San Rafael está a las puertas de un hito histórico. El próximo 22 de febrero, los vecinos tenemos la oportunidad de elegir a los 24 convencionales que redactarán nuestra propia Carta Orgánica. No es una elección más; es el acto de madurez cívica más importante de nuestra historia reciente. Sin embargo, en los últimos días hemos visto cómo desde la "vieja política" provincial se activan los mecanismos del miedo y la judicialización para intentar frenar este proceso.
La reciente impugnación presentada ante la Suprema Corte por el diputado José Luis Ramón no es un hecho aislado ni creo sea una preocupación jurídica genuina. Es el síntoma de un centralismo que no tolera que el interior tenga voz propia. Resulta paradójico que quienes se llenan la boca hablando de "república y federalismo" sean los primeros en correr a los tribunales para impedir que la gente vote. ¿A qué le temen? ¿Le tienen miedo a la voluntad popular?
Quiero ser muy claro con los sanrafaelinos para desterrar los fantasmas que intentan instalar.
Primero, la autonomía es un derecho, no un capricho. La Constitución Nacional, en su artículo 123, obliga a las provincias a asegurar la autonomía municipal. Mendoza lleva más de 30 años incumpliendo este mandato por una mora legislativa vergonzosa. San Rafael decidió dejar de esperar el permiso de una dirigencia provincial que vive de espaldas a nuestra realidad. No estamos violando la ley; estamos cumpliendo la Constitución Nacional ante el silencio de la Provincial.
Segundo, es mentira que la Carta Orgánica sirva para crear impuestos. La autonomía no busca afectar el bolsillo de los vecinos, sino corregir una inequidad persistente en la distribución y administración de los recursos provinciales. San Rafael realiza un aporte significativo al desarrollo de Mendoza, pero muchas decisiones estratégicas se concentran en el norte de la provincia. Fortalecer la autonomía es defender el derecho de nuestro departamento a gestionar sus propios recursos, definir prioridades locales y promover un desarrollo más equilibrado e inclusivo, y no según los intereses de un poder provincial centralista que hace décadas posterga al sur.
Tercero, la identidad no se negocia. San Rafael tiene una matriz productiva, cultural y geográfica única. No somos un barrio del Gran Mendoza. Necesitamos normas pensadas para nuestra agroindustria, para nuestro turismo y para nuestra extensión territorial. La "autonormatividad" que proponemos es, simplemente, el derecho a darnos nuestras propias reglas de convivencia.
Desde nuestra generación, junto a referentes de la cultura, la ciencia, el deporte y la producción nos hemos presentado a esta elección sorteando los aparatos partidarios porque vemos este proceso con esperanza, no con el cinismo de quienes llevan décadas ocupando bancas. Proponemos una Convención austera, rápida (90 días de trabajo), amplia y transparente. Un espacio donde queremos discutir que San Rafael queremos para los próximos años: la modernización del Estado, la protección de nuestro ambiente, el mejoramiento de nuestra democracia, terminar con el nepotismo y mayor agilidad y eficiencia de los servicios públicos
Al diputado Ramón, Cornejo, Casado y los que quieren suspender éstas elecciones para mantener sus privilegios, les decimos: no subestimen a San Rafael. Nosotros vamos a defender los intereses de nuestro Departamento, para que nunca más nos roben fondos como los de Portezuelo, originaria y legítimamente de San Rafael, que nos despojaron ante la mirada cómplice y pasiva de la dirigencia local en general.
Si creen que tienen mejores ideas, preséntenlas. Si creen que la autonomía es mala, debátanlo de cara a la sociedad. Pero no intenten ganar en un despacho judicial lo que no se animan a disputar en las urnas. El 22 de febrero, la respuesta al centralismo y a los privilegios será contundente: más democracia, más participación y, sobre todo, más San Rafael.
