En 2019, la sanción de la ley 9209 que modificó a la 7722 fue sancionada el 20 de diciembre. El entonces gobernador Rodolfo Suárez, había dicho durante toda su campaña política que avanzaría con la minería metalífera si ganaba las elecciones. La candidata del Justicialismo, Anabel Fernández Sagasti, tenía una postura similar.

Confiado en que los votos implicaban poder avanzar con el desarrollo minero, al otro día de asumir la gobernación, Suárez mandó a la Legislatura la modificación de la 7722.

Al igual que ahora en 2025, poco tiempo tuvieron los legisladores para analizar la ley en las comisiones respectivas. En 10 días el proyecto de Suárez, que pasó a ser conocido por Ley Cianuro debido a que dejaba la posibilidad de usar esa sustancia para la explotación minera, pasó por las comisiones, el Senado lo aprobó y finalmente lo convirtió en ley la Cámara de Diputados.

A partir de ese momento y durante una semana los movimientos ambientalistas y antimineros realizaron movilizaciones casi todos los días. La más impactante fue la del 26 de diciembre cuando llegó una multitud desde el Valle de Uco a la Casa de Gobierno.

En el cuarto piso se vivía tensión y desconcierto. Evaluaban enviar otra ley que permitiera solo la actividad minera metalífera en Malargüe. Una tarde, esperaban al entonces ex gobernador Alfredo Cornejo para tomar alguna decisión. “Cornejo llegó, no habló demasiado y se fue diciendo que tenía un partido de fútbol”, recordaba por esos días un radical, queriendo explicar con el comentario lo solo que lo dejaron a Suárez. El primero en saltar el barco fue el ex intendente de Las Heras, Daniel Orozco. “Nos juntamos con él, le pedimos que agregara en la ley todo lo que quisiera y después cuando vio las movilizaciones comenzó a criticar la minería”, decían algunos miembros del Gobierno de Suárez.

Hasta que finalmente, el 27 de diciembre, a una semana de haber sido sancionada la ley que modificaba la 7722, Suárez anunció que daría marcha atrás con la medida porque advertía que no había licencia social. El miedo real era que surgiera algún emergente político, capitalizara el descontento social y se transformara en votos contra el Gobierno el enojo de la gente.

La ley ni siquiera alcanzó a ser publicada en el Boletín Oficial, con lo cual no llegaron a presentarse acciones judiciales en su contra. “El Gobierno de Suárez llevaba casi dos semanas y estaba prácticamente acabado, mal no le vino la pandemia”, recuerdan los analistas. Tal era la confusión, que consultado un asesor cercano que viene desde hace 10 años vinculado a las gestiones de Cambia Mendoza, sobre qué iban a hacer en la economía sin minería; contestó: “Apostaremos por el aceite de cannabis”.

Desde el cornejismo siempre subestimaron las protestas antimineras que se dieron en el gobierno de Suárez. “Las movilizaciones en contra del ítem aula eran mucho más numerosas”, decían para bajarle el precio al ex gobernador.

Pero bueno, Cornejo no es Suárez. Muy difícil será que dé marcha atrás y seguro hasta disfrutará de la contienda con los antimineros. Sería como a él le gusta, en superioridad de condiciones y dispuesto a cualquier cosa apelando al orden. Ahí radican las diferencias: qué estaba dispuesto a hacer Suárez y qué está dispuesto a hacer Cornejo para mantener la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) si escala el descontento en las calles.

Algunas de las dudas sobre San Jorge

Para los que ayer hablaron de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), les dejo estos conceptos del abogado especialista en Derecho Ambiental Aldo Rodríguez Salas, quien explicó claramente en un texto publicado en El Medio, lo siguiente: “…aun cuando el Departamento General de Irrigación manifiesta que otorga “viabilidad sectorial condicionada al proyecto PSJ Cobre Mendocino”, tal enunciado no desplaza el mandato constitucional de prevención ni habilita a presumir cumplidos los estudios pendientes. La condición futura no sustituye la demostración presente, tal como lo exige el art. 12 de la Ley 25675 y el art. 254 del Código de Minería; la viabilidad sectorial condicionada no equivale a la autorización anticipada que la normativa ambiental reserva a una DIA fundada y completa”.

