Los trabajadores del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), nucleados en Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), difundieron este martes un duro comunicado en el que denunciaron que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se encuentra “intervenido” y reclamaron la publicación de la nueva metodología basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017/2018. El pronunciamiento se conoció minutos después de la difusión del dato oficial de inflación de enero, que marcó un 2,9%.

“Una vez más, es imperioso defender la independencia del Indec con respecto al poder político”, señalaron en el texto. Y advirtieron: “La negativa del gobierno nacional a publicar el IPC con la actualización en base al uso de la ENGHo 2017/2018 constituye una intromisión en las estadísticas públicas que rechazamos de plano”.

El comunicado fue publicado luego de que el organismo informara el primer dato de inflación del año, que mostró una aceleración frente al 2,8% de diciembre y se ubicó por encima de lo que esperaba el mercado. El Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA) proyectaba un 2,4% para enero.

Quince minutos antes de la difusión del índice, los trabajadores realizaron una radio abierta en la puerta del organismo para reclamar por la decisión oficial de postergar la actualización metodológica del IPC. La protesta coincidió con el clima de tensión interna que derivó días atrás en la renuncia de Marco Lavagna como director del Indec.

En el texto, los empleados también cuestionaron los argumentos oficiales para frenar el cambio. “Hablan de una ‘ruptura de la comparabilidad’ cuando cualquier ponderador permitiría medir si existe o no una reducción de la variación de precios”, afirmaron, y recordaron que la metodología había sido definida bajo estándares internacionales y con supervisión del Fondo Monetario Internacional.

Según ATE, el trasfondo de la decisión está vinculado al impacto del IPC sobre variables clave. “Lo que realmente le preocupa al gobierno es que el IPC se utiliza para actualizar jubilaciones y asignaciones familiares, es referencia en las negociaciones paritarias e inclusive está indexado a las bandas de flotación del dólar”, sostuvieron. Y agregaron que la medida apunta a “seguir ajustando a la baja los ingresos de los sectores populares”.

En la misma línea, Carlos Quintriqueo, secretario general de Asociación de Trabajadores del Estado y de la CTA Neuquén, afirmó este lunes que presentó una denuncia penal “por la manipulación de los datos del Indec, que afecta directamente el acuerdo salarial de todas y todos los trabajadores estatales”.

El comunicado también expuso la situación salarial dentro del organismo. “En el Indec que calcula la pobreza hay trabajadores que perciben salarios de $500.000”, denunciaron, y señalaron que las paritarias a la baja implicaron “una pérdida del 30% del poder de compra”.

En el cierre, los trabajadores alertaron sobre posibles nuevas intervenciones y apelaron a la memoria reciente: “La Argentina ya vivió episodios en los que la intervención política dañó gravemente la credibilidad del sistema estadístico. No vamos a aceptar que se repita esa historia”. Y concluyeron: “Defender la independencia del Indec no es una consigna sectorial ni gremial: es defender el derecho de toda la sociedad a estadísticas públicas veraces”.

Además del pronunciamiento gremial, el tema escaló al plano judicial. El diputado nacional por el Partido Socialista Esteban Paulón informó que denunció penalmente al ministro de Economía, Luis Caputo, al nuevo titular del Indec, Pedro Lines, a la directora técnica del IPC, Josefina Rim, y al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para que la Justicia determine si incurrieron en el delito de abuso de autoridad, en concurso con destrucción o inutilización de documento público, a raíz de la decisión de frenar la actualización metodológica del índice de precios.

No obstante, según coinciden economistas, expertos y técnicos —incluidos exfuncionarios del propio organismo—, no existiría una falsificación de los datos publicados sino una interferencia indebida del Gobierno en la actualización metodológica, un hecho que pone en riesgo la credibilidad del Indec y la confianza en sus estadísticas.