El gobernador Alfredo Cornejo afirmó en más de una oportunidad que le prestan atención a los manifestantes que se expresan contra la minería porque tienen dudas de la capacidad de control del Estado. “A ese sector le prestamos mayor atención”, manifestó este lunes en la presentación de la Especialización para Inspectores del Estado. Pero la confianza no se gana con conferencias de prensa ni impostando interés. Y en una provincia en la que el gobernador controla la Justicia, el Tribunal de Cuentas, la Oficina de Ética Pública y el Ministerio Público Fiscal, son aún más las dudas que se generan.

En Mendoza no hay controles. No solo de la actividad minera. No hay controles en general. La Oficina de Ética Pública protege a los funcionarios del Ministerio de Gobierno que no responden informes sobre la pauta oficial. El Tribunal de Cuentas, que debería ser garante de transparencia, está manchado por casos de nepotismo entre sus más altos funcionarios. Sus autoridades, designadas casi en su totalidad por Alfredo Cornejo, son las que deberían auscultar los gastos de la persona que los nombró.

El Ministerio Público Fiscal persigue a opositores y se ajusta al timing político que le pide el gobernador. La Suprema Corte de Justicia es presidida por Dalmiro Garay, el exministro de Gobierno de Alfredo Cornejo. ¿Qué garantías hay de que realmente se va a controlar a los funcionarios públicos que deben seguir el accionar de las mineras para garantizar el cumplimiento de las normas ambientales?

En Lunlunta la inspectora de cauce que denunció contaminación en las napas por parte de YPF fue removida de su cargo y se intervino la inspección. ¿Esa es la forma de generar confianza?

¿Detener a las personas que se expresan contra la minería es una forma de generar confianza? ¿De verdad creen que ayuda evitar que se difundan imágenes de las protestas de ciudadanos por las calles?

De nada sirve realizar una conferencia de prensa con la vicegobernadora Hebe Casado, la ministra Jimena Latorre, el ministro de Educación Tadeo García Zalazar, la ministra de Seguridad Mercedes Rus, el ministro de la Producción Rodolfo Vargas Arizu y la titular del Emetur Gabriela Testa, si no demuestran con hechos que no les incomoda que los controlen. 

Para que existan garantías es necesario que se refuerce la división de poderes, la independencia de los órganos de control. Mientras el gobernador siga concentrando el poder de la forma en que lo hace, será difícil que se gane la confianza de los ciudadanos que cada semana salen a marchar por las calles de la ciudad.