Ya sea por el clima electoral o por la falta de interés de la ciudadanía, pasó desapercibido el desplante de Alejandro Gullé en la presentación del presupuesto 2026. El procurador de la Corte, en señal de rebeldía, no se presentó a defender la pauta de gasto del Ministerio Público. Mientras el Poder Ejecutivo insiste con aumentar la carga horaria del Poder Judicial en el turno tarde, las autoridades se quejan por la falta de recursos.

El 20 de octubre el presidente de la Suprema Corte, Dalmiro Garay, se quejó públicamente de que el presupuesto que les asignó el Ejecutivo era "corto". "Voy a ser corto porque el presupuesto que nos han asignado es bastante corto", señaló ante los legisladores presentes dejando en evidencia su malestar por el recorte. De los 177 mil millones de pesos que había requerido la Corte, el Ejecutivo le asignó $168 mil millones. 

Pero la decisión de Alejandro Gullé fue aún más drástica. Directamente, no asistió. En lugar de ir a quejarse por la falta de recursos en momentos en los que le exigen más carga horaria, el titular del Ministerio Público Fiscal pegó el faltazo. Esa fue su señal de protesta hacia el Ejecutivo provincial. El pretexto oficial que brindan desde el área de comunicación es que faltó por cuestiones de agenda porque modificaron la fecha de la presentación, pero la realidad es que ya había anticipado que no iría a defender ese presupuesto.

El jueves 16 de octubre se promulgó la ley 9666 que impulsa la realización de audiencias vespertinas en el fuero penal. Para que eso sea posible contempla que haya más operadores judiciales en acción, potenciando el rol de ayudantes fiscales y codefensores para multiplicar la capacidad del sistema. 

Uno de los cambios es que los juicios correccionales no dependerán de juzgados de garantía o de primera instancia y pasaron a las cámaras del crimen y tribunales. A partir de ahora, los tribunales realizarían todos los debates, desde juicios por jurado hasta hurtos simples. Pero operativamente la realización de audiencias hasta las 19 requiere una reestructuración de personal que contrasta con el presupuesto que se le destina al Ministerio Público Fiscal.

En total, el Ministerio Público Fiscal contará con $82.069.552.505 para el ejercicio 2026. El silencio fue lo que eligió Alejandro Gullé para decir que no le parece suficiente.