El Gobierno de Javier Milei consiguió aprobar en la Cámara de Diputados y girar al Senado el proyecto para limitar las zonas frías, que elimina subsidios para algunas regiones con temperaturas bajas. Si se aprueba en la Cámara Alta en Mendoza, varios usuarios de gas deberán enfrentar incrementos de hasta el 40 por ciento.

De esta forma, el gobierno de Javier Milei consolidó un triunfo legislativo estratégico dentro de su programa de reducción del déficit fiscal al obtener la media sanción del proyecto de Medidas Energéticas en la Cámara de Diputados. La iniciativa, aprobada con 132 votos afirmativos frente a 105 rechazos, reforma de manera estructural el Régimen de Zona Fría instituido originalmente por ley, suprimiendo los beneficios tarifarios generalizados para millones de usuarios del interior del país.

Para destrabar la paridad en el recinto y garantizar el quórum, los operadores de la Casa Rosada desplegaron intensas negociaciones de pasillo de último momento, ofreciendo exenciones y subsidios cruzados al suministro de energía eléctrica a los gobernadores de las provincias del norte y del litoral, un movimiento táctico que fracturó el frente de las bancadas provinciales y permitió inclinar la balanza a favor del oficialismo.

El núcleo de la reforma aprobada anula el subsidio al gas exclusivamente a sus delimitaciones geográficas fundacionales, restringiendo el universo de cobertura a la región de la Patagonia, la Puna y la localidad mendocina de Malargüe. En contrapartida, las numerosas localidades y departamentos de provincias como Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, San Luis y San Juan, que habían sido incorporadas al esquema de protección en la ampliación legislativa impulsada en 2021, perderán de forma progresiva el descuento automático en sus boletas residenciales. El nuevo paradigma pregonado por la Secretaría de Energía abandona el criterio puramente geográfico y de temperatura promedio para migrar hacia un sistema de asignación focalizado por nivel de ingresos de los hogares, garantizando el amparo estatal únicamente a los segmentos calificados bajo vulnerabilidad social extrema.

La jornada legislativa reflejó la profunda grieta federal que suscita el reparto de los recursos públicos y los costos del ajuste tarifario. Mientras los bloques del PRO y de la Unión Cívica Radical dialoguista acompañaron la iniciativa bajo la premisa de sanear las cuentas públicas y terminar con las denominadas tarifas populistas, los diputados alineados con el gobierno de Córdoba expresaron un enérgico rechazo, acusando a la administración central de desfinanciar al interior productivo mediante una visión centralista diseñada desde los escritorios porteños. Los cuestionamientos también impactaron en las delegaciones patagónicas, debido a que el texto aprobado estipula que incluso en las zonas que conservan el beneficio, el subsidio cubrirá únicamente el precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte, dejando fuera de la cobertura estatal los costos de transporte y distribución, lo que redundará en un sensible incremento real en el valor final de las facturas residenciales de cara al próximo período invernal.

La postura del presidente Milei fue acompañada por sus aliados de Pro, la UCR y el MID, además de los referentes legislativos de muchos gobernadores que sostienen la buena sintonía con la Casa Rosada. Se trata de Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Hugo Passalaqcua (Misiones), Marcelo Orrego (San Juan), Rolando Figueroa (Neuquén), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Leandro Zdero (Chaco).