La Secretaría General de la Presidencia, conducida por Karina Milei, sufrió un duro revés en los tribunales federales. El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 2 dictó una medida precautelar que ordena suspender de inmediato una millonaria licitación pública destinada al mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la Casa Rosada y de la Quinta Presidencial de Olivos. La resolución judicial congela el proceso administrativo hasta tanto el Poder Ejecutivo remita todos los expedientes y se resuelva la cuestión de fondo.

La controversia legal se originó a partir de una acción de amparo presentada por una de las empresas contratistas del sector, la cual denunció la existencia de severas irregularidades en el diseño de los pliegos de bases y condiciones particulares. Según la presentación judicial, las cláusulas redactadas por la dependencia que lidera la hermana del Presidente de la Nación contenían exigencias técnicas arbitrarias y desproporcionadas que operaban, en los hechos, como un presunto direccionamiento para favorecer a un único oferente y excluir deliberadamente a la competencia, vulnerando los principios de concurrencia y transparencia que rigen las contrataciones del Estado.

El magistrado interviniente consideró que los argumentos de la demandante poseían la verosimilitud del derecho necesaria para fundar una tutela judicial urgente, advirtiendo además sobre el peligro de que el avance del cronograma administrativo volviera abstracta cualquier sentencia posterior. Con la firma de la precautelar, la Justicia frenó la apertura de sobres y la subsiguiente adjudicación de los contratos, cuyos montos previstos representan un fuerte desembolso de fondos públicos en un contexto de estricto ajuste fiscal generalizado.

Desde el entorno de la Secretaría General de la Presidencia evitaron inicialmente realizar comentarios formales sobre los pormenores de la causa, aunque fuentes oficiales deslizaron que los equipos jurídicos de la Casa Gobierno ya se encuentran trabajando en la contestación del informe requerido por el tribunal. La administración nacional confía en poder demostrar la legalidad técnica de los pliegos para lograr el levantamiento de la medida, en medio de un escenario político donde cada proceso licitatorio de la cúpula oficial es celosamente auditado por la oposición y los tribunales.