Referentes de organizaciones ambientalistas denunciaron que el Gobierno de Mendoza, a través de la Autoridad Ambiental Minera, ha desplegado una logística enorme para buscar los apoyos necesarios que hagan creer a la ciudadanía que el proyecto San Jorge Cobre Mendocino cuenta con apoyo mayoritario, manifestó el consultor amientalista Eduardo Sosa, quien preparó el texto junto con el investigador Marcelo Girau.

Entre las organizaciones que elaboraron y firmaron el escrito figuran Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata (AVAU), Asambleas Mendocinas por el Agua Pura (AMPAP), Fundación Cullunche, Asamblea del Este, Arte por el Agua, Asamblea Popular por el Agua y Asamblea por el Agua de San Rafael.

Para ello ha recurrido a la ayuda de equipos de funcionarios del senado provincial, cámaras mineras y de proveedores de servicios, empresas relacionadas a la provisión de insumos estratégicos a la industria minera y sindicatos amigos, los cuales han conseguido cientos de firmas en apoyo al proyecto, desvirtuando el proceso participativo que busca que las opiniones sean genuinas y los intereses expresados respondan a la realidad, y no a meros intereses políticos y económicos de algunos de estos actores, y sobre todo que los firmantes conozcan de qué se trata el proyecto y los beneficios y/o perjuicios que puede traer su puesta en marcha.

Pero todo este despliegue no fue suficiente, por lo que procedieron a contabilizar planillas duplicadas y hasta triplicadas, planillas con decenas de firmas apócrifas, correos electrónicos repetidos, planillas con datos digitalizados pero sin firmas, planillas con firmantes procedentes de otras provincias que seguramente desconocen el proyecto minero, y que en total suman alrededor de 2.000 rúbricas cuestionadas y que debieran restarse del conteo final, con lo cual, de corroborarse las irregularidades a través de peritajes caligráficos u otros métodos, estarían configurando por parte de los funcionarios públicos delitos de la función pública, al utilizar esta información para favorecer a un tercero interesado, engañando a la opinión pública sobre la verdadera licencia social del proyecto San Jorge que pretenden realizar al norte de Uspallata.

El acceso a la información pública, inaccesible

Afirman que hay un expediente “oficial” donde se carga toda la información administrativa del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, al que no se puede acceder públicamente, excepto teniendo usuario y contraseña del sistema y rango jerárquico como para acceder a dicha información.

También hay un expediente “para el público” en la web donde se subió selectivamente la información, y donde permanentemente se hicieron cambios que provocaron notables confusiones, sobre todo a partir de la audiencia pública, donde colocaron archivos duplicados, dejaron espacios donde no colocaron información sino hasta mucho tiempo después (incluso hoy existen vacíos de información) y modificaron el orden de los expedientes incorporando archivos en medio del listado o eliminando otros.

La preocupación radica en que la información faltante es de tanta relevancia que afecta significativamente el proceso de toma de decisiones. Por ejemplo, debería encontrarse el informe de la Facultad de Medicina que analiza la nocividad para la salud humana de las sustancias que utilizará la empresa, que recomienda la sustitución lisa y llana de 3 de las 4 sustancias involucradas, o el informe de la facultad de Ingeniería que manifiesta la notable incertidumbre científica que tiene el proyecto, lo cual es una información de tal magnitud que podría disparar judicialmente la aplicación del principio precautorio, u obligar al Ministerio de Energía y Ambiente a aplicarlo hasta tanto la empresa provea más estudios que reduzcan en un margen razonable la presunción de inviabilidad del proyecto. Si bien el dictamen técnico de la Fundación de la Universidad Nacional de Cuyo menciona haber tenido en cuenta ambos informes, los aspectos más concluyentes fueron omitidos o “suavizados”, con lo cual el dictamen no contuvo elementos disruptivos que hubiera provocado el replanteo del proyecto minero, y dejó el espacio para que el gobierno pudiera avanzar con el procedimiento de EIA.

Tampoco se mostraron los informes del especialista José María Cortes, demostrando la conexión entre las cuencas de Uspallata y Yalguaraz, que en la práctica incrementa notablemente el riesgo ambiental en el caso de contaminación del agua subterránea, y voltea el argumento del gobierno provincial para no convocar a todos los municipios de la cuenca potencialmente afectados a que opinen sobre el proyecto minero.

La propaganda del gobierno fue siempre que la ciudadanía iba a tener acceso a todo el expediente, pero en la práctica se accedió a aquella información que decidieron publicar, con notables ausencias sobre temas relevantes y que hubiera significado no solamente un cambio en la tecnología de los procesos de producción, sino también mayores gastos derivados de los estudios relacionados a la reingeniería de los procesos industriales, sin aclarar que toda esta información podría haber modificado en gran medida la opinión de la ciudadanía respecto de la viabilidad social y ecológica del proyecto.

Todo esto no solo hubiera dado como resultado un incremento en los costos de operación del proyecto, sino que hubiera alargado suficientemente los tiempos de presentación de la nueva información, de tal manera que la empresa no hubiera podido presentar su proyecto ante el RIGI.

En resumen, organismos estatales e instituciones involucradas en el procedimiento de EIA favorecieron a la empresa para evitarles costos mayores y permitirles ingresar al RIGI para el 2026.

La participación pública, negada.

En relación al proceso de participación pública, el gobierno de Mendoza, a través de la autoridad ambiental minera, realizó una audiencia pública en el sitio de la mina, contraviniendo la legislación provincial que no alcanzó a ser modificada, donde claramente establece que los sitios donde se realicen audiencias públicas deben ser poblaciones cercanas a los emprendimientos objetos de evaluación, con acceso a transporte público y otros requisitos que el proponente ha incumplido (Ley provincial Nro. 8051/09), esquivando esta norma y otras con meras resoluciones que, por el principio de jerarquía de las normas, no pueden subvertir ni el espíritu ni la letra de las leyes que son de rango superior.

En su lugar, la audiencia pública convocada por el gobierno se realizó en el sitio de la mina, con una capacidad muy pequeña que claramente evitó la concurrencia masiva y la libre expresión, que hace 15 años fue determinante para el posterior rechazo del mismo proyecto minero que hoy se presenta, no se permitió la participación espontánea, es decir, aquellos que deciden concurrir a una audiencia pública y que, luego de que el instructor termina la lista de oradores, pueden ser habilitados para hablar, siendo la primera vez en la historia de la audiencia pública en Mendoza que esto ocurre.

La razón fue el fuerte operativo de seguridad que obligó a los concurrentes a anotarse previamente, ya sea como orador o como simple participante, y a traspasar varias líneas de contención, entrega de pulseras de seguridad, etc., lo que seguramente ha desalentado a concurrir a mucha gente, sobre todo porque luego de anotarse se les dio un día de concurrencia que en la mayoría de los casos correspondía a día de semana, en la cual normalmente se trabaja o se realizan otras acciones. No es lo mismo programar la concurrencia a una audiencia pública un día sábado, a programarlo y que luego a uno le entreguen una fecha posterior en día de semana y horario laboral para concurrir. La prueba de ello ha sido el gran porcentaje de ausentes que tuvo este evento.

Hacia el final de la etapa de participación pública, los resultados difundidos por el gobierno fueron los siguientes:

La cantidad de personas que se inscribieron a la audiencia pública: en total, contando la instancia presencial y los participantes virtuales, 3.836 personas con 2.269 oradores.

Los que se expresaron a favor del proyecto: aproximadamente un 67%. Se contabilizaron -según el gobierno- 9.434 expresiones en la audiencia como a posteriori (mediante correos electrónicos), de las cuales 6.378 fueron a favor.

Estos números claramente sirvieron para justificar el accionar gubernamental en torno al procedimiento de EIA del proyecto minero y para erosionar la base de apoyo que poseen los ciudadanos que resisten el intento del gobierno provincial de incorporar la minería metalífera a la matriz productiva provincial.

Luego de un análisis de la información oficial proporcionada a través del sitio web, que consta de las opiniones de los participantes a la audiencia pública y los correos electrónicos enviados a posteriori como parte del proyecto, se advierten notables inconsistencias que hacen dudar de la veracidad de la información proporcionada por el Poder Ejecutivo. Los elementos encontrados son los siguientes:

• 17 (diecisiete) piezas del expediente duplicadas que fueron contabilizadas por la autoridad ambiental.
• Planillas duplicadas enviadas desde distintos correos electrónicos.
• Firmas apócrifas, las cuales están en proceso de definición por parte de expertos en caligrafía.
• Planillas con listados de nombres y número de documento de identidad, pero sin firma ni algo que haga suponer que fueron consultados y dieron su consentimiento, lo cual puede tratarse de un listado de apoyos verdaderos o de alguien que simplemente escribió un listado y lo envió simulando apoyos.
• Planillas con listado de personas que pertenecen a otras jurisdicciones del país, de las cuales comprobamos que no conocen el proyecto.
• Correos electrónicos individuales que fueron enviados más de una vez y contabilizados por la autoridad ambiental.
• Una notable actividad de búsqueda de apoyos desde el senado provincial, a partir de la presentación de planillas de parte de funcionarios públicos que forman parte del equipo de trabajo de la Vicegobernadora Hebe Casado y de Pablo Priore.

¿Qué es lo que se cuestiona en este procedimiento de EIA?

Los principales cuestionamientos dirigidos a la Autoridad Ambiental Minera giran en torno a la intencionalidad del Poder Ejecutivo de esquivar el cumplimiento de la normativa vigente con la finalidad de facilitar el proceso de aprobación del proyecto minero PSJ Cobre Mendocino, ya sea interviniendo y presionando en etapas claves como la elaboración del Dictamen Técnico, donde las recomendaciones más contundentes fueron alteradas para evitarle a la empresa mayores costos operacionales y estudios más profundos, que hubiera alargado el tiempo de aprobación lo suficiente como para no poder ingresar al Régimen de incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), negar y luego esconder estudios relevantes que le hubieran obligado a convocar a opinar a todos los municipios de la cuenca afectada en vez de solo convocar al municipio de Las Heras, y que hubiera contribuido a enriquecer la opinión de la Autoridad Ambiental, o manipular los números de apoyos para crear en la ciudadanía la falsa presunción de apoyo mayoritario al proyecto.

