El Gobierno provincial, a través de un reciente decreto, ha aceptado un recurso de alzada interpuesto por la hija de una afiliada de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Abogados y Procuradores de Mendoza, obligando a la institución a reconocer la cobertura total de una internación médica previamente denegada.
El litigio se originó cuando la Caja Forense rechazó la extensión de la internación de una afiliada de 86 años, quien sufrió complicaciones tras una fractura de cadera. La entidad había cubierto inicialmente un periodo, pero se negó a reconocer los días adicionales, argumentando que la paciente había estado en "condiciones de alta" y que la demora en el traslado a otra clínica era responsabilidad de la familia. Esto generó una deuda que, además, bloqueó el acceso de la anciana a su medicación esencial.
Sin embargo, la defensa de la afiliada, liderada por su hija, Mariana Levy, sostuvo que la Caja interpretó erróneamente la situación. Argumentaron que la historia clínica del Hospital Italiano indicaba claramente la fecha real de alta (días después de lo reconocido por la Caja) y que la paciente se encontraba bajo tratamiento intravenoso, lo que impedía un alta temprana. Además, se enfatizó que la responsabilidad de coordinar el traslado recaía en el hospital y, por extensión, en la propia Caja, como proveedora integral del servicio de salud.
La apelación se fundamentó en principios legales y constitucionales, como el principio pro homine, que prioriza la protección de la persona humana, y la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Se argumentó que la decisión de la Caja era abusiva, desvirtuaba la finalidad del contrato de servicio y vulneraba el derecho a la salud de una persona vulnerable.
El decreto gubernamental, tras un análisis exhaustivo, concluyó que la Caja Forense había omitido el cumplimiento de la normativa aplicable y de los principios que rigen el procedimiento administrativo. Por ello, se revocó la resolución impugnada y se ordenó a la Caja emitir una nueva decisión que se ajuste a derecho, garantizando la cobertura de todos los días de internación hasta el alta efectiva de la afiliada. Este fallo sienta un precedente relevante para la defensa de los derechos de los consumidores y la protección de los adultos mayores en el ámbito de la salud en Mendoza.