Hace poco más de un año comenzaba a funcionar el Centro de Estudios y Análisis de Seguridad de Mendoza (CEAS). En ese mismo contexto, y con un extenso paro judicial como telón de fondo, solicitamos una reunión con el Procurador Alejandro Gullé para conocer los alcances de las resoluciones 230 y 231 del Ministerio Público Fiscal, que implicaban una profunda reestructuración del sistema de oficinas fiscales.
La reunión, en la que también participó Andrea Chaves —coordinadora general del MPF—, dejó en claro el objetivo central de esta reorganización: concentrar oficinas, cerrar varias de ellas y reemplazar progresivamente la atención presencial por herramientas tecnológicas, como las denuncias web y los CEDEW. Una medida que, según Gullé, respondía tanto a restricciones presupuestarias (no hay fondos para sumar más ayudantes fiscales, pero sí para invertir en tecnología) como a la necesidad de adaptar el sistema judicial a un escenario delictivo cada vez más complejo y cambiante.
Así se oficializó el cierre de unas 14 oficinas fiscales en toda la provincia, casi la mitad de las existentes. En el Gran Mendoza, la reducción fue drástica: de 19 oficinas se pasó a solo 7. Los fiscales y sus equipos comenzaron a operar bajo esquemas de guardias activas, mientras se impulsaba el uso de los CEDEW (Centros de Denuncias Web), instalados en oficinas municipales, centros cívicos y otras dependencias públicas.
Desde CEAS, en paralelo, nos reunimos con intendentes, vecinas y vecinos, y operadores judiciales. El balance fue contundente: la mayoría expresó su desacuerdo con la decisión del MPF. Las razones eran diversas, pero coincidían en un punto crucial: frente a un hecho delictivo, la población sigue prefiriendo ser atendida por personal capacitado antes que autogestionar una denuncia en una computadora.
Visitamos los nueve CEDEW que estaban activos en ese momento. En todos ellos, la sensación fue la misma: incomodidad, desconfianza o directamente desconocimiento sobre cómo usar las plataformas. Muchas personas no sabían redactar una denuncia, no entendían el sistema o simplemente no se sentían contenidas.
Hoy existen 37 CEDEW en funcionamiento en Mendoza, y el MPF proyecta llegar a 230 para 2026. También se han sumado nuevas herramientas, como los tótems digitales y el sistema LEXA. Sin embargo, el acceso a la justicia sigue siendo una carrera cuesta arriba. La “cifra negra” del delito —esos hechos que no se denuncian— crece, incluso cuando desde lo oficial se busca minimizar el aumento delictivo.
Desde CEAS entendemos que la tecnología, bien aplicada, puede ser una aliada para agilizar trámites y optimizar recursos. Pero también advertimos que muchas personas —especialmente las más vulnerables— siguen necesitando atención humana. El verdadero desafío no está solo en modernizar, sino en garantizar que nadie quede afuera del sistema.
Porque una denuncia que no se realiza, es un delito que no existe.
Por Marisa Garnica, directora del Observatorio de Seguridad CEAS Mendoza
