El Senado argentino ratificó la ley de emergencia en discapacidad, rechazando el veto presidencial. La ley estará vigente hasta finales de 2026, con la posibilidad de extenderse.
Entre sus puntos principales, establece una actualización de las prestaciones para compensar la inflación desde 2023, y obliga a saldar las deudas con los prestadores. También dispone que las pensiones no contributivas serán equivalentes al 70% de la jubilación mínima, permitiendo a los beneficiarios trabajar si no superan dos salarios mínimos.
Además, la ley incluye exenciones fiscales para empleadores que contraten personas con discapacidad y una auditoría para evaluar a los beneficiarios.
Los principales puntos de la ley que establece la emergencia en discapacidad son los siguientes:
Se establece la emergencia en materia de discapacidad hasta el 31 de diciembre del 2026.
La presente ley es de orden público y rige en todo el territorio nacional.
Se establece una actualización de las prestaciones para compensar la diferencia entre los valores actuales y la inflación desde el 2023 a la fecha.
Se deberá saldar la deuda con los prestadores y actualizar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas, de acuerdo a los índices de la inflación que informa el INDEC.
Las pensiones no contributivas serán equivalentes al 70 por ciento del haber mínimo jubilatorio.
Las personas que cobran este beneficio podrán trabajar mientras que no supere los dos salarios mínimos.
El Poder Ejecutivo Nacional deberá financiar con recursos del Tesoro nacional una compensación de emergencia a los prestadores.
La oficina de Presupuesto del Congreso determinó que el impacto fiscal por el aumento de las pensiones significa un refuerzo fiscal de 1.889.371 millones de pesos y 3,627.495 millones.
La diferencia del impacto fiscal se debe al número de beneficiarios “por nuevas altas entre 493 mil y 946 mil personas, según distintos escenarios” que podrían suceder con la nueva ley, sostuvo la OPC.
La Agencia Nacional de Discapacidad realizará una auditoría con el objeto de realizar una evaluación justa, transparente, basada en criterios de salud y en un análisis integral de la situación socioeconómica de los beneficiarios.
El procedimiento de auditoría deberá* garantizar notificaciones fehacientes y el debido proceso inclusivo, que aseguren la plena participación. y el acceso claro a la información.
Los empleadores que tomen trabajadores con certificados de discapacidad por tiempo indeterminado serán eximidos del pago del cincuenta por ciento (50%) de las contribuciones patronales y a las cajas de jubilaciones por tres años.
El Senado rechazó el veto a la ley de emergencia en Discapacidad
El Senado rechazó el veto del presidente Javier Milei a la ley que declara la emergencia en Discapacidad, por lo que el proyecto deberá ser promulgado por el Poder Ejecutivo.
La oposición, nucleada en el interbloque peronista, UCR, PRO y provinciales, se impuso con 63 votos afirmativos y siete en contra, y el oficialismo tuvo el apoyo de la senadora del PRO Carmen Álvarez Rivero y Francisco Paoltroni, quien volvió a alinearse por completo con la Casa Rosada.
El Senado rechazó el veto a la ley de emergencia en Discapacidad
La ley de discapacidad, aprobada por abrumadora mayoría por el Poder Legislativo, declara la emergencia hasta el 31 de diciembre del 2026, prorrogable hasta 2027, y una actualización de las prestaciones para compensar la diferencia entre los valores actuales y la inflación desde el 2023 a la fecha.
Desde el 12 de marzo de 2003 que el Congreso no rechazaba un veto total, en ocasión de la administración de transición de Eduardo Duhalde.
Según la oficina de Presupuesto del Congreso, la ley que contempla un actualización de las presiones y asignaciones para los talleres para las personas con discapacidad tiene un impacto que oscila entre el 0,22% al 0,42% del PBI, ya que depende de la cantidad de altas que se produzcan hasta diciembre del 2026.