Irrigación
Scatolón denunció discriminación y persecusión en la Corte
Su abogado Marcelo Venier presentó una Acción Procesal Administrativa ante el máximo tribunal para que deje sin efecto la resolución 253 de Irrigación a través de la cual se destituye al cuadro de autoridades de la Inspección Canal Matriz Lunlunta.
María Emilia Scatolón, Luisa Araceli Altamirano, Rebeca Soledad Miranda y Raúl Argilla, a través del abogado Marcelo Venier, presentaron una Acción Procesal Administrativa en la Suprema Corte de Justicia de Mendoza para que se deje sin efecto la resolución 253 emitida por el Departamento General de Irrigación, a través de la cual los destituyeron de la conducción de la Inspección Canal Matriz Lunlunta. Los denunciantes consideran que la decisión es un acto de persecución y discriminación, violatorio de sus derechos.
En la resolución, Irrigación le impuso al cuadro de autoridades de la Inspección (Scatolón como inspectora y el resto de los denunciantes como delegados) la sanción de inhabilitación por ser responsables solidarios, prohibiéndoles ocupar cualquier cargo en la administración de las aguas por cinco años, además de la destitución del cargo en vigencia. Se pidió también la devolución de fondos a la Inspección de Cauce por un monto de $ 3.608.523,62, correspondiente al valor de los sueldos brutos y las contribuciones no abonadas a los denunciantes, más intereses legales.
El escrito judicial alega que la sanción disciplinaria es una represalia de Irrigación a una denuncia previa realizada por Scatolón sobre pasivos ambientales en la zona, incluida la contaminación con desechos de la petrolera YPF. El documento considera este caso como un eslabón de un supuesto "plan privatizador" del agua llevado a cabo por Irrigación junto con el Gobierno Provincial, que busca apropiarse del recurso a través de la intervención de las Inspecciones de Cauce.
La demanda destaca que la sanción constituye violencia institucional y discriminación de género contra un grupo de autoridades “mayormente conformado por mujeres defensoras del medioambiente”. Se argumenta que Irrigación desestimó la voluntad de los propios regantes, quienes en una asamblea previa habían aprobado la gestión de las autoridades destituidas y habían votado a favor de la restitución de la Inspectora Scatolón.
La demanda presentada ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza busca la revocación de la resolución 253/25 y la declaración de su nulidad, además de una indemnización por los daños sufridos por los demandantes. "Los vicios que nulifican el decreto en crisis –dada su manifiesta ilegalidad y arbitrariedad- se expresan en este apartado de forma sucinta, para a posteriori ser desarrollados"
- Se violó el derecho de defensa y la garantía del debido proceso legal.
- Se apartó de la legislación vigente aplicable al caso concreto.
- Se apartó de las constancias de autos.
- Persiguió a las autoridades de cauce en el ámbito laboral.
- Discriminó a las autoridades directivas por su condición de mujer y abusando de su posición dominante.
- No consideró en su condición de defensores ambientales a las autoridades de cauce.
El texto de la demanda subraya una conspiración de Irrigación para "desvirtuar las asambleas" y apropiarse de la "gestión comunitaria y democrática de los cauces de riego". En este contexto, el escrito judicial argumenta que la destitución de los inspectores no solo es ilegal, sino que también atenta contra el derecho constitucional al agua de los regantes.
Adicionalmente, el documento hace referencia a la Ley 9003 y el Acuerdo de Escazú (Ley 27566), que garantiza entornos seguros y libres de violencia para los defensores del ambiente y el territorio. Esta referencia refuerza el argumento de que la sanción fue un acto de persecución por su activismo ambiental, y no una medida disciplinaria legítima. La demanda finaliza con una solicitud formal a la Suprema Corte para revocar la resolución del DGI.
Audios complicados y apelación
A mediados de septiembre Scatolón y los vocales apelaron en el Departamento General de Irrigación la resolución 253 en donde denunciaron la existencia de audios comprometedores.
En la misma indicaron que en las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias tomó relevancia la “activa intervención” del secretario del HTA, Dr. Leonardo Muzzino quien no sólo “azuzaba” a “ciertos regantes amigos” a fin de “alborotar” la convocatoria; sino también “dirigía la asamblea”, excediéndose en sus funciones, señalaron en la apelación.
A pesar de toda esta “prepotencia institucional”, destacó Venier, se pudo escuchar en la Asamblea, "la grabación del diálogo mantenido por la contadora Silvia Giulidori (a cargo de la contabilidad de la intervención de la Inspección del Cauce Canal Matriz Lunlunta y esposa del Gerente de la Asoc. 3ra Zona de Riego) con una empleada contable del Irrigación, en la que se la instruía a esta última en la operatoria del uso del Token de los Inspectores de Cauce, incluso el de los muertos, para hacer transferencias de todo tipo. La misma generó el sobresalto en la dirigencia de Irrigación".
Venier está convencido de que la grabación de los dichos de la contadora Giulidori, “producen espanto” debido a que el proceder “es de perfecto conocimiento del cuadro de autoridades del Departamento General de Irrigación, no sólo del instructor sumariante y del mismo Secretario del HTA, Dr. Leonardo Muzzino sino también y muy especialmente, del Honorable Tribunal Administrativo, quienes a pesar de las denuncias de los regantes han incumplido su obligación de funcionarios públicos, de poner en conocimiento del Ministerio Público Fiscal tal ilegalidad, encubriendo a la contadora interviniente Silvia Giulidori”. Todo esto también está en la acción presentada en la Suprema Corte.
