El Gobierno envió al Congreso el proyecto que modifica los puntos centrales de la ley de Emergencia en Discapacidad, que ya fue vetada por el presidente Javier Milei, aunque también fue ratificada por ambas cámaras con amplía mayoría, en una controvertida pulseada entre el oficialismo y la oposición.

Se trata del proyecto de ley Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez, una iniciativa que ingresó por el Senado y que promueve una reformulación del régimen de pensiones no contributivas por invalidez laboral.

Tal como se acordó este viernes durante la reunión de la Mesa Política que comanda Karina Milei, la reforma se fundamenta en un informe que reveló un fuerte crecimiento de los beneficios entre 2003 y 2023, al pasar de 76.000 a 1,2 millones de pensiones. A partir de estos datos, el Gobierno busca, a través de la Secretaría de Discapacidad, instalar nuevas medidas de fiscalización y control.

En este sentido se promueve una serie de auditorías periódicas para verificar el cumplimiento de los requisitos documentales, socioeconómicos y médicos de los beneficiarios. La fiscalización incluirá cruce de información entre la ANSES, ARCA, SINTyS y otros organismos públicos. Si surge algún incumplimiento, la autoridad de aplicación podrá dictar la suspensión preventiva.

Entre otros cambios se incluyó un artículo que faculta a la Secretaría de Discapacidad a exigir un reempadronamiento obligatorio de todos los titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral. Se otorga un plazo de 90 días con la posibilidad de prorrogarse por otros 30 para que los beneficiarios actualicen su información personal, socioeconómica y médica, una medida que fue cuestionada por las organizaciones sociales y la propia oposición en el Congreso.

Sin embargo, se prevé que la reglamentación deberá facilitar modalidades presenciales, remotas o mixtas, teniendo en cuenta las particularidades territoriales y las condiciones de accesibilidad. Se deja en claro que aquellas personas que no cumplan con el reempadronamiento sufrirán una suspensión automática de la pensión hasta la baja del beneficio.

El proyecto del Gobierno modifica el artículo 4 de la ley de Emergencia en Discapacidad y puntualmente va contra el financiamiento de la  Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que dejó de existir tras el escándalo generado por la difusión de una serie de audios por presuntos pagos de coimas. Se eliminó uno de los incisos que hacía referencia a los programas de inclusión de las personas con discapacidad como a la promoción de programas de reconocimiento de empresas.

En la propuesta se ratifica que la pensión por discapacidad consiste en una prestación mensual equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, pero elimina la facultad que otorgaba al Poder Ejecutivo aumentar en concepto de invalidez laboral y de zona geográfica desfavorable.

También se apunta a modificar el artículo 7 de la ley de emergencia que permitía mantener la pensión no contributiva en el caso de que el beneficiario acceda a un empleo cuyo ingreso no supere los 2 salarios mínimos vitales y móviles. El Gobierno directamente declara la incompatibilidad de la pensión con cualquier vínculo laboral formal.

A diferencia del texto que salió del Congreso, el proyecto enviado desde la Casa Rosada define el costo fiscal de las pensiones y de la atención médica asociada, asignando las partidas al Ministerio de Salud y previendo compensaciones presupuestarias desde el Tesoro.

Al respecto se elimina -si la iniciativa es aprobada- un artículo que actualiza los aranceles de la atención de acuerdo a la movilidad jubilatoria. El fundamento es que la norma se redactó sin precisar el origen de los recursos aunque, vale aclarar, que al momento de tratarse no había ley de presupuesto.

En otro de los artículos que se pretende modificar se deja en claro que la universalidad no implicará la homogeneidad de aranceles ni de modalidades de financiamiento entre las jurisdicciones, sino la garantía de "un piso mínimo prestacional común, definido por estándares de calidad, oportunidad y adecuación de las prestaciones", según lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Ahora, el Gobierno también abre la posibilidad de suscribir convenios con las provincias y con la Ciudad para que cada distrito organice el programa, en sus respectivas jurisdicciones, contemplando el financiamiento adecuado respecto de los afiliados.

Junto a esta propuesta, el Ejecutivo también envió al Senado el proyecto de reforma de la Ley de Salud Mental que amplía el alcance de la norma al incorporar medidas de prevención, tratamiento, rehabilitación y recuperación.