Las elecciones de autoridades del Colegio de Abogados dirimen mucho más que el nombre de la persona que estará al mando de la institución. El control por parte del Ejecutivo provincial le ha permitido al gobierno tener mayorías en el Consejo de la Magistratura, órgano mediante el cual se nombran y sancionan magistrados. Lo que muchas veces fue una batalla subterránea que apenas se mencionaba, en esta oportunidad se ha convertido en el eje de la campaña. 

Profesionales del derecho ven con malestar que el Colegio de Abogados funcione como resorte del Poder Ejecutivo conducido por Alfredo Cornejo. En las últimas elecciones se enfrentaron tres listas y el oficialismo logró imponerse de forma contundente. Pero el malestar no se ha aplacado y así lo ha hecho público el candidato de Alternativa Profesional Autónoma, Alejandro Poquet.

Días atrás Poquet habló de un "trampolín" que funciona en el Colegio de Abogados para llegar a cargos judiciales o ejecutivos. También es evidente que las listas del oficialismo están integradas por abogados que actualmente se desempeñan en la gestión provincial. Es el caso de la candidata a presidenta de la lista oficialista Alejandra Lanci, hija de un histórico dirigente radica y empleada de a Asesoría de Gobierno de la provincia.

Lanci está anotada para convertirse en jueza civil y la historia reciente muestra que ser autoridad del Colegio de Abogados allana el camino para serlo. Por ejemplo el exvicepresidente del Colegio, Pablo Bittar, siguió ese camino. También ocurrió lo mismo con el exvicepresidente Sebastián Soneira, hoy fiscal civil y produrador adjunto de Alejandro Gullé.

Para llegar a ser jueces o fiscales necesitan que el gobernador proponga sus pliegos y eso le quita autonomía al Colegio de Abogados. Pero al mismo tiempo, al Ejecutivo también le interesa el asiento que ocupa el Colegio de Abogados en el Consejo de la Magistratura, órgano clave para la selección aspirantes a jueces.

Por ese motivo en las últimas elecciones del Colegio de Abogados se ha notado un importante despliegue logístico desde Casa de Gobierno para que profesionales del derecho vinculados al Ejecutivo y la militancia de Cambia Mendoza vayan a votar.

Gracias al control del Consejo de la Magistratura el gobierno ha podido impulsar como candidatos a magistrados a funcionarios y militantes como Daniela Torres y Leonardo Camacho, estrechamente vinculados a Cambia Mendoza.

En la actualidad existen numerosos cargos judiciales a cubrir, especialmente en el fuero civil y de paz, tanto en primera como en segunda instancia. La posibilidad de incidir en esas designaciones no es menor: impacta directamente en la orientación de decisiones judiciales en áreas sensibles.

En medio del debate por los comentarios del presidente de la Corte, Dalmiro Garay, por las críticas de la "prensa libre" contra la falta de independencia del Poder Judicial, la lista opositora que pelea por la conducción del Colegio de Abogados desliza que el problema de la independencia judicial en Mendoza no radica en hechos aislados, sino en la consolidación de una estructura donde el acceso a la magistratura, la permanencia en determinados espacios y la proyección profesional pueden depender —en mayor o menor medida— de la relación con el poder político".