Discrecionalidad para manipular las ternas de candidatos y ponderar a militantes, amigos y afectos. Eso es lo que existe hoy en el Consejo de la Magistratura y quien lo expone con crudeza no es la "prensa libre" ni la oposición critica. El que ha venido alzando la voz con este tema desde hace más de tres años es el juez de la Suprema Corte, José Valerio, quien esta semana volvió a poner el tema en agenda al votar en disidencia la designación de Julio Gómez como presidente del Consejo de la Magistratura. Valerio no votó en contra de Gómez, votó en contra de convalidar un mecanismo que ha sido manipulado en los últimos años para que el Poder Ejecutivo avance sobre el Poder Judicial.

En el año 2023 en la acordada 31.480 Valerio ya había expresado puertas adentro su preocupación por lo que estaba ocurriendo. Específicamente, advertía que existía un alto grado de discrecionalidad para seleccionar ternas y que al dejar de ponderar los puntajes de los aspirantes se estaba nivelando para abajo. En el año 2007 se había establecido un mecanismo tabulado y objetivo para determinar los tres mejores aspirantes pero eso se modificó con la ley 9013 del año 2018. A partir de ese momento se dejó de considerar el resultado del examen oral y el examen escrito y solo importaba si estaba aprobado o desaprobado. También se dejaron de tabular los antecedentes académicos.

En otras palabras, se le comenzó a dar menos importancia a la excelencia académica y teórica, y más preponderancia a la opinión secreta de los evaluadores sobre los aspirantes. Es decir, más discrecionalidad. Incluso, en El Medio José Valerio dio a entender que en 2023 se removió de forma intempestiva a todos los integrantes de la Comisión Evaluadora Penal porque no seguían los parámetros que les eran exigidos y no aprobaban a las personas que tenían que aprobar. El juez Valerio no lo dijo con esas palabras, pero aclaró que después de ese momento "aprobaron los que no aprobaban".

Por eso pocos se sorprenden al enterarse que en la denuncia contra Marcelo D'Agostino aparecen declaraciones que hablan de cómo el exsubsecretario de Justicia incidía en el mecanismo de selección de jueces. Al igual que a nivel nacional se acusó al kirchnerismo de nombrar jueces militantes, en Mendoza el cornejismo montó un mecanismo aceitado para hacer lo propio.

Cuando el nuevo subsecretario de Justicia, Juan Carlos Jaliff, afirma públicamente que la Justicia es independiente porque en Mendoza desde el gobierno de José Octavio Bordón funciona el Consejo de la Magistratura, omite referirse a los cambios recién mencionados y que son bien conocidos por el flamante funcionario.

El propio Jaliff participó en el año 2007 en la sanción de la ley 7719 que fijaba parámetros objetivos y tabulados para que no haya lugar al amiguismo ni premios a la militancia en la selección de jueces. El  80% era mérito y el 20% restante valoración discrecional de los evaluadores. Jaliff era vicegobernador y conoció esa ley al detalle. Pero también participó en 2018 como presidente provisional del Senado en las modificaciones que se hicieron a través de la ley 9013 que le dio mayor preponderancia a la discrecionalidad y el secreto. En las entrevistas recientes, Jaliff olvidó mencionar esos detalles.

"La queja que hay, esto la estamos escuchando permanentemente, es que en esa discrecionalidad aparecen de repente en las ternas personas que no tienen muchos antecedentes, personas que a lo mejor son más jóvenes... es decir, no hay claridad. Ya en esa acordada del 2023 yo planteaba el peligro de esto, porque esto significaba una habilitación a las componendas, a los amiguismos, a los favoritismos políticos", afirmó José Valerio en #SeDijo. El gobernador debe elegir candidato de una terna integrada por los tres mejores, no por los que discrecionalmente un conjunto de personas establece.

"Esto está pasando y es visible. Los que concursan no dicen nada porque tienen miedo de que después los excluyan. Personas que han concursado por pensar de cierta manera terminan últimos cuando por antecedentes nunca podrían terminar últimos. Todos empiezan a aplicar el miedo a la cancelación o, peor aún, la espiral del silencio en el que cada uno se va callando porque quiere sobrevivir", adhirió José Valerio para justificar su voto en disidencia a la designación de presidente del Consejo de la Magistratura.

Pero a eso agregó un dato preocupante. "A la comisión evaluadora que no bajó el nivel de exigencia la terminaron removiendo", manifestó en alusión a lo ocurrido con los integrantes de la comisión evaluadora penal que en 2023 fueron desplazados sin explicación clara. 

"Dijeron de un día para el otro: 'no cumplen con el mandato del reglamento cómo se debe tomar el examen'. La particularidad fue que habían tres o cuatro integrantes de la comisión que nunca habían tomado un examen. No sé cómo hicieron para no cumplir", subrayó José Valerio y afirmó que según pudo averiguar lo que hacía esa comisión era tener las mismas exigencias que antes en las evaluaciones. "De acuerdo a lo que después me dijeron alguno de sus miembros, el problema era que ellos seguían tomando los exámenes exactamente igual que antes. No ponían puntaje, pero exigían a los aspirantes para ver si sabe o no sabe", aseveró José Valerio y sugirió que los que no aprobaban con esas exigencias aprobaron cuando se removió a la comisión.

Si el presidente de la Suprema Corte, Dalmiro Garay, realmente está preocupado por demostrar la independencia del Poder Judicial debe avocarse a devolverle la transparencia al organismo que se encarga de la selección de aspirantes a jueces en lugar de despotricar contra los periodistas que exponen lo que está pasando en la Justicia.