Los últimos días han estado marcados por un intenso escándalo político en el gobierno de Javier Milei. La Justicia investiga presuntas coimas vinculadas a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), una causa que tiene su origen en la filtración de audios del ex director del organismo, Diego Spagnuolo. En estas grabaciones, Spagnuolo supuestamente habla de una "recaudación ilegal" relacionada con la compra de medicamentos, mencionando un porcentaje de "retorno" que, según él, llegaría a la Presidencia y al círculo más cercano del presidente, incluyendo a su hermana Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem.
El gobierno reaccionó rápidamente, destituyendo a Spagnuolo de su cargo. Ahora, el foco de la investigación está en el análisis del material incautado en catorce allanamientos ordenados por el juez federal Sebastián Casanello. Entre los objetos clave secuestrados se encuentran celulares, documentos y sobres con dinero en efectivo.
La Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) del Ministerio Público Fiscal ya comenzó a analizar los teléfonos de los principales implicados, incluyendo los dos dispositivos de Diego Spagnuolo. También se incautó el celular y una gran suma de dinero (U$S 266.000 y $7 millones) a Emmanuel Kovalivker, directivo de la droguería Suizo Argentina, al igual que el teléfono de Daniel Garbellini, ex director de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS. Garbellini es señalado como el presunto nexo entre la droguería y la agencia gubernamental.
La causa se remonta a una denuncia previa que mencionaba compras por casi $30.000 millones sin licitación pública por parte de la ANDIS a la droguería Suizo Argentina. Además, se señalaba la conexión de la droguería con la plataforma de ventas Farma Online, que a su vez comercializa productos de la marca GenTech, fundada por el actual presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
La reacción del gobierno
En medio de este escándalo, Karina Milei rompió el silencio en un acto de formación de fiscales en La Matanza, donde asistieron más de 8.000 personas. La Secretaria General de la Presidencia declaró: "Vinimos para que no roben más" y enfatizó la importancia de fiscalizar para "asegurar que nunca más decidan por nosotros". Su mensaje se centró en la lucha contra la corrupción y la defensa del cambio a través de las urnas. Este pronunciamiento es una muestra de la postura del gobierno frente a las graves acusaciones que afectan a su círculo de confianza.
