El juicio que tiene a Walter Bento como principal acusado se acerca a etapas definitorias. Esta semana la defensa del exmagistrado desarrolló sus alegatos y pidió la absolución lisa llana de Bento y su familia. La estrategia desplegada por Gustavo Gazali, Mariano Fragueiro y Felipe Salvarezza se divide en dos columnas: la primera es atacar la legalidad del juicio y apelar a cuestiones técnico legales para conseguir la absolución del exmagistrado. En ese plano hablan de prescripción de 13 de los hechos que le endilgan, pero sobre todo apuestan a la línea defensiva de responsabilizar al Ministerio Público de no haber pedido pena concreta para los acusados y en base a ello esgrimir que la acusación está incompleta y las juezas están obligadas a absolver a los acusados. La segunda columna de la defensa es negar la culpabilidad de los delitos que le imputan a Walter Bento.

En ese terreno los abogados defensores intentaron derribar las pruebas más contundentes de la acusación. En primer lugar, desacreditar los testimonios de los "arrepentidos" que declararon en la causa como imputados colaboradores. En concreto, afirmaron que las declaraciones de Marcos Calderón, Martín Ríos y Matías Aramayo no estuvieron documentados conforme a lo que marca la ley y el fiscal inducía a los imputados a decir lo que él quería que digan. "No puede valorarse lo que dijeron las personas que colaboraron. No puede ser la base ni un elemento de valoración. Por eso le pido al tribunal que no tenga en cuenta estos pseudo arrepentimientos que a esta altura ya a nadie engañan", manifestaron desde la defensa de Bento.

En la etapa de instrucción los abogados Matías Aramayo y Martín Ríos habían revelado detalles de cómo funcionaba la presunta asociación ilícita que ellos mismos habrían integrado. Contaron cómo era la mecánica y el rol que tenían el resto de los integrantes. Sin embargo, en el desarrollo del juicio se desdijeron y acusaron al fiscal Vega de haberlos obligado a mentir para incriminar a Bento. Mientras que el Ministerio Público remarca que lo confesado por ambos se puede chequear en los hechos, para la defensa de Bento eso no es así.

El segundo desafío de los defensores de Walter Bento fue desacreditar a dos imputados que reconocieron haber pagado cientos de miles de dólares a cambio de beneficios judiciales. Javier Santos Ortega dijo que pagó 722 mil dólares y Javier Nasi, más de 530 mil dólares. En el caso de Santos Ortega atacan la condición psiquiátrica en la que se encontraba Ortega al declarar y ponen en duda la veracidad de los montos que dijo haber pagado. Pero además de ello, sostuvieron que no hay pruebas de que Bento se haya quedado con dinero.

En el caso de Nasi la estrategia es similar. Primero intentaron minimizar el peso de la declaración de culpabilidad afirmando que sería parte de la estrategia defensiva de su abogado. Su hipótesis es que Nasi dijo lo que dijo a instancias de su abogado para que Nasi ahora pueda salir en libertad por defensa ineficaz. Y luego aseguraron que en las actuaciones del juez Bento en la causa en la que Nasi estaba involucrado no hubo nada que no estuviese ajustado a derecho.

Ese es otro de los puntos clave de la defensa de Walter Bento, sostener que no hubo beneficios espurios a cambio de dinero. En algunos de los casos que le imputan, como el de Nasi, el de Santos Ortega y otros como el de Daniel Martínez Pinto la forma en la que ellos lograron salir de prisión fue controvertida. También en el accionar judicial en las causas en las que estaba imputado Walter Bardinella Donoso, otro de los presuntos  integrantes de la banda que se encargaba de detectar potenciales "clientes" a los que podían pedir grande sumas de dinero para salir de prisión. El Ministerio Público expuso con claridad en sus alegatos cómo se movía la banda antes de presentar medidas en el juzgado de Bento y la forma en la que, llamativamente, las medidas eran aceptadas. El abogado Felipe Salvarezza fue el encargado de defender a Bento en ese punto y lo hizo afirmando que las medidas estaban ajustadas a la ley y muchas veces respaldadas por fiscales y la cámara.

El vínculo entre Diego Aliaga y Walter Bento

Sin lugar a dudas la figura de Diego Aliaga es central para la acusación. La causa de abrió luego de que Diego Aliaga desapareciera y al aparecer muerto se inició la investigación que terminó destapando una supuesta red de corrupción dentro de Tribunales Federales. Aliaga era, según la fiscalía, el nexo entre Walter Bento y los abogados Jaime Alba, Luciano Ortego, Martín Ríos, Matías Aramayo, Fancisco Álvarez y el contrabandista Walter Bardinella Donoso. El único que hablaba con el juez era Aliaga. El que supuestamente le bajaba la instrucciones de Walter Bento a los abogados era él.

En esa tesis la prueba que más compromete a Bento es el registro de llamadas entre Bento y Aliaga. Los llamados son cientos y muchos de ellos tarde por la noche. También aumentaban en días en los que debían definirse situaciones procesales de algunos de los supuestos "clientes" que estaban esperando que el juez les de la libertad.

Además de las llamadas, la fiscalía demostró el trato amistoso que existía entre Bento y Aliaga y también pudo constatar que uno de los hijos de Aliaga usaba una camioneta que estaba a nombre de Walter Bento. En ese punto la defensa del juez intentó desacreditar la prueba de los llamados afirmando que son "capturas de pantalla" que pueden estar adulteradas. También dijeron que lo de la camioneta debe darse por zanjado porque quedó claro en el juicio que Aliaga compraba y vendía vehículos.

El abogado Felipe Salvarezza aseguró que el peritaje de los teléfonos no fue realizado por personal idóneo que las imágenes pueden ser fácilmente adulteradas porque se hicieron sin copia forense. "Si el tribunal entiende que igual tienen valor probatorio, pedimos que lo expliquen", manifestó Salvarezza y sostuvo que "a lo largo de este juicio ha quedado probada la inexistencia de un vínculo ilícito de Aliaga con nuestro representado". Pero además, tuvieron que dedicarle un párrafo de los alegatos a otro hecho que complica a Bento. Su exabogado, Mariano Cúneo Libarona, en una entrevista con el diario MDZ reconoció que existían llamadas pero afirmó que no eran tantas como decía el fiscal. Para los defensores de Bento hubo una interpretación errónea de lo que en su momento reconoció Cúneo Libarona

Los fondos de la familia Bento

Por último, para sostener que Walter Bento no cobró coimas la defensa del juez intentó demostrar que las casas, departamentos, cocheras, locales comerciales y vehículos de la familia fueron adquiridos con el dinero de sus ingresos legales como empleados y funcionarios de la justicia federal. También los cientos de viajes al exterior. Para eso pidieron, por ejemplo, que el tribunal contemple las pericias del perito de parte en lo que respecta a la tasación de los inmuebles entendiendo que el perito oficial los valuó con precios superiores a los que correspondían. 

"Solicitamos que se dicte el sobreseimiento por acción por prescripción. Absolución porque el ministerio público no hizo acusación. Y absolución lisa y llana de Walter Bento, Nahuel Bento y Martha Boiza por todos los hechos", concluyeron los abogados defensores.

Ahora, el tribunal deberá ponderar la prueba presentada por el Ministerio Público y contrastarlo con las defensas de los imputados. Hay casos, como el del aduanero Carlos Barón Knoll, en el que la acusación tambalea por la debilidad de la prueba ofrecida. Hay otros, como el de Martínez Pinto, el de Santos Ortega, el de Nasi o el de Bardinella Donoso, en el que las pruebas son más robustas. En esos casos quedó claro que había abogados que decían hablar con el juez, también el rol de Aliaga en asociación con esos abogados y hubo operaciones inmobiliarias que confirman pagos millonarios. También aparecen decisiones judiciales llamativas del juez Walter Bento que repercutieron positivamente en la situación procesal de esos presos. ¿Está demostrado que Walter Bento cobró dinero a cambio de beneficiar a esas personas? ¿Las pruebas aportadas por el Ministerio Público alcanzan para confirmar que Bento obró de forma inapropiada para obtener un beneficio personal? ¿Estuvo bien formulada la acusación del Ministerio Público Fiscal o hubo irregularidades en la etapa de instrucción? Esas son algunas de las preguntas que deberán contestar las tres juezas del Tribunal Oral Federal para dictar sentencia en un juicio que sacudió a la provincia de Mendoza.