Pasó lo que los conocedores del Fuero Penal anticiparon que iba a pasar: no cambió nada. A pesar de la parafernalia con la que se anunciaron los cambios en el turno vespertino, la ley que aprobó la Legislatura no solucionó los problemas que impiden que se realicen más audiencias. Las estadísticas demuestran que las mismas siguen fracasando por la falta de recursos. Se agendan más audiencias pero se caen porque no hay recursos para realizarlas o para trasladar a las personas privadas de la libertad.

"Se comunica que el Centro de Alojamiento permanente Estrada no podrá garantizar el cumplimiento del traslado solicitado en razón de que la cantidad de audiencias programadas para esa fecha supera la capacidad operativa de la unidad", se puede leer en uno de los tantos memos internos que se repiten a lo largo de la semana.

La ambición del gobernador Alfredo Cornejo de poner a trabajar al Poder Judicial en el turno tarde se choca de frente con el recorte presupuestario para la Suprema Corte, el Ministerio de la Defensa y el Ministerio Público Fiscal. El calendario de agendas es público y puede revisarse cómo fracasan cientos de audiencia por día. La promulgación de la nueva ley no cambió eso.

El 30 de octubre, por ejemplo, debían realizarse 226 audiencias y solo se hicieron 127. El 36% fracasaron por inconvenientes de los magistrados, el 19% por problemas de los imputados y el 10% por problemas del Ministerio Público Fiscal. El 29 de octubre de las 186 audiencias fijadas se realizaron 117 y el 39% de las fracasadas no se realizó por problemas en traslados de los imputados. Eso demuestra que es erróneo atribuir solamente a los magistrados la falta de audiencias en el turno tarde.

El Fuero Penal requiere la coordinación del Ministerio de Seguridad, el Servicio Penitenciario, magistrados, fiscales y defensores. Los recursos siguen siendo los mismos y se pretende que se amplíe la productividad. El deseo rápidamente colisiona con la realidad.

El 16 de octubre se promulgó la ley 9666 que impulsó el gobernador Alfredo Cornejo para garantizar la realización de audiencias penales en el turno vespertino. En realidad, la realización ya estaba garantizada pero en el Ejecutivo cuestionaban que el promedio de audiencias realizadas en la tarde era mucho menor que en la mañana. Eso era cierto y lo sigue siendo porque la ley no logró revertirlo.

Pero el horizonte para el 2026 no parece ser muy distinto. El proyecto de presupuesto que el Ejecutivo envió a la Legislatura no cubre las necesidades del Ejecutivo. "Voy a ser corto porque el presupuesto que nos han asignado es bastante corto", señaló con malestar el presidente de la Corte, Dalmiro Garay, al defender la pauta de gastos en la Legislatura. Paradójicamente, Garay fue uno de los impulsores de la nueva ley para el fuero penal. De los 177 mil millones de pesos que había requerido la Corte, el Ejecutivo le asignó $168 mil millones. 

Alejandro Gullé, el procurador de la Corte, fue otro de los promotores de la nueva ley que aprobó la Legislatura pero también está molesto por la falta de recursos para la cartera. Directamente, en señal de protesta, no se presentó en la Legislatura a defender su presupuesto. 

Hasta el momento, el único cambio es que los juicios correccionales no dependerán de juzgados de garantía o de primera instancia y pasaron a las cámaras del crimen y tribunales. A partir de ahora, todos los debates deben realizarlos los tribunales superiores. Desde juicios por jurado hasta hurtos simples. 

Al igual que ocurría antes de que se aprobara la ley 9666, las audiencias en el turno vespertino siguen fracasando por la falta de recursos. Tanto del Poder Judicial como del Ministerio de Seguridad y el Servicio Penitenciario. Por si eso fuese poco, los trabajadores judiciales siguen en pie de lucha por los magros aumentos que el Ejecutivo les otorgó por decreto tras el fracaso de la última paritaria.