Janina Ortíz asumió como diputada provincial en diciembre del 2023. El 20 de diciembre de ese mismo año la Cámara de Diputados le quitó los fueros para que la Justicia pudiera investigarla por los delitos de coacción y fraude a la administración pública. Sin embargo, en lugar a esperar a que la Justicia emita sentencia o en lugar de expulsarla para que asuma el candidato que la seguía en la lista, el 27 de marzo la Cámara la suspendió por tiempo indefinido con el pretexto de que había demostrado una conducta impropia de un diputado. Ahora, Belén Castillo reclama que la han privado de asumir esa banca y denunció a Andrés Lombardi por abuso de poder y omisión de deberes. Lombardi se desligó del conflicto y dijo que solo ha respetado la voluntad de la Cámara de Diputados.
"No existe abuso de poder, hay una decisión del cuerpo legislativo. La Cámara de Diputados suspendió a Janina Ortiz hace más de dos años por inhabilidad moral, con más de los dos tercios de los votos", manifestó Andrés Lombardi recordando lo que ocurrió en marzo.
En este sentido, el presidente de la Cámara de Diputados, subrayó que esa decisión "la tomó el cuerpo legislativo, no la Presidencia" y aclaró que ese es el motivo por el que "sigue vigente mientras avancen las causas judiciales que enfrenta la diputada".
"No hay una banca vacante: hay una legisladora suspendida por decisión de la Cámara", se defendió Andrés Lombardi aclarando que todas sus actuaciones obraron de acuerdo a esa resolución.
El argumento de Belén Castillo para atacar esa resolución es que, al ser por tiempo indefinido, en los hechos su efecto fue privar de un legislador a la oposición. Pero sobre todo, vulnerar la voluntad soberana de la ciudadanía que había depositado su voto a esa lista. "Desde la suspensión referida, la banca correspondiente a la Primera Sección Electoral permanece funcionalmente vacía, privándose a los ciudadanos de dicha sección electoral de representación legislativa plena y alterándose la integración efectiva del cuerpo legislativo provincial", esgrime Castillo en su denuncia.
"Las autoridades de la Honorable Cámara de Diputados habrían omitido arbitrariamente adoptar una resolución útil, expresa y ajustada a derecho respecto de la situación planteada, manteniendo indefinidamente una situación de anormalidad institucional incompatible con los principios republicanos y representativos establecidos por la Constitución Nacional, los tratados internacionales con jerarquía constitucional y la Constitución de Mendoza", aseveró Belén Castillo.
