En Mendoza tenemos una deuda institucional que ya no admite postergaciones: dar un marco provincial claro, moderno y uniforme para la autonomía municipal. La Constitución Nacional reconoce la autonomía de los municipios y, sin embargo, en nuestra provincia el debate aparece de manera intermitente, fragmentada, muchas veces empujado por hechos puntuales más que por una decisión política integral. El resultado es conocido: incertidumbre, tensiones interpretativas y un riesgo creciente de que la autonomía se termine resolviendo por la vía judicial en lugar de resolverse por la vía institucional y democrática.
En este escenario, el caso de San Rafael tiene un valor político-institucional que no podemos ignorar: ha dado el puntapié inicial para que Mendoza vuelva a hablar, en serio, de autonomía municipal. Más allá de las discusiones específicas que hoy se están dando en torno a ese proceso, lo relevante es el mensaje de fondo: el tema está vivo, y lo que hagamos ahora puede marcar el rumbo de los próximos años.
La autonomía municipal no es un capricho ni una consigna abstracta. Es madurez institucional. Es aceptar que los municipios no son meras delegaciones administrativas, sino gobiernos locales que deben tener herramientas reales para planificar su desarrollo, administrar con responsabilidad y responder a su comunidad con soluciones acordes a su territorio. Y también es reconocer algo de sentido común: es ilógico que el poder central pretenda regular con el mismo detalle realidades completamente distintas, por ejemplo cómo se organiza el transporte público, la prestación de servicios, la planificación urbana o la dinámica de políticas locales en comunidades que están a cientos de kilómetros de los centros decisorios. La provincia debe fijar un marco general y equitativo; el municipio debe tener margen para diseñar respuestas locales, con controles, transparencia y responsabilidad.
Ahora bien, cuando la autonomía no tiene reglas provinciales claras, ocurre lo previsible: los avances locales pueden generar objeciones, resistencias, interpretaciones cruzadas y, finalmente, conflictos judiciales. Y ahí aparece un riesgo serio para Mendoza: si seguimos transitando estos caminos sin una discusión de fondo a nivel provincial, podemos entrar en una dinámica de fallo tras fallo a lo largo del tiempo, con criterios que pueden variar, con incertidumbre permanente, con costos institucionales y económicos, y con una consecuencia particularmente dañina: que la autonomía se convierta en una disputa judicial interminable, en lugar de ser una construcción democrática, ordenada y previsible.
La Justicia, en definitiva, puede terminar discutiendo lo que la política debe resolver: cuáles son los alcances reales de la autonomía municipal en Mendoza, qué garantías mínimas deben respetarse, cuáles son las etapas, cómo se asegura la participación ciudadana, cómo se ordenan competencias y cómo se protege la equidad territorial para que todos los departamentos tengan reglas claras y oportunidades semejantes.
Por eso, el camino más sano para Mendoza es abrir y sostener el debate donde corresponde: en el ámbito provincial, con una ley que reglamente los alcances de la autonomía municipal. Una ley no reemplaza a la Constitución: la vuelve operativa. Define procedimiento, fija estándares, ordena competencias, fortalece controles y evita que cada intento, cada avance o cada desacuerdo termine resolviéndose en tribunales. También evita que la autonomía quede capturada por coyunturas o por asimetrías entre municipios, y permite construir un esquema que respete la diversidad territorial sin romper la unidad institucional de la provincia.
Lo que hoy estamos viendo es una señal clara: Mendoza ya no puede seguir mirando para otro lado. La autonomía municipal es una deuda pendiente y, como toda deuda institucional, cuanto más se demora, más se encarece en conflictos, en desconfianza y en oportunidades perdidas. San Rafael, con su iniciativa, puso el tema sobre la mesa. Ahora le toca a la Provincia hacer lo que corresponde: institucionalizar el debate y sancionar un marco provincial que ordene, garantice y haga posible la autonomía municipal para todos.
