Las juezas Gretel Diamante, Eliana Rattá y Carolina Pereira emitieron sentencia este martes y condenaron al exjuez federal Walter Bento. De esta forma, se le puso punto final a un largo proceso que comenzó en el año 2020 luego del asesinato de Diego Aliaga. Bento fue destituido el 8 de noviembre del 2023 y desde entonces se encuentra detenido. La jueza Gretel Diamante comenzó explayándose respecto al delito de lavado de activos y afirmó que el tribunal dio por acreditado un entramado familiar para incorporar al activo familiar activos provenientes de actividades ilícitas.

Sostuvo que Walter Bento ocupó una posición nodal y diseñó y supervisó las maniobras para anticipar controles y fragmentar riesgos. "Definió la estructura y canalizó fondos a través de su núcleo familiar", manifestó la jueza que también afirmó que Marta Boiza, Luciano Bento y Nahuel Bento fueron parte de esa maniobra. En el caso de Luciano Bento, a diferencia del Ministerio Público Fiscal, la jueza afirmó que el joven tuvo un rol clave como presta nombres siendo quien más cantidad de bienes tenía a su nombre y menos ingresos legales. También remarcaron que la familia puso bienes a nombres de el tercer hijo del matrimonio. 

"Todo el grupo familiar hizo uso sistemático de dinero en efectivo para perder trazabilidad", agregó la jueza a la hora de leer el veredicto. "Una decisión consciente de operar por fuera del sistema formal", adhirió Gretel Diamante. "Como conclusión se tiene por probado el delito de lavado de activos", afirmó.

En cuanto a la figura de la asociación ilícita el Tribunal tiene por acreditado que desde el año 2007 funcionó una asociación ilícita para obtener beneficios económicos a través de la venta de beneficios procesales. Especialmente en causa de contrabando en los que se manejaba mucho dinero. "La jefatura indiscutida estuvo a cargo de Walter Bento", sentenció. Diego Aliaga fue descripto como una pieza clave que recibía directivas de Bento y las transmitía a los integrantes de la asociación. "La prueba demuestra que actuaba con pleno conocimiento de las causas judiciales. Por debajo se encontraban Luciano Ortego y Jaime Alba", subrayó la jueza. A esos abogados suman a Martín Ríos, Matías Aramayo y Francisco Álvarez como parte de la asociación.

Walter Bardinella Donoso y José Moschetti (Policía) también fueron condenados como parte de la asociación ilícita que buscaba obtener dinero a partir de la venta de beneficios procesales que eran concedidos por el juez federal Walter Bento. "En los casos en los que el dinero aparecía, los beneficios se concretaban", señaló la jueza Gretel Diamante y dijo que eso quedó expuesto en los expedientes. "Los expedientes constituyen el origen de los casos", remarcó diciendo que allí consta cómo se cambiaba artificialmente la calificación, se frenaban investigaciones, etc. 

El juicio oral se extendió durante más de un año y a lo largo de los meses el Ministerio Público Fiscal desplegó las pruebas de cómo Walter Bento obraba en los expedientes para beneficiar a personas que están acusadas de haber pagado por esos beneficios. Ese es el caso de Eugenio Javier Nasi, Daniel Martínez Pinto, Javier Santos Ortega y Walter Bardinella Donoso, entre otros. Este último es apuntado como parte de la banda que se dedicaba a captar potenciales "clientes" dispuestos a pagar por salir de prisión.

También encontraron a Walter Bento y Marta Boiza culpables de falsedad ideológica por la maniobra para acceder a un crédito Procrear siendo que ya tenían seis inmuebles a nombre del grupo familiar. También por no haber declarado que Marta Boiza era Persona Expuesta Púbicamente a la hora de vender un departamento en el año 2020. "la reiteración de este tipo de actos evidencia un patrón de comportamiento orientado a eludir controles institucionales", sostuvo el tribunal.

Además, la jueza Gretel Diamante se refirió a la negativa de Walter Bento a entregar su teléfono celular y dijo que fue para entorpecer la investigación. "Se trataba de una línea institucional abonada por el Consejo de la Magistratura de la Nación. Era un medio funcional para el ejercicio de la magistratura. A pesar de ello, Bento intentó frustrar el acceso a la línea", esgrimió la jueza.

La mecánica de la banda

Para el Tribunal Oral Federal N°2 quedó confirmado que los abogados Jaime Alba y Luciano Ortego articulaban con Diego Aliaga para conseguir los beneficios procesales para sus defendidos a cambio de dinero. Según el Ministerio Público Aliaga, ya fallecido, era la persona que tenía diálogo directo con Bento y bajaba las órdenes y directivas del juez al resto de los integrantes de la banda.

En algunos casos operaron otros abogados como integrantes de la banda. Entre ellos, Francisco Álvarez, Martín Ríos y Matías Aramayo. Los dos últimos habían declarado como arrepentidos admitiendo el mecanismo de la asociación ilícita, pero luego se desdijeron en la etapa de alegatos afirmando que fueron presionados para firmar el acuerdo de colaboración.

Además de Walter Bento también estaban imputados dos de sus hijos (Nahuel y Luciano) y su esposa Marta Boiza. Todos fueron hallados culpable de lavado de activos.

Algunas de las pruebas en contra de Bento

En sus últimas palabras Eugenio Javier Nasi admitió que pagó a cambio de beneficios procesales y remarcó que lo expuesto por el Ministerio Público Fiscal es cierto. También afirmó que el abogado Javier Angeletti no era parte de la asociación ilícita. "No lo dije antes porque Bento era juez", manifestó. En concreto, dijo que pagó 530 mil dólares a cambio de su libertad con la particularidad de que el beneficio se le otorgó dos veces. Nasi pagó por su libertad y la consiguió, pero la Cámara revocó el beneficio y pidieron su captura. Estuvo prófugo, se entregó después de un tiempo y volvió a conseguir la prisión domiciliaria. En el medio existen audios en los que Nasi reclama que le cumplan lo que le prometieron.

Javier Santos Ortega, que se quitó la vida a fines del año pasado, también admitió haber pagado 722 mil dólares a cambio de recuperar su libertad. Afirmó que vendió departamentos para poder pagar el dinero que le exigían y que uno de esos departamentos lo compró Carolina Bartolini, secretaria en el juzgado de Walter Bento.

Además, el registro de llamados entre Diego Aliaga y Walter Bento fue determinante para probar el vínculo que existía entre ambos. A tal punto que se confirmó que uno de los hijos de Diego Aliaga solía utilizar una camioneta a nombre de Walter Bento.