República: recalculando con esperanza

Esta semana nos ha sorprendido con la decisión de Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien, por unanimidad, rechazó los recursos intentados contra la condena de Cristina Fernández de Kirchner y otros implicados en la causa denominada “Vialidad” consistente en irregularidades cometidas en beneficio económico propio en más de cincuenta contratos de obra pública. Condena confirmada: seis años de prisión e inhibición perpetua para el ejercicio de cargos públicos.

No nos sorprendió el previsible resultado de tanto trabajo judicial coherente, sino la velocidad de respuesta; ha sido determinante frente a posibles estrategias dilatorias como las que caracterizaron casos anteriores como el de “Menem” en la causa “Armas”. Podemos afirmar que hemos puesto a asar un “pescado gordo” como algo inevitable e imprescindible según aconseja Robert Klitgaard, máximo experto en temas internacionales de corrupción.

El rechazo alcanzó también al intento de la Procuración General de la Nación quien, a cargo de llevar adelante el impulso del proceso penal, consideró exigua la condena pidiendo el doble de años debido a que, según su criterio, se encontraba probada la existencia de una “asociación ilícita” de los condenados. Figura difícil de comprender para quienes no son expertos en Derecho ya que no basta para su configuración la presencia efectiva de muchas personas, o su forma organizada, sino que es necesaria la persecución e intención consciente y asociada de cometer múltiples y distintos delitos; algo que debería haberse acreditado y la condena no receptó.

La Corte, no es quien los condenó, sino que sólo rechazó los argumentos mediante los cuáles pretendían cuestionar la negativa a la apertura de un recurso federal ante ella contra la condena definitiva dictada por la Cámara de Casación Penal de la Nación cuando revisó en última instancia, y en forma amplia, la sentencia del Tribunal Oral Federal nro. 2; todo ello por vía de una queja directa contra ese rechazo producido también por la misma Cámara de Casación.

Con menor prolongación temporal que en casos anteriores, que duraron hasta catorce años (casos “María Julia Alzogaray”, “Menem”, “Jaime”, “López”, “Tragedia de Once”, “Boudou”, “De Vido” -absuelto en esta causa-), el proceso atravesó múltiples interferencias y complicaciones debido a la relevancia política de sus efectos que hoy observamos con claridad.

Inevitablemente, la presencia de la hoy condenada expresidente de la Nación, fue ocasión propicia para numerosos planteos políticos tendientes a cuestionar los procedimientos, sus autores y funcionarios judiciales intervinientes, quienes debieron avanzar en terreno muy complejo y plagado de artilugios legalistas que finalmente fueron descartados en su totalidad por la sentencia de condena.

Tampoco puede escapar al análisis el dato objetivo de que no existe en el país algún magistrado federal que no haya pasado por el acuerdo del Senado de la Nación donde desde diciembre de 1983 tiene mayoría el partido político que hoy preside Cristina Fernández de Kirchner; tampoco el hecho de que los integrantes del máximo Tribunal de Casación fueron nombrados conforme a su propia propuesta al Senado de la Nación.

De modo ordenado, la Corte Suprema analizó y rechazó cada uno de los ataques intentados contra esa sentencia confirmándola en su totalidad, pues también rechazó el agravante pretendido por la Procuración General; quien, por su parte soportó agresiones, suspensiones, y mantuvo en todo momento el sostenimiento de su acción persecutoria.

No sería un análisis comprensivo si no hiciéramos mención, aunque no alcancemos a llegar hasta su exposición, de los hechos similares de tipo político, coetáneos con este proceso, acontecidos en Brasil, contra el hoy presidente Lula Da Silva; contra el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump; contra los presidentes de Bolivia, de Colombia, del Perú y de Ecuador. 

Algunos de los mencionados se encuentran prófugos, otros condenados en prisión, uno de ellos suicidado antes de su sometimiento (Alan García en Perú) y otro de ellos absuelto formalmente como es el caso de Lula, por la misma Justicia que lo condenó y mantuvo en prisión por largo tiempo, y que reconoció el error cometido. Detalle éste muy importante para ser ponderado por quienes intentan buscar semejanzas con el caso que analizamos; no las hay.

Momentos de prueba muy compleja para el accionar de los poderes judiciales de la región; pues son prolijamente cuestionados en toda el área -no sin algo de razón-, aunque el ataque en exceso llega a su misma legitimidad de origen democrático constitucional -se reclama el cambio del régimen mismo de designación-.

Las características de nuestra política actual no permitirán que se cierre con facilidad el debate; continuará la discusión, pero transcurrirá sobre el andamiento del funcionamiento de las instituciones de nuestra República y su endeble división de poderes. Ocasión para reflexionar críticamente sobre ellas; es buen momento. Existe coincidencia evidente de la inexistencia de “lawfare” y sobre la coherencia de la acción fiscal; también han quedado en evidencia los errores técnico-jurídicos de los planteos formulados durante el proceso por parte de los abogados a cargo de la defensa de los finalmente condenados (algo previsible cuando el enfoque defensivo es dirigido a, y se restringe a, ataques en lo político, mediático y personal).  

No vemos posibilidades a planteos de nivel Interamericano, ante la Comisión en Washington contra la República Argentina (para ir luego -si pasa- a la Corte de San José de Costa Rica), pues entre las causales de limitación al derecho al “acceso a las funciones públicas” se encuentra expresamente la “condena, por juez competente, en proceso penal” (art. 23, c,2 de la Convención Americana de DDHH). En todos los casos el final sería de nivel de indemnización y nunca de revocación de sentencia porque ese tribunal internacional no es instancia de revisión de fallos de nuestra Corte Suprema.

La decisión, sin duda, pone un escalón cualitativo muy importante en la política argentina de estos tiempos. Pues clarifica situaciones, deja abierta la posibilidad de -y obliga a- avanzar necesariamente con otras causas que involucran a altos conductores de otras fuerzas políticas, como -entre ellas- a las que, hasta no hace mucho, y a las que aún hoy nos gobiernan, en los distintos niveles nacional y provinciales.

La decisión también resulta muy oportuna en momentos en que se nos convoca a acordar entre las distintas fuerzas políticas y sociales; a bajar la tensión de agravios, insultos y agresiones. Se nos invita a tender puentes y a dejar de lado la elaboración de identidades políticas sobre la base de la construcción de enemigos. Algo propio de los populismos que nos azotan desde todo el amplio espectro político de modo generalizado.

Es necesario que dejemos trabajar a la Política que desde la Nación nos presenta un cuadro complejo en la medida en que debemos reconocer el legítimo triunfo de las fuerzas de oposición en las legislativas y del oficialismo en el balotaje hace dos años. Ese resultado pone en evidencia la necesidad de un acuerdo razonable para avanzar juntos.

Y avanzar juntos hoy consiste en cerrar conflictos como la integración completa de la Corte Suprema, el nombramiento del Defensor del Pueblo de la Nación (ausente desde 2009) y del Procurador General de la Nación; y en la construcción de los regímenes (contenidos en “una ley convenio”) de coparticipación que prevé la Constitución Nacional.

Las consecuencias del fallo en el terreno político deben ser tomadas como una oportunidad de recomposición de fuerzas sobre otras bases de ponderación, en donde la mayor virtud de algún candidato o candidata no consista en no ser el otro, ni ese otro un enemigo. Pero su fortaleza depende esencialmente en que signifique un verdadero quiebre de tendencia en la impunidad; por ello es imprescindible el avance en esas otras causas donde hay otros implicados, o donde ella misma está acompañada de otros poderosos de hoy. Ahí sí podremos decir que hay un progreso alentador.

 ¡Entonces sí se abre una esperanza republicana!