La renuncia del subsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino, ha generado un sismo interno dentro del oficialismo. La denunciante no solo afirma haber sido víctima de abuso sexual y violencia de género, sino que además describe cómo el exfuncionario la intimidaba asegurando que tenía bajo su control al Poder Judicial y al Ministerio de Seguridad. En las pruebas aportadas existirían audios y mensajes en los que presume su influencia en la selección de magistrados, su amistad con el presidente de la Corte Dalmiro Garay e incluso fotos íntimas de magistradas con las que habría intimado. Por ese motivo, la defensa de la acusadora pidió que se secuestren los teléfonos de Marcelo D'Agostino.

"Durante la relación, el denunciado, quien se desempeña actualmente como Subsecretario de Justicia de la Provincia de Mendoza y representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura, exhibió de manera deliberada y reiterada sus vínculos con el poder político y judicial provincial como mecanismo de intimidación y disuasión frente a cualquier intento de denuncia o alejamiento de mi parte", consta en la denuncia que decantó en la renuncia de D'Agostino.

La situación de vulnerabilidad de la víctima es incuestionable. El presunto agresor hablaba por teléfono con el gobernador Alfredo Cornejo y ponía la conversación en altavoz para que ella escuchara y entendiera hasta que punto llegaba su poder. Para la abogada de la denunciante, era una forma de intimidarla para que no denunciara ni iniciara acciones legales en su contra.

"Marcelo Alejandro D’Agostino Dillon exhibió ante mí el poder real que detentaba dentro del Poder Judicial provincial. Hacía referencia a sus vínculos con ministros de la Suprema Corte, a su rol dentro del Consejo de la Magistratura y a su participación en concursos judiciales", agrega la denunciante poniendo en evidencia la injerencia del Poder Ejecutivo sobre la justicia de Mendoza.

"En ese contexto, expresaba frases tales como 'ya he metido tantos jueces y fiscales y todos me responden a mí; imaginate si vuelvo a la abogacía, me hago millones, no perdería ni un solo caso' y 'soy intocable'. Estas manifestaciones funcionaban como un mecanismo de intimidación destinado a transmitirme la idea de que ninguna autoridad judicial actuaría en su contra", describe la denuncia.

Los abusos se habrían cometido entre los años 2021 y 2024 periodo en el que Marcelo D'Agostino y la víctima tenían una relación afectiva. Durante esos años, habrían existido sometimientos, degradaciones y abusos físicos y sexuales en los cuales se habrían dado demostraciones de poder por parte del denunciado para amedrentar a la víctima. "El denunciado desplegó una estrategia de amedrentamiento basada en lo que presentaba como facultades de control estatal. Me amenazaba de forma reiterada afirmando que 'manejaba a la policía', que tenía acceso irrestricto a la información del 911 y que podía visualizar todas las cámaras de la provincia, incluso las privadas. También hacía referencia a que la Subsecretaría de Justicia depende del Ministerio de Seguridad, utilizando esa estructura para reforzar la idea de que contaba con poder institucional suficiente para vigilarme e impedir cualquier acción que yo intentara en su contra", relata la mujer en su denuncia. 

"Él me relataba que integraba un grupo de almuerzos sabatinos que según sus dichos eran en la residencia oficial del Gobierno de Mendoza y que a esos encuentros asistían personas de relevancia político-institucional. Según lo que él mismo me manifestaba, en ese grupo y con pleno conocimiento de su proceder en el plano personal, lo apodaban 'Raúl', en alusión a un personaje de la serie española Machos Alfa. Él me transmitía ese apodo como una forma de alarde, destacando la imagen que su círculo tenía de él y reforzando una autoidentificación asociada al ejercicio de poder y la dominación en sus relaciones interpersonales. Asimismo, el denunciado mantenía un contacto estrecho y permanente con integrantes de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Tomé conocimiento de dicha circunstancia durante nuestra relación, a través de conversaciones que mantenía en altavoz en mi presencia, manifestaciones directas del propio denunciado y por haberlo acompañado a eventos familiares de actuales miembros del tribunal. Estos hechos reforzaban sistemáticamente mi convicción de que gozaba de una estructura de protección judicial", adhiere en otro pasaje de la denuncia.

La denunciante asegura que luego de separarse definitivamente de Marcelo D'Agostino la echaron del medio de comunicación en el que trabajaba. También sostiene que profesionales del derecho se negaron a asistirla por temor a represalias profesionales, incluyendo eventuales consecuencias sobre sus matrículas. "También recurrí a mujeres allegadas al ámbito de gobierno, allegadas a las áreas de género y violencia contra las mujeres, quienes se limitaron a decirme que olvidara el tema y que no avanzara porque sería peor para mí", afirma.

A raíz de todo lo relatado su abogada María Elena Quintero solicitó la "investigación de oficio de los hechos conexos".  Es decir, que la Justicia investigue si es real el presunto control o injerencia sobre magistrados y fiscales por parte de Marcelo D'Agostino. "Deben ser investigadas de oficio en la medida en que puedan constituir delitos contra la administración pública o conductas ilícitas conexas, conforme a los principios de legalidad y objetividad que rigen la actuación del Ministerio Público Fiscal, sin perjuicio de su encuadre penal específico conforme el Código Penal", advierte y requiere que se secuestren los teléfonos del exfuncionario para extraer la información que allí existe. ¿Qué hará ahora el Ministerio Público Fiscal? ¿Se investigará a fondo el rol que Marcelo D'Agostino ha tenido estos años como funcionario provincial?