La crisis del fentanilo contaminado que se cobró vidas en Buenos Aires, Santa Fe y otras provincias debería ser un llamado de atención. No se trata de un episodio aislado, sino de la consecuencia de decisiones políticas que desprotegieron a la sociedad frente a un problema que era evitable.
El rol del Estado y sus fallas
Desde hace meses existían alertas sobre irregularidades en el uso del fentanilo. Sin embargo, la respuesta del gobierno nacional fue desarticular al ANMAT, organismo responsable de regular y controlar estas sustancias. Esa desidia terminó costando vidas.
En lugar de asumir responsabilidades, el oficialismo busca trasladar la culpa a la provincia de Buenos Aires. Esa actitud no sólo es injusta, sino que también expone el riesgo de convertir una tragedia humana en un arma electoral.
Un patrón de gestión preocupante
Lo sucedido con el fentanilo no es un hecho aislado. Se suma a una serie de políticas que incluyen el ajuste en salud pública, la paralización de la obra pública, la caída de jubilaciones y salarios, y la apertura indiscriminada de importaciones que afecta a la producción nacional. Todo esto configura un modelo económico y social que deja desprotegida a la mayoría de los argentinos.
El drama del fentanilo es un espejo de lo que pasa cuando el Estado se retira de sus funciones esenciales. Es momento de repensar el rumbo antes de que la desidia se siga midiendo en vidas humanas y en el deterioro del país, más que nunca queda claro que LA MOTOSIERRA MATA.
