Acciones judiciales de todo tipo comenzarán a llegar a la justicia, por parte de distintos referentes ambientales, debido a que entienden que el proceso del proyecto San Jorge ha contado con varias irregularidades, dudas sobre muchos puntos ambientales y una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) plagada de inconsistencias, una vez que su aprobación sea convertida en ley el próximo 9 de diciembre.

Habrá medidas planteadas desde las ONG’s ambientalistas conocidas, de los ecolochantas habituales como Mario Vadillo y el querulante Marcelo Romano, pero también entrarán en acción otros juristas a los que el sector minero le tiene altas consideraciones vinculadas con el respeto por sus conocimientos jurídicos y académicos. Hasta llegarán abogados ambientalistas de Buenos Aires a defender a grupos determinados que se consideran perjudicados por el proyecto San Jorge. 

Lo concreto es que ya se redactan desde amparos, pasando por medidas cautelares hasta acciones de inconstitucionalidad. Pero, sabemos que la justicia mendocina tiene sus propios ritmos por decirlo de forma elegante. Hay amparos que demoran meses en ser resueltos, un desastre que se padece en la justicia de Mendoza, la Noruega Argentina según Alfredo Cornejo y su ex ministro de Gobierno Dalmiro Garay, reelecto por tercera vez al frente de la Suprema Corte. Esta es la misma Corte que lleva años sin resolver el juicio por los pozos de agua otorgados por la gestión justicialista Frigerio-Villalón en Irrigación en una zona restringida, la misma que está cuestionada ahora por 9 pozos que se tramitan y que les dio el ok Sergio Marinelli.

“No le tenemos miedo a Vadillo ni a Romano, al que le tenemos miedo y para nosotros es un problema es Aldo Rodríguez Salas”, la frase se pronuncia mucho desde hace tiempo en el sector minero, y se potenció estos días porque es obvio que el paso de la DIA por el Senado será un trámite y al aprobarse se activará la vía legal. Motivos tienen, Rodríguez Salas es autor de normas y demás piezas jurídicas ambientales y su conocimiento y estudio sobre el tema lo coloca como referente nacional.

Otros actores afirman se presentarán amparos para detener el avance del proyecto San Jorge basados en la incertidumbre científica, es que referentes del Gobierno la han confirmado en distintas entrevistas en los medios afirmó el consultor ambientalista Eduardo Sosa.

Como publicó El Medio, y el argumento fue utilizado por los que se pusieron a indagar un poco el tema, es que los que saben y estudian consideran que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) está condicionada, algo que el andamiaje legal no lo permite y además esa postura cuenta con fallos favorables de la Corte Suprema.

“La DIA del proyecto San Jorge no puede considerarse una autorización válida porque se basa en información incompleta. La ley ambiental exige certeza científica previa, y aquí se aprobó con decenas de estudios diferidos. En términos simples, es una autorización en la incertidumbre. La Corte Suprema ya dijo que eso es ilegal. Lo responsable sería completar los estudios primero y decidir después. Lo que está en juego no es solo un trámite: es la seguridad hídrica y la confianza pública en la legalidad ambiental”, afirmó el abogado especialista en Derecho Ambiental", le dijo Aldo Rodríguez Salas a El Medio al conocerse la DIA que el gobierno había emitido para enviar a la Legislatura.

Por otra parte, otros también están redactando acciones penales contra Leonardo Fernández, director de Gestión y Fiscalización Ambiental del Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza, contra el director de minería, Jerónimo Shantal y contra la ministra Jimena Latorre, no descartan ir también por la secretaria de Ambiente, Nuria Ojeda. Consideran que al reconocer la falta de certidumbre científica en algunos puntos ambientales clave, incurrieron en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, “por lo menos hay negligencia y falsedad ideológica”, dice Sosa.

Desconfianza y “contaminación”, los cinco puntos clave

Existen muchos motivos para no estar tranquilos con respecto a como ha llevado el Gobierno provincial el desarrollo de la industria minera que sin dudas es necesaria, más allá de las inconsistencias jurídicas y los manejos del sistema judicial por parte del Gobierno.

1-Cuando el ex gobernador Celso Jaque, mandó a la Legislatura la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para el proyecto San Jorge en 2011, las comisiones de Diputados por lo menos tuvieron tres meses para estudiarlo; hasta que el radicalismo apuró su tratamiento sin que hubiera dictamen. En 2025, bajo el gobierno del “radical” Alfredo Cornejo, las comisiones tuvieron 3 semanas para ver 4 proyectos, entre ellos, además de la DIA de San Jorge, otras 27 declaraciones de impacto ambiental para el Distrito Minero Malargüe Occidental. También debieron revisar la ley de regalías y la creación del Fondo Compensador. Tres semanas para cuatro proyectos, contra tres meses para uno. Punto para el avasallamiento cornejista.

2-Llegamos a esta instancia de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para San Jorge con la credibilidad minada para el Gobierno en materia minera. Es importante recordar que en 2023, el ex gobernador Rodolfo Suárez, le vendió a minera Aguilar y a la brasileña ARG, el 88% de las acciones de la minera Potasio Río Colorado. En octubre el Senado lo aprobó por unanimidad, hasta Lucas Ilardo levantó la manito para no empantarle el negocio a José Luis Manzano. Aprobaron también la cláusula de confidencialidad que imponía el proyecto, en una empresa en donde el 12% de las acciones son del Estado.

El tiempo pasó y sucedió lo que muchos esperaban, Manzano no cumplió con el contrato. Concretamente nunca puso a funcionar la planta piloto en el tiempo que se determinó. El gobernador Cornejo en mayo de este año, en la Asamblea Legislativa dijo que este año iba a estar funcionando la planta piloto de Potasio Río Colorado.

Bueno, además que no sucedió, ahora piensa Cornejo reformular el contrato con Manzano, el mismo que aprobaron los legisladores y que el mismo radicalismo redactó. ¿Muy Chiqui Tapia todo no? ¿Y la seguridad jurídica? Bien gracias. ¿Y la institucionalidad? Habría que preguntarle a Manzano.

Es bueno recordar también qué decía la plataforma política de Cambia Mendoza cuando Cornejo fue candidato a gobernador en 2023. En el punto 35 se podía leer:

“Incrementar el desarrollo minero acorde a la ley vigente. Potasio Río Colorado es el proyecto más avanzado, el más grande de la Argentina. Su funcionamiento pleno duplicará las exportaciones de Mendoza. Otros proyectos avanzan como Hierro Indio que será la mina de hierro más grande del país, sustituirá el 30% del mineral que se importa, y Cerro Amarillo en Malargüe. Su actual exploración y potencial explotación es posible dentro del marco regulatorio vigente. Son los tres proyectos que dentro de la ley 7722 pueden avanzar en el futuro y darle más riqueza a la provincia”. ¿Y San Jorge? Bien gracias, no lo dijo, lo omitió.

Hay más, además de todo esto, Cornejo se autopercibe estadista. Pero no es tan bueno como él cree. YPF también se fue de Santa Cruz y esa provincia logró cobrarle U$S 200 millones en concepto de Responsabilidad Social Empresaria y también la obligaron a pagar lo correspondiente por los pasivos ambientales que detecten. Aquí sólo se les exigió lo último. No tenemos destino claramente.

Estas son las cosas que hacen que se desconfíe fuerte del proceso del proyecto San Jorge. Es que los mismos que no aplican multas a minera Aguilar y que le reformulan el contrato, son los que van a custodiar que San Jorge cumpla con las leyes ambientales. ¿Da miedo o no? Mucho y no generado por antimineros precisamente.

3-Otro dato para estar más intranquilos. Los mismos que cargan con las 500 hectáreas de Lavalle y Guaymallén alcanzadas por el agua del Pescara, son los que van a tener que velar por la calidad del agua de Uspallata; el Departamento General de Irrigación.

4-Otra mentira son los puestos de trabajo que se van a generar. Más allá de las contradicciones con la cifra, lo cierto es que en Mendoza no habrá un cupo para trabajadores locales ni para prestadores de servicios. Entonces, cuántos mendocinos concretamente terminarán trabajando en San Jorge no lo sabe nadie, porque los que hoy llevan años en la industria minera en otras provincias, corren con ventajas enormes frente a muchísimos de los locales. La señora que le haga las toritas, las que confeccionen ropa y uniformes, algunos maquinistas capacitados por la empresa, tendrán más trabajo, pero no se sabe si habrá mucho más. De manera entonces que a bajar las expectativas de conseguir empleo porque no habrá mucho para repartir si sigue adelante el proyecto San Jorge.

5-Ineptitud manifiesta. Catorce años pasaron desde el 2011 cuando se trató la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto San Jorge y fue rechazado en Diputados, hasta su aprobación la semana pasada. En ese lapso de tiempo no pudieron determinar si efectivamente la cuenca Yalguaraz está conectada o no con el río Mendoza, tampoco precisar cómo impermeabilizar el dique de cola, solo por decir dos temas que fueron nombrados, en el debate del 2011, con preocupación por los radicales.

Tadeo García, el actual ministro de Educación, fue diputado provincial entre 2011 y 2015. En ese tiempo presentó el proyecto para declarar área natural protegida la zona donde se ubica el proyecto San Jorge, algo que si se aprobaba lo sepultaba de por vida.

En el proyecto de Tadeo, que tomó de los vecinos de Uspallata, sobre la cuenca Yalguaraz se señala:

“Es de destacar en al aspecto hídrico la cuenca de Yalguaraz, cuyo escurrimiento superficial es cerrado y separado de la cuenca del Río Mendoza, sin embargo se desconoce con exactitud como se comporta su dinámica subterránea y si existe relación con las cuencas colindantes: El acuífero asociado a la cuenca del Río Mendoza por el sur, la cuenca de El Leoncito, por el norte, que también es cerrada en su escurrimiento superficial; y finalmente las aguadas precordilleranas, por el este, cuya dinámica también se desconoce, entre las que se destaca la de Villavicencio, que es aprovechada económicamente y que también está asociada a un área protegida”.

Y aquí vamos, entre forcejeros obscenos a las normas y promesas que no tienen ninguna posibilidad de ser ciertas.

PD: Hay un punto interesante en la DIA referido a las normas de compliance de San Jorge, es hora que avancen porque aparecen como una suerte de incompatibilidades entre gente que trabaja en la empresa y negocios paralelos que desarrollan gracias a su pertenencia a la firma, algunos con el Gobierno.