución, ese consenso no se respetó”, señaló Villanueva.

“Se puede cambiar el diseño de una casa, pero no romper sus cimientos”, resumió al referirse al riesgo de alterar los controles que garantizan la autenticidad de cada botella.

El valor de la trazabilidad

El reclamo principal de las entidades gira en torno a la eliminación del Certificado de Ingreso de Uva (CIU), un documento que permite registrar el paso de la uva desde el viñedo hasta la bodega. Para Villanueva, esa decisión representa “un golpe a la línea de flotación del sistema de trazabilidad” que caracteriza a la vitivinicultura argentina.

El dirigente explicó que los gobiernos provinciales dependen de esa información para elaborar estadísticas y políticas productivas. “La vitivinicultura no es una industria estandarizada: hay cientos de bodegas, miles de marcas y una enorme diversidad de zonas y variedades. Sin datos confiables, las provincias pierden herramientas para planificar y los consumidores, garantías de calidad”, advirtió.

Villanueva aclaró que la desburocratización es necesaria, pero insistió en que debe hacerse sin comprometer los pilares del control. “El INV es un organismo con prestigio internacional. Modernizarlo, sí, pero sin poner en riesgo lo que le da valor al vino argentino en el mundo”, sostuvo.

“No se puede eliminar lo que da credibilidad al sistema”

Una visión similar planteó Mauro Sosa, gerente del Centro de Viñateros y Bodegueros del Este, quien coincidió en que el proceso de simplificación viene desarrollándose desde hace años y que la industria acompañó activamente esos cambios. “Desde 2017 en adelante, salvo algunos intervalos, el INV ha venido adecuándose a los tiempos, simplificando trámites y eliminando obstáculos, siempre en diálogo con el sector. Pero una cosa es desburocratizar, y otra, eliminar mecanismos que garantizan trazabilidad, control y transparencia”, señaló.

Sosa consideró que eliminar el CIU “no tiene sentido”, ya que se trata de una herramienta básica para la fiscalización y la genuinidad del producto. “Ninguno de los principales países vitivinícolas del mundo prescinde de una declaración de cosecha o de un registro de ingreso a bodega. Todos —Estados Unidos, Francia, Italia, Chile o Australia— exigen información sobre los kilos cosechados y procesados. Eso es lo que asegura la trazabilidad y la lealtad comercial”, explicó.

En ese sentido, planteó que el certificado podría modernizarse, pero no desaparecer. “Podemos cambiar su formato, hacerlo digital o menos frecuente, pero no eliminarlo. Quizás no sea necesario el envío semanal, pero sí una declaración final de cosecha, como hacen los países más avanzados”, propuso.

El equilibrio entre control y eficiencia

Para Sosa, la eliminación de ciertos procedimientos también podría generar superposiciones innecesarias con otros organismos. “En su momento habíamos gestionado para que no se incorporara el Documento de Tránsito Vegetal (DTV) del Senasa al circuito del vino, porque ya teníamos el CIU que cumplía esa función. Ahora se elimina el CIU y se incorpora el DTV, que implica más burocracia y menos claridad. No tiene sentido reemplazar algo que funcionaba por un sistema paralelo”, cuestionó.

El dirigente valoró que el Gobierno impulse un nuevo digesto normativo para ordenar la regulación del sector, pero pidió que se revisen los artículos que afectan al sistema de trazabilidad. “Unificar normas y eliminar redundancias está bien. Pero dentro de esas casi mil resoluciones hay tres o cuatro que son estratégicas para mantener el prestigio del vino argentino. Eliminar esas puede tener consecuencias graves”, advirtió.

Ambos referentes coincidieron en que el INV ya venía avanzando en un proceso gradual de modernización, y que la magnitud del anuncio oficial no refleja con precisión lo que sucede en la práctica. “Hablar de 973 normas derogadas suena contundente, pero la mayoría eran resoluciones sin vigencia. Lo importante es revisar qué se está tocando dentro del núcleo central del sistema de control”, dijo Villanueva.

Qué cambia con la nueva reglamentación

La Resolución 37/2025 publicada por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) el pasado 7 de noviembre marcó un punto de inflexión en la regulación del sector. Según un análisis elaborado por la Federación Económica de Mendoza (FEM), se trata de la transformación más profunda desde la creación del organismo en 1959.

El nuevo esquema reemplaza el histórico modelo de control preventivo y continuo —que abarcaba todas las etapas del proceso, desde el viñedo hasta el fraccionamiento— por un sistema de fiscalización posterior, centrado exclusivamente en el producto final embotellado. En otras palabras, el INV deja de supervisar la cosecha, la elaboración y el transporte del vino, para concentrarse en verificar únicamente el vino terminado con el certificado analítico de libre circulación.

Entre los cambios más significativos, el informe destaca:

• La eliminación de inspecciones presenciales en viñedos y bodegas intermedias, que serán reemplazadas por muestreos aleatorios de producto en el mercado.
• La derogación del Certificado de Ingreso de Uva (CIU), que pasa a ser optativo y a cargo del sector privado, lo que implica un cambio estructural en la trazabilidad del vino.
• La conversión de las certificaciones de origen, añada y varietal en trámites voluntarios, también bajo responsabilidad del productor.
• La eliminación de los permisos de tránsito y de las declaraciones juradas semanales, junto con las sanciones asociadas a su incumplimiento.
• La supresión del grado alcohólico mínimo determinado anualmente por el INV, que ahora quedará regido por parámetros generales del Código Alimentario.

Según la FEM, el nuevo régimen traslada la regulación al mercado y delega la verificación al final de la cadena, lo que configura un cambio de paradigma. Ya no se trata de una simple desburocratización, sino de “un cambio de régimen”, en palabras del informe.

Riesgos y desafíos

El documento advierte que esta transformación podría tener consecuencias estructurales. Al dejar de controlar las etapas productivas, el Estado pierde la capacidad de generar información clave sobre el sector, lo que dificultará el diseño de políticas públicas y la detección de irregularidades.

Uno de los puntos más sensibles es la desaparición del CIU, considerado el “momento cero” de la trazabilidad. Este registro no solo permitía reconstruir el recorrido de la uva desde su origen hasta la botella, sino que también servía como herramienta jurídica en conflictos entre productores y bodegas. Sin él, advierte la FEM, se debilitan los mecanismos que garantizan la transparencia comercial y se abre la puerta a posibles casos de competencia desleal o adulteración.

La entidad también alerta sobre la discontinuidad de la estadística oficial sectorial, ya que el INV era el único organismo que producía datos sistemáticos sobre cosecha, producción y existencias. “Sin datos públicos no hay diagnóstico ni política posible. Cuando el conocimiento se privatiza, prevalece la versión del actor con más poder”, advierte el informe.

En paralelo, la FEM plantea que el nuevo esquema podría profundizar las asimetrías entre grandes bodegas y pequeños productores. Las primeras cuentan con laboratorios, departamentos de calidad y capacidad para acceder a certificaciones privadas; las segundas dependían del control estatal como garantía de equidad.

Finalmente, el informe plantea una preocupación adicional: el riesgo sanitario y reputacional. Si el control se realiza únicamente sobre el producto final, resulta más difícil detectar a tiempo prácticas irregulares durante la elaboración. “El sistema de fiscalización posterior puede ser insuficiente para prevenir adulteraciones o contaminación. Los antecedentes muestran que cuando falla el control, no solo pierde una marca: pierde toda la industria”, advierte el texto.

Reunión clave

Este viernes, representantes del sector se reunirán en Mendoza con funcionarios del Ministerio de Regulación para revisar los puntos más sensibles del nuevo esquema. La expectativa es que se logre un entendimiento que combine eficiencia administrativa con resguardo técnico.

“Todo es solucionable si hay diálogo. La industria vitivinícola argentina tiene una de las trazabilidades más completas del mundo. Modernizarla no puede significar perder lo que nos distingue”, concluyó Villanueva.

El Medio consultó también al presidente del INV, Carlos Tizio, pero el titular del organismo reservó sus palabras para después de la reunión.