José Luis Alvarez
Pensamiento crítico en la política de discapacidad
El autor demuestra con números, los erráticos diagnósticos que realizan los funcionarios de la administración Milei sobre este punto.El cálculo de estas canastas se basa en una metodología que mide los precios de los productos esenciales en el Gran Mendoza. Se utiliza como referencia a un "adulto equivalente", que es un varón adulto con actividad moderada. Los precios se recogen de una variedad de negocios, incluyendo supermercados, hipermercados y almacenes tradicionales, para determinar el costo mínimo de los alimentos y servicios necesarios para una familia.
Cuando una persona recibe una información, la razona e investiga y permite cuestionar antes de aceptarla, esto se da a través de lo que se denomina el pensamiento crítico.
Escuchando a la antropóloga Candela Antón que, comentaba sobre el cerebro y nos dice que tiene tres enemigos internos que sabotean permanentemente la capacidad de evaluar la información que recibimos, son automáticos e invisibles El primero es el sesgo de la confirmación, que señalaba que no buscamos la verdad sino tener razón. El segundo, es el pensamiento motivado, cuando encontramos razones que justifican nuestra verdad y por lo que llegamos inconscientemente a la conclusión que queremos llegar. Por último, está la heurística de la disponibilidad, dónde buscamos ejemplos que nos hagan tener razón, sin analizar su razonabilidad, frecuencia y probabilidad.
Las personas pueden no pensar críticamente porque no están dispuestas a usar sus habilidades de razonamiento para examinar una información y porque quieren preservar sus creencias antes de razonar sobre la información que reciben, esto ocurre con el discurso anti discapacidad del Gobierno Nacional.
La negativa o incapacidad persistente del gobierno argentino para producir y reconocer datos certeros sobre la población con discapacidad, no es solo una falla administrativa; es una renuncia al pensamiento crítico en la gestión pública. Este enfoque permite analizar la situación no como un mero error, sino como un fenómeno que viola los principios fundamentales de la razón y el sentido común.
Se lo escucha decir desde el presidente, al Ministro de Economía y su séquito de seguidores tuiteros, que está inflada la cantidad de discapacitados y que en los 90 había 100 mil pensiones de discapacidad y ahora 1,5 millones, esto para ellos es curro.
Bueno ya que el presidente y el Ministro de economía vienen del mundo de los números, vamos a ir a ellos. Primero lo que hace el pensamiento crítico es estudiar las estimaciones globales de los discapacitados que a nivel mundial es del 15%(1) de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, no solo es un dato de la denostada OMS de la que el gobierno no quiere formar parte, pero este dato es apoyado por el Banco Mundial, como un punto de partida válido.
Segundo, para verificar o ajustar esa cifra, la Argentina bien les puede decir la Vicepresidenta de Macri, que llevó a cabo en el mismo gobierno del astro de las finanzas un censo que concluyó que la “Prevalencia de población con dificultad es del 10,2%, de la población de 6 años y más en viviendas particulares, en localidades de 5.000 y más habitantes de la Argentina”. (2)
De acuerdo a datos oficiales en Argentina tenemos un poco más de 47,5 millones de habitantes, aplicando el 10,2% nos daría una cifra cercana a los 5 millones de personas con distintos niveles de discapacidad, lejos de 1,5 millones que denuncian como cifra abusiva.
Otro dato que se escucha decir es que se aprovechan para no trabajar, otra vez prefieren dejarse engañar que, a ver la verdad, hoy el monto que cobran por pensiones de discapacidad es de $ 286.506,35. Lo que no entienden es que el beneficio no es por el monto que perciben de pensión, sino porque se cubren los tratamientos que requieren a través de la obra social.
Lo que hace el negacionismo de ignorar la evidencia global y nacional disponible, le permite eludir la responsabilidad y reconocer que la atención de discapacidad implica costos políticos y económicos. Admitir que casi 5 millones de personas requieren accesibilidad, salud y educación inclusiva obligaría a una redistribución masiva de recursos, que no los sienten en el gobierno nacional y esto es socialmente muy malo a largo plazo.
Debemos asumir que aún con los avances en este siglo de la atención a la discapacidad aún la tarea que queda es enorme e incluye identificar sesgos, como el de discriminación donde hay una subestimación reflejada en una valoración menor de las vidas de las personas con discapacidad. Sus necesidades son tratadas como un tema sectorial y no como una cuestión central que compete a toda la sociedad, podríamos hasta verlo como un pensamiento egoísta ya que la discapacidad es una condición que todos podemos experimentar a lo largo de la vida.
El Preámbulo de la “Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad” de Naciones Unidas, cita textualmente en el inciso “m. Reconociendo las valiosas contribuciones existentes y potenciales que hacen las personas con discapacidad al bienestar general y la diversidad de sus comunidades, y que la promoción del pleno disfrute por las personas con discapacidad de sus derechos humanos y libertades fundamentales y de su plena participación dará lugar a un mayor sentido de pertenencia de las personas con discapacidad y a avances significativos en el desarrollo humano, social y económico de la sociedad y en la erradicación de la pobreza”.(3) Algo que el gobierno nacional no ha incorporado a su política de salud.
Un pensador crítico sigue la cadena causal, si no hay datos, entonces...Entonces no se puede planificar el presupuesto de salud para atender condiciones específicas. Entonces es imposible hacer cumplir de manera el cupo laboral del 4%. Entonces el diseño urbano y de transporte sigue siendo inaccesible. Entonces se perpetúa un ciclo de exclusión, pobreza y mala salud.
Un gobierno que se niega a mirar a su pueblo es un gobierno que se niega a gobernarlo en toda su complejidad. El pensamiento crítico nos obliga a ver esta omisión no como un descuido, sino como una política: la política de no querer saber para no tener que actuar. (4)
Referencias
(1)https://iris.who.int/handle/10665/44575?McasCSRF=0bbc56b440b1ac9e65bd4b9d7b34dfd6dea5c19e655d43d784e364ae1626ae87
(2) Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad. Resultados definitivos 2018 INDEC
(3) https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-persons-disabilities
(4) No quise hacer referencia a las presuntas coimas denunciadas públicamente, porque entendiendo que eso aleja el análisis al tema de fondo.