Acción judicial
La Corte deberá expedirse sobre los pozos que autorizó Sergio Marinelli
El abogado Marcelo Romano presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la resolución 125 del Departamento General de Irrigación que autoriza la perforación de nueve pozos en una zona restringida.
El abogado ambientalista Marcelo Romano presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la resolución 125 firmada por Sergio Marinelli para autorizar nueve perforaciones de agua en una zona restringida de Agrelo. Romano se presentó en carácter de regante de la cuenca del Río Mendoza con el objetivo de frenar nuevas perforaciones de agua subterránea en la Subcuenca El Carrizal.
Romano sostuvo que la medida es ilegal, injusta e insostenible, porque prioriza intereses particulares por encima de la protección del agua, comprometiendo el presente y el futuro de Mendoza.
Según el abogado, que es candidato a concejal en San Carlos por Provincias Unidas, "la Resolución 125/2025 vulnera el derecho constitucional a un ambiente sano (art. 41 CN) y el uso sustentable del agua, que es un bien común de toda la comunidad".
A eso agrega que el propio Departamento General de Irrigación reconoció desde hace más de 25 años la sobreexplotación del acuífero además de que informes técnicos del INA, la UNCuyo y Mekorot advierten riesgos críticos pero todos fueron desoídos.
En ese sentido, argumenta que el propio DGI seis meses antes de la autorización había prohibido extracciones según consta en la resolución 1108/2024, pero al poco tiempo y con los mismos estudios ahora autorizó pozos.
Pero lo que adhiere Marcelo Romano es que en el permiso otorgado por Sergio Marinelli se omitió la Evaluación de Impacto Ambiental exigida por la Ley 5961, negando además la información pública y la audiencia ciudadana obligatoria.
"La autorización compromete el agua de la Cuenca del Río Mendoza, afectando la producción, el trabajo y la vida de toda la región", afirmó el abogado ambientalista que no descarta que otros regantes y empresarios se adhieran a su reclamo.
“Autorizar pozos hoy significa hipotecar el agua del mañana. Esta resolución viola la Constitución, desconoce la ley y pone en riesgo la vida y la producción de Mendoza. No es un hecho aislado, es parte de un patrón de desvíos institucionales que deben ser frenados por la Justicia”, Y hay un hecho que muestra la incoherencia: en Mendoza, la Ley 5961 obliga a que un supermercado de apenas 0,25 hectáreas presente un estudio de impacto ambiental. Sin embargo, la Resolución 125/2025 autoriza proyectos que afectan más de 590 hectáreas de riego agrícola, sin exigir ese mismo control", afirmó Romano.