Y luego agrega: “En la DIA de San Jorge parece haberse consolidado una llamativa premisa en la interpretación sostenida por la autoridad estatal: que los dictámenes técnicos —según su habitual terminología, “sugerencias”, “recomendaciones” o “requerimientos”— tendrían la virtud de suspender, redefinir o reprogramar a conveniencia los requisitos legales previstos para la evaluación ambiental previa. Dicho de otro modo, según la interpretación ministerial, serían dictámenes capaces de hacer lo que ni la ley ni la Constitución pueden hacer: autorizar hoy, estudiar mañana y prevenir pasado mañana”.

Con relación a los estándares internacionales señaló: “El Estado sostiene que la DIA del proyecto San Jorge habría sido elaborada bajo “altos estándares internacionales”. Si ello fuera así, nos encontraríamos frente a una innovación jurídico-ambiental de alcance global: estándares internacionales sin estudios previos completos, sin línea de base suficiente, con condicionamientos diferidos a fases posteriores y con controles que comienzan donde debería haber concluidos los diagnósticos. De confirmarse esa teoría, la comunidad internacional deberá ser informada de este notable avance metodológico: la evaluación ambiental sin evaluación previa”.

Hay otras dudas referidas a las regalías, el empleo y antecedentes que preocupan con relación a los incumplimientos contractuales. El miedo que genera la minería en esta etapa no está dado tanto por los derrames, es más bien por Cornejo y su poco apego a la ley.

Las regalías mineras en otras provincias son cobradas en función de la facturación de la empresa, esto hace que se reciba más dinero que lo que se percibe por “boca de mina”. Es que en el sistema que utilizará Mendoza, que es este último, se descuentan los costos de la minera. “Llegaban a poner hasta el gasto de hotel de personas que venían y ni nos constaba”, manifestaba un funcionario de otra provincia cuando usaban el mismo tipo de cobro que está en la ley de regalías con media sanción de Diputados. Además de cobrar mal, podrían haber impuesto alguna cláusula de incremento en caso que el precio del cobre suba; debido a que su valor seguro subirá por la alta demanda que existe. Tampoco hay, como en otros lados, un porcentaje (aparte de las regalías) para inversiones en los departamentos en los que se desarrollen emprendimientos mineros. Todo esto, en otras provincias se hace y las empresas mineras siguen.

Sin compre local será difícil cumplir con las expectativas laborales que se están generando entre los mendocinos. La empresa dice que se van a crear casi 4.000 empleos durante la construcción y 2.400 en la fase de explotación. Estas cifras se ponen en duda, debido a que en Mendoza no habrá una ley que priorice a proveedores o trabajadores locales, como sí se promueven en otras provincias.

“Las leyes de compre local se podrían declarar hasta inconstitucionales, no corresponden. No se pueden crear fronteras donde no las hay”, sostuvo la ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre durante el panel “Políticas de Estado, minería y desarrollo” de la Argentina Mining Cuyo 2025, realizada en Mendoza fines de octubre. Con leer la Declaración de Impacto Ambiental de San Jorge podemos ver las limitaciones sobre Derecho Constitucional que tiene la ministra. Bueno, en el Gobierno apelan a “darle oportunidades a las pymes para ampliar su base de negocios y que sean competitivas”. Suerte con eso, las pymes deberán competir casi sin capital y sin experiencia, con las empresas de otras provincias y de otras naciones, que ya tienen sobrada capacidad en lo que a tareas mineras se refiere.

Inseguridad jurídica. El perdón a minera Aguilar, la empresa de José Luis Manzano, a la que el gobierno de Cambia Mendoza le vendió el 88% de las acciones de Potasio Río Colorado, por no haber construido la planta piloto, es un pésimo inicio que torna muy oscuro el desarrollo minero de Mendoza. Los que querían que se desarrollara minería en Mendoza, están con gusto a pólvora porque no resultaron las cosas como debían ser. Insisto, el peligro es Cornejo.

Algunos registros indican que fueron 50 mil personas las que se concentraron en la Casa de Gobierno el 26 de diciembre del 2019. Anoche ya andaban por las calles del centro unas 20 mil personas quejándose por la aprobación de la DIA. La investigadora especialista en temas ambientales, Lucrecia Wagner, dijo que los funcionarios y legisladores avanzaron con la modificación porque olvidaron que “hay una memoria larga en Mendoza, una sociedad que se forjó en oasis de riego, en una cultura del agua, en su perfil agrícola y a partir de una institucionalidad ambiental pionera”.