Bodegas de Argentina, cámara del vino que nuclea a más de 200 empresas del sector vitivinícola, emitió días atrás un comunicado mediante el cual pone en conocimiento su apoyo a la derogación de la Ley 25.849 (COVIAR), y explica los motivos de su postura.
1. Creación de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR):
Creada por la Ley 25.849 como persona jurídica de derecho público no estatal, destinada a gestionar y coordinar el “Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2020” (PEVI 2020).
Financiación: contribuciones del sector privado (obligatorias solo para bodegas) y público (gobiernos nacional y provinciales); no obligatoria para productores ni cámaras empresarias. También existen aportes internacionales.
Unidades ejecutoras: acciones a cargo de instituciones designadas como WOFA (promoción internacional) y Fondo Vitivinícola de Mendoza (mercado interno).
2. Incumplimiento de la Visión y Objetivos del PEVI 2020:
La visión al 2020 era posicionar la industria vitivinícola argentina de forma sostenible, alcanzar USD 2.000 millones en ventas y participar con el 10% del volumen mundial de exportaciones.
Resultados 2020:
Participación mundial: 3,7% (vs. 10% esperado).
Exportaciones: USD 791 millones (vs. USD 2.000 millones esperados).
Caída del 30% en el consumo per cápita en Argentina.
Resultados a marzo 2025:
Facturación total: caída del 42% desde el máximo en 2012.
Volumen total: caída del 34,5% desde el máximo en 2008.
Participación internacional: 1,8% en volumen (máximo 3,7% en 2020).
Consumo interno: cayó un 46% (de 29,9 lts/cap en 2004 a 16,2 lts/cap en 2024).
Superficie de viñedos: caída del 10% desde 2014.
Empleo: caída del 12,4% en viñedos y 8,1% en bodegas.
3. Montos aportados:
2004-2020:
Aportes privados: USD 100 millones.
Aportes estatales: USD 130 millones.
Total: USD 230 millones.
Se critica la falta de rendición de cuentas, auditorías, y la transparencia sobre el uso de los fondos.
4. Objeciones de Bodegas de Argentina a COVIAR:
Institucionales:
No es una cámara de asociación voluntaria; las alícuotas son obligatorias.
Ya no representa a la vitivinicultura argentina; su plan finalizó en 2020.
Estructura mixta (privados y gobierno) genera conflicto de intereses.
Confunde a autoridades y consumidores.
Direccionamiento de gastos:
Gastos en promoción de la misma COVIAR, eventos políticos, contratación de lobbistas y periodistas, duplicación de esfuerzos ya realizados por cámaras.
Económicas:
El sector está en crisis, busca eficiencia, y soporta una alta presión fiscal (el aporte obligatorio representa un 0,5% del costo de producción).
Conclusión:
Bodegas de Argentina apoya la derogación de la Ley 25.849, argumentando que la COVIAR ya no agrega valor al sector ni a los consumidores.