Respecto de esto último, aun cuando algún participante quisiera engañar a la autoridad ambiental y provocar un falso aumento de los apoyos por intereses personales, y asumiendo que no existiera un interés concreto de parte del Poder Ejecutivo, también se cuestiona la capacidad de controlar adecuadamente la documentación presentada, ya que es casi imposible no darse cuenta de la duplicidad de la información, de la posibilidad de contabilizar firmas apócrifas o listados sin firmas, o expresiones idénticas enviadas desde distintos correos electrónicos, y si la autoridad ambiental minera es engañada con tanta facilidad, entonces ¿que nos queda pensar cuando se enfrente a problemas significativos frente a la empresa minera?.

¿Cuáles son los delitos identificados en este ardid?

Si bien será el sistema judicial el que tipifique la comisión de delitos en esta instancia, es relevante traer a consideración que el Código Penal establece que, si un funcionario inserta, o hace insertar, información falsa a un expediente, puede configurarse el delito de Falsedad ideológica (art. 293), no cumplir con la obligaciones legales del cargo omitiendo el control de los sujetos obligados por la norma o negar información relevante, configura un incumplimiento de sus deberes (art. 248), así como si usa su cargo para encubrir o facilitar un engaño a la ciudadanía dictando resoluciones contrarias a la constitución o leyes, o ejercer funciones que no le corresponden, configura el delito de Abuso de Autoridad (art. 248 y 249), o si participa de un ardid para obtener un beneficio económico o político mediante el engaño estamos hablando de un fraude a la administración pública[1] (art. 174 inc. 5), o si falsifica documentos públicos o privados, comete un delito contra la fé pública (arts. 292 a 296). También puede haber responsabilidad penal por omisión si el funcionario tenía el deber de controlar y no lo hizo. Además, si por su accionar, beneficia a un tercero en forma económica o en otro sentido mediante la omisión del control, engaño o participación activa, también podemos agregar el delito de Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública (art. 265)

Conclusiones

El accionar del Poder Ejecutivo, a través de la Autoridad Ambiental Minera, ha permitido que una empresa logre la Declaración de Impacto Ambiental sin haber presentado toda la documentación requerida por las normas, manipulando información relevante que hubiera provocado mayores costos empresariales y la posibilidad de no llegar a tiempo para la inclusión en el RIGI si hubiera tenido que elaborar los estudios necesarios para reducir la incertidumbre científica o hubiera tenido que modificar la tecnología de los procesos de extracción de los minerales.

Además, logró acelerar los tiempos de aprobación al no convocar a opinión consultiva a todos los municipios potencialmente afectados por el proyecto, a pesar de que existen estudios, y hasta el mismo proponente, reconocen que el proyecto se asienta sobre dos cuencas y que, por esta razón, el área de influencia abarca una superficie significativamente mayor incluyendo a varios municipios de la cuenca.

Posteriormente, el dictamen técnico elaborado por la Fundación de la Universidad Nacional de Cuyo sorprendentemente omite cuestionamientos esenciales a la vida del proyecto y suaviza recomendaciones significativas que hacen algunos profesionales, logrando un tipo de cuestionamiento general que no es determinante para la continuidad del proyecto minero. Posteriormente, en vez de trasladarle la totalidad del dictamen técnico y sus cuestionamientos a la empresa, la Autoridad Ambiental Minera decide discrecionalmente enviarle un pequeño informe con algunos de los requerimientos, con solicitudes que en nada interpelan las carencias de base que posee el estudio ambiental.

Para completar el circulo de apoyo del gobierno hacia la empresa, la Autoridad Ambiental Minera decidió no regresar las respuestas de la empresa minera a los dictaminadores técnicos, haciendo uso de una resolución creada precisamente para este caso, y que vulnera legislación de mayor jerarquía.

Y en relación a la audiencia pública, y además de haber infringido la normativa sobre el sitio que debería realizarse y que ha sido ampliamente difundido, vulnerando el derecho a la información y a la participación informada, manipuló las cifras de la participación contabilizando dos y hasta tres veces un mismo dato, aceptando planillas con firmas apócrifas o de personas que provienen de otras jurisdicciones del país y que nada conocen sobre el proyecto minero, con una enorme logística donde intervinieron comités partidarios del frente gobernante, sindicatos afines, cámaras empresariales y otros, incluyendo a funcionarios públicos del senado con activa participación en la búsqueda de firmas, probablemente en horarios laborales y con dinero de los contribuyentes.

Todo esto podría constituir un ardid de enormes proporciones destinado a acallar la opinión pública contraria a la actividad megaminera, y volcarla hacia la idea falsa de que el proyecto minero posee licencia social, facilitando su aprobación. Esta hipótesis puede tener consecuencias penales para los funcionarios intervinientes y sus colaboradores externos, las cuales serán exploradas.