Piden elevar a juicio la causa contra Daniel Orozco y Janina Ortiz

Este viernes el fiscal Juan Tichelli solicitó la citación a juicio de los imputados en la causa del desvío de fondos municipales de Las Heras a través de la Cooperativa de Trabajo Manos a la Obra. La fiscalía apunta al exintendente Daniel Orozco, su esposa Janina Ortíz y el exfuncionario Osvaldo Oyhenart como los autores materiales del delito de peculado.

El requerimiento se dio a conocer este 18 de julio y además de Ortiz, Orozco y Oyhenart acusa como "participes necesarios" a Juan Pablo Pandolfi, Hernán Matías Mostaccio, Daniel Germán Herrera y Adrián Pérez. Por último, se les atribuye la comisión del delito de peculado culposo a Mauricio Valle, Carlos Nofal, Mauro Homan, Leandro Tassi, Javier Tolin y Patricia Díaz por su intervención en los expedientes como funcionarios municipales.

Los más complicados son Osvaldo Oyhenart y Janina Ortiz, a quienes además de peculado los imputan por el delito de uso de documento público falso en concurso real en función de la presentación de planillas falsas de prestación de servicio en los cuatro expedientes administrativos referidos en la causa.

En concreto, el Ministerio Público sostiene que Orozco, Oyhenart y Janina Ortiz desviaron 35 millones de pesos del municipio a la cooperativa Manos a la Obra por servicios de limpieza que no se pudieron acreditar. La maniobra se realizó a través de cuatro expedientes que han sido observados en el marco de la causa.

Las maniobras investigadas tuvieron lugar entre el año 2021 y 2023, cuando en el marco de la campaña electoral se ventilaron audios que hablaban de posibles irregularidades en el manejo de la cooperativa Manos a la Obra. En el audio se escuchaba a Oyhenart ofrecer contratos sin prestación a cambio y se abrió una investigación de oficio.

La causa estuvo teñida de especulaciones políticas porque se inició poco tiempo después de que Daniel Orozco rompiera con Cambia Mendoza y se convirtiese en candidato a vicegobernador en la lista de La Unión Mendocina que encabezaba Omar De Marchi.

Según la fiscalía, Orozco, Oyhenart y Ortiz son los autores materiales del delito de peculado, mientras que Pandolfi, Mostacchio, Herrera y Pérez fueron participes necesarios de la maniobra delictiva. Mientras tanto, al resto de los funcionarios municipales se los acusa de negligencia o inobservancia de los reglamentos o deberes de su cargo.

"Así las cosas, primero fue el Intendente Mario Daniel Orozco, quien ordenó realizar la maniobra u operación referida, solicitando a los funcionarios Pandolfi y Mostaccio que regularizaran la Cooperativa de Trabajo Manos a la Obra Limitada, de manera que esta pudiera participar en licitaciones públicas y/o en contrataciones directas ante el ente municipal, motivo por el cual, los mencionados Pandolfi y Mostaccio coordinaron y gestionaron las distintas inscripciones, altas y autorizaciones de la cooperativa antes señalada y las de su presidente, el mencionado Adrián Alejandro Pérez, ante los organismos públicos competentes como INAES, AFIP y ATM, realizando todo esto a espaldas de los supuestos integrantes de la cooperativa para ocultar la finalidad de la maniobra ejecutada. Posteriormente, mediante la injerencia directa del SubSecretario de Políticas Sociales, Osvaldo Oyhenart, bajo la fachada administrativa de reforzar el servicio de limpieza departamental, de potenciar políticas de inclusión o contención social y de trabajo remunerado y digno para personas vulnerables de Las Heras, se iniciaron cuatro procesos administrativos, dos licitatorios y dos de contratación directa, que fueron direccionados y utilizados administrativamente para que la cooperativa nombrada participara de los mismos y para así obtener distintas sumas de dinero en distintos tiempos con un claro perjuicio para el patrimonio público municipal", se puede leer en el requerimiento de elevación a juicio firmado por Juan Tichelli.

"En tal inteligencia, los dos elementos estructurales del tipo objetivo del delito de Peculado se encuentran prima facie reunidos en el caso que nos ocupa: los fondos 'aplicados a servicios de limpieza' irregulares fueron 'extraídos' del erario público municipal. Por otra parte, los autores principales cumplían funciones en el Municipio de Las Heras en puestos que tenían a su cargo la administración de estos fondos", señala Tichelli para sostener la calificación legal.

El artículo 261 del Código Penal establece penas con reclusión o prisión "de dos a diez años e inhabilitación 69 absoluta perpetua, el funcionario que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo”.