Mendoza no es un oasis por accidente geográfico; es el triunfo de la voluntad humana sobre la aridez, un pacto entre el agua, la tierra y el trabajo que hoy, en pleno 2026, estamos viendo romperse frente a nuestros ojos. Caminar hoy por nuestros departamentos productivos no se siente como la víspera de una fiesta, sino como el recorrido por una industria que está siendo asfixiada por una "pinza" implacable: la de un modelo macroeconómico nacional que desprecia la producción y la de un gobierno provincial que ha decidido que su mejor política agropecuaria es no tener ninguna.

El sector vitivinícola ha sido empujado por los cantos de sirena del "libre mercado" que, en la práctica, ha resultado ser un mecanismo de transferencia de recursos desde el productor hacia los sectores más concentrados. Se nos prometió que el ordenamiento de las variables macroeconómicas traería prosperidad.

Los números son demoledores y no admiten interpretaciones de color partidario. Entre diciembre de 2023 y fines de 2025, mientras la inflación nacional acumulada trepaba al 186%, el precio del vino tinto común apenas aumentó un 70%. Al mismo tiempo, los costos que realmente golpean la puerta de la bodega y la finca (gas, electricidad y vivienda) se dispararon un 393%. Esta brecha no es un "ajuste", es una sentencia de quiebra.

Estamos ante una crisis que no es climática. No fueron las heladas ni el granizo los que nos llevaron a perder USD 300 millones en exportaciones de vino en solo dos años, cayendo de los picos históricos de USD 1.100 millones a apenas USD 790 millones en 2025. Es el resultado de un "dólar planchado" y costos internos en ascenso que dejan a nuestros productos fuera del mundo.

Frente a este escenario nacional de exclusión, la respuesta del Gobierno de Mendoza ha sido el retiro estratégico y la indiferencia ante el eslabón más débil de la cadena, compuesto por los trabajadores y productores vitivinícolas que, en definitiva, son los más perjudicados. El Estado provincial ha decidido abandonar su rol de árbitro en una actividad donde el desequilibrio de poder es abrumador. El impacto de la crisis en el sector queda reflejado en la decisión de la Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines (FOEVA) de llamar a un paro nacional tras rechazar la oferta salarial propuesta en la última paritaria vitivinícola tras calificarla de “miserable”.

El caso del Banco de Vinos es el ejemplo más crudo de esta desidia. Creado por la Ley 9245 para evitar precisamente lo que hoy sucede (el hundimiento de los precios por exceso de oferta), el organismo se ha mantenido inmóvil frente al escándalo del sobrestock.

Hoy proyectamos para junio de 2026 un stock disponible de 9 meses. En un mercado sano, el stock de seguridad no debería superar los 5 meses. Sin embargo, el Estado provincial mira hacia otro lado mientras la uva se queda en la cepa porque el precio que ofrecen no cubre ni el acarreo. El mercado interno, ese corazón que latía a ritmo de 900 millones de litros anuales, se ha desplomado a 740 millones, dejando un consumo per cápita de apenas 16 litros, el más bajo de nuestra historia moderna.

El sálvese quien pueda como estrategia de Estado

La gestión provincial ha adoptado la lógica del "sálvese quien pueda". Han permitido el desmantelamiento de organismos estratégicos como el INV, han mirado en silencio cómo el gobierno de Javier Milei daba de baja el Proviar II (que ayudaba a miles de productores a ser más eficientes) y han abandonado herramientas clave como la lucha antigranizo o el financiamiento para cosecha.

El resultado de este retiro del Estado es la concentración: en la última década hemos perdido más de 16.000 hectáreas. No son solo números en una planilla; son familias que abandonan el surco, son localidades rurales que se apagan y es el desierto que recupera terreno. La vitivinicultura genera 146.000 puestos de trabajo; son 73 empleos por cada 100 hectáreas, una densidad social que ninguna otra actividad agroindustrial argentina posee.

Hacia una Mendoza productiva, no financiera

Hace años que el sector vitivinícola de la provincia viene perdiendo competitividad, sumado al completo abandono estatal como regulador, se agrega la suba de costos que impactan en nuestra bebida nacional cuyo principal mercado es el doméstico, el comportamiento de los principales costos, los cuales registraron aumentos muy superiores al promedio inflacionario: como los vinculados a vivienda, gas y electricidad crecieron un 393%, mientras que el transporte aumentó un 214%.  Necesitamos políticas integrales que ayuden a la eficiencia del productor y su rentabilidad, que es la única manera de ser competitivos y generar un plan agroindustrial serio, entendiendo que la vitivinicultura es el alma de Mendoza, su principal motor exportador (65% del total provincial) y su mayor generador de arraigo territorial.

Mendoza se encuentra en una encrucijada. O seguimos aceptando las "tres empanadas" de una gestión provincial que se resigna a ser un apéndice del ajuste nacional, o volvemos a creer en la Mendoza que construye sus propios oasis. La vitivinicultura no pide limosna; pide una política agraria integral que entienda que, si el productor cae, cae Mendoza entera.