Cada verano, cuando el fuego avanza sobre la Patagonia, no solo se queman árboles, también se rompen las economías locales y se pierde una parte de lo que somos como país. Por eso, hablar de incendios no es hablar de un hecho “natural” que pasa y ya, es hablar de decisiones, de prioridades y de la capacidad real del Estado para cuidar lo común con anticipación, no cuando ya es tarde.
Los números ayudan a entender la dimensión: distintos informes vienen estimando que la recuperación tras los incendios ocurridos en enero de 2026 en la Patagonia, puede costarle a la Argentina entre USD 1.100 y 3.700 millones por año. Ahí queda claro que lo que se destruye no es sólo madera, sino que es agua más limpia, aire más respirable y suelo más estable, es decir, servicios ambientales que sostienen la vida y la producción, y que tardan años en volver, si es que vuelven.
En la Patagonia esa pérdida se ve en el territorio, en la última temporada medida entre octubre de 2024 y marzo de 2025 se registraron 31.722 hectáreas de bosques andino-patagónicos incendiadas, y en Chubut, en enero de 2026, se informó un avance del fuego que ya supera las 21.000 hectáreas. Detrás de cada cifra hay familias, turismo, ganadería, apicultura, agua para riego y pueblos enteros viviendo con miedo y humo.
Frente a ese escenario, recortar la prevención es multiplicar el riesgo. De acuerdo con análisis difundidos en las últimas semanas, el proyecto de Presupuesto 2026 prevé una caída real del 71,6% para el Servicio Nacional de Manejo del Fuego respecto de 2025, y además se señaló que en 2025 quedó sin ejecutar el 25% del presupuesto asignado, recursos que podrían fortalecer equipamiento, capacitación y condiciones de quienes combaten el fuego.
Por eso es fundamental entender la importancia de leyes como la Ley de Glaciares y la Ley 7722, que funcionan como herramientas precautorias a favor de toda la sociedad y como límites claros frente a quienes sólo persiguen intereses económicos egoístas o mezquinos, muchas veces acompañados de promesas de riqueza que, en el largo plazo, terminan siendo una ilusión, porque la destrucción de ambientes glaciares y la contaminación del agua no generan desarrollo real, sino más pobreza, más desigualdad y menos oportunidades, y es desde esa mirada que resulta evidente que la salida a la crisis social que atraviesa nuestro país no está en profundizar un modelo extractivo sin controles, sino en construir uno más responsable con el planeta y con las generaciones que vienen.
Cuando, al mismo tiempo, se empuja una lógica de “todo vale” para acelerar actividades extractivas y flexibilizar controles, el resultado es un combo peligroso: más presión sobre ecosistemas frágiles, más conflictos por el uso del suelo, y menos capacidad estatal para prevenir y responder. Así, el incendio deja de ser una emergencia y se convierte en una consecuencia esperable, un ecocidio anunciado que se repite con más frecuencia y con más intensidad.
La salida existe y es razonable. Invertir en prevención cuesta menos que reconstruir, ordenar el territorio, sostener brigadistas todo el año, mejorar alertas tempranas, cuidar bosques nativos y planificar el desarrollo con límites claros. Todo esto no frena el progreso, lo hace posible, porque no hay futuro productivo, ni bienestar, ni trabajo durable, si primero se desfinancia lo que mantiene viva a la Patagonia y, con ella, a buena parte del país.
Por Emanuel Fugazzotto, diputado provincial del Partido Verde.
