El diputado y Presidente de la Comisión de Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes, José Luis Ramón, formalizó una denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal por la "violencia ejercida por el personal de la policía de Mendoza" contra manifestantes que se oponían a proyectos legislativos que buscan habilitar la minería a cielo abierto en la provincia, más concretamente el proyecto San Jorge.

La ampliación de la denuncia fue ingresada hoy y se refiere a los hechos ocurridos el 23 de octubre del mismo año, alrededor de las 18:00 horas, en la calle Patricias Mendocinas, frente a la Legislatura Provincial.

Graves acusaciones y policías señalados

El documento detalla que los manifestantes, entre ellos Felipe Luis Sánchez, Liza Rule Larrea, Martín Asensio, María Leonor Moyano y Susana Negrette, estaban ejerciendo su derecho constitucional a la protesta social en defensa del agua y en oposición al proyecto San Jorge.

Según la presentación, la represión implicó "violencia institucional", con hechos que constituirían delitos de acción pública como privación ilegítima de la libertad, apremios ilegales, lesiones y abuso de autoridad. Estos hechos se habrían agravado por cometerse en un contexto de violencia de género y misoginia.

Entre las principales acusaciones, se señala la acción de un Comisario a cargo del operativo y personal policial sin identificación. En el caso de la ciudadana Liza Rule Larrea, se detalla que fue "atrapada violentamente" por un hombre identificado como el Comisario Mayor Mario Rili, Jefe de la Departamental Nº 1 de la Policía de Mendoza, quien, junto a otros policías masculinos, procedió a golpearla, arrastrarla al interior de la Legislatura, arrojarla al piso y colocarle esposas ajustadas "excesivamente" para provocarle dolor.

Acciones Legislativas y pruebas aportadas

La denuncia de los hechos generó un expediente interno en la Honorable Cámara de Diputados, caratulado el 30 de octubre de 2025.

Posteriormente, la Comisión de Derechos y Garantías, presidida por Ramón, convocó a una reunión el 13 de noviembre de 2025, donde durante cinco horas se recibieron los testimonios de las personas agredidas y profesionales médicos que constataron las lesiones. Los denunciantes ratificaron de manera expresa y presencial todos los hechos.

Ramón a puesto a disposición de la Justicia todos los antecedentes reunidos, incluyendo la prueba documental, el acta con video de la reunión de la Comisión, y el certificado médico de lesiones de una de las víctimas, exigiendo que se tenga "especialmente en cuenta la denuncia al Comisario a cargo del operativo".

Advertencia a Rus por la sesión del martes

Ramón también le envió un exordio a la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, en donde le solicita que "tenga presente, que desde la Presidencia de la Comisión, estamos intentando establecer un canal de comunicación con el Ministerio, en razón de la preocupación que tenemos por los desmanes y violencia desplegada por el personal policial a su cargo en las manifestaciones del pueblo con fecha 23-10-2025". Esto es para evitar mayores problemas el martes próximo, cuando el Senado trate la Declaración de Impacto Ambiental de San Jorge (DIA) y vuelvan los manifestantes antimineros a la Legislatura.