Anabel Fernández Sagasti
Energía nuclear de la era Milei: de la promesa de ser líder global al desmantelamiento de la política nuclear histórica argentina
La senadora sostiene que el gobierno de Milei desmantela la histórica política nuclear argentina, contradiciendo sus promesas de liderazgo. Denuncia la parálisis de proyectos estratégicos como el CAREM, la fuga de recursos humanos y el abandono de la soberanía energética y tecnológica.
Mientras las grandes potencias del mundo piensan de manera estratégica el desarrollo nuclear por su reconocimiento como tecnología limpia y sostenible de energía frente a un mundo en el que cada vez somos más habitantes, en el que el aumento de las proyecciones de este recurso resulta fundamental para la seguridad energética y, en consecuencia, el desarrollo económico de los países, la República Argentina retrocede y desarticula un sector que desde hace más de setenta años supo estar a la vanguardia internacional.
En ese contexto, el gobierno de Javier Milei inicia su tercer año de gestión demasiado lejos de aquel discurso pronunciado en Casa Rosada en el que lanzó su supuesto Plan Nuclear prometiendo que Argentina sería un líder global en materia de la energía nuclear con fines pacíficos. Lo cierto es que, entre aquellas palabras y el desarrollo de una política seria, existe hoy un abismo signado por un sinfín de contradicciones entre su propuesta y las decisiones finalmente adoptadas.
Al día de la fecha no existen avances concretos en ninguna de las tres fases que el gobierno nacional propuso, de por si con plazos establecidos que resultan técnica e institucionalmente inviables toda vez que la primera de ellas consistía en la construcción de cuatro pequeños reactores modulares en el complejo Atucha para el año 2030, es decir en cuatro años, y ya van por el tercer año de gestión sin contar si quiera con el inicio de construcción de un reactor, ni mencionar cualquier pretensión de exportar pequeños reactores modulares.
La segunda fase consistía en exportar mineral de uranio, insumo fundamental para la energía nuclear, sin una planificación estratégica que involucre a las provincias por tratarse de recursos naturales cuyo dominio originario les pertenece, por imperio constitucional, y sin considerar la falta de legitimidad social y licencia ambiental, factores sumamente importantes para el desarrollo de cualquier proyecto productivo.
La tercera fase, consistía en montar servidores de inteligencia artificial en la Patagonia, va se suyo que sin las etapas anteriores, la tercera fase carece de viabilidad, además este tipo de desarrollo requiere de condiciones técnicas, energéticas y logísticas,
Todo ello, se complementa con la falta de claridad o error conceptual en la comprensión del rol histórico del sector nuclear, sumado a las políticas de ajuste presupuestarios aplicadas a los organismos institucionales científicos y técnicos y la precarización laboral que atraviesa el ámbito nuclear en nuestro país, constituye un escenario cuanto menos preocupante que pone en jaque las capacidades estratégicas y el know how de nuestros recursos humanos construido a lo largo de nuestra historia.
Ni mucho menos pensar, en estas condiciones, al sector nuclear como un modelo de negocio rentable, como sostuvo el secretario de asuntos nucleares, Federico Ramos Nápoli, lo único que podemos observar hasta ahora respecto a la rentabilidad en materia nuclear, son los sobreprecios e irregularidades de una licitación por los servicios de limpieza en Atucha y Embalse, centrales operadas por la empresa Nucleoeléctrica Argentina SA (NASA), aventura que culminó en un escándalo a partir del cual el directorio de la empresa terminó apartando a dos funcionarios, con el voto negativo del presidente de Nucleoeléctrica Demian Reidel.
El desarrollo nuclear en Argentina se remonta a la década de 1950, cuando el país inició un proceso de construcción de capacidades de investigación y de desarrollo comenzando a tener recursos humanos altamente capacitados permitiendo la autonomía en el manejo de las capacidades tecnológicas para el manejo del ciclo completo de combustible nuclear. Argentina junto a Brasil son los únicos países de la región que poseen estas capacidades propias.
Pensar al sector nuclear como un modelo de negocio de rentabilidad sin capacidades estatales consolidadas es ignorar el desarrollo político nuclear histórico no sólo a nivel local sino global. El sector nuclear debe ser una política de Estado que garantice la soberanía tecnológica y energética de un país.
Los países desarrollados lo piensan de esa manera. Analicemos el ejemplo de los Estados Unidos, país con el que el gobierno de Javier Milei le gusta extasiarse. La administración Trump ha tomado decisiones en materia nuclear con foco en la investigación para el desarrollo de nuevas tecnologías y reactores nucleares. Algo que también lo afirmó en el foro de Davos.
Además, utilizó como ejemplo a Francia, país que cubre su matriz energética en un 60 por ciento con energía nuclear y sus centrales nucleares son operadas por la empresa Electricité de France (EDF) renacionalizada por decisión política de Macron en el año 2022.
En síntesis, hoy el sector carece de una política nuclear coherente, sostenida y de largo plazo, mientras las potencias refuerzan su política nuclear como instrumento central de la transición energética y del desarrollo, la Argentina discute el sector desde slogans de mercado, vaciados de contenido y carentes de materialidad. El gobierno de Javier Milei por decisión política desmantela la política nuclear histórica que supo ubicar a nuestro país en la vanguardia internacional.
Esa política de Estado permitió a la Argentina construir la primera central nuclear de América Latina (Atucha I), desarrollar capacidades propias de investigación y formación de recursos humanos altamente especializados, y avanzar en el diseño de tecnologías innovadoras como el CAREM, un pequeño reactor modular que posicionó al país a nivel internacional. Hoy, ese proyecto estratégico se encuentra paralizado, con un grado de avance cercano al 60 por ciento, y cuya inversión ronda aproximadamente los 700 millones de dólares, sólo por nombrar estos dos ejemplos relevantes, entre otros.
En un sector estratégico como el nuclear, esta renuncia llevada a cabo, a través de decisiones política concretas por parte de este gobierno, se traduce en pérdida de capacidades, retroceso tecnológico, precarización laboral, fuga de recursos humanos y una creciente dependencia futura y pérdida de soberanía energética y tecnológica.
Habiendo trascurrido más de cuatrocientos días del flamante anuncio que Argentina sería un líder global en esta materia, el gobierno logró su objetivo: déficit desolador en política nuclear.
