El oficialismo mendocino volvió a generar críticas esta semana tras enviar al Senado los pliegos de Andrea Rus, hermana de la ministra de Seguridad, y Silvina Molina, ex esposa del subsecretario de Justicia Marcelo D’Agostino, ambos postulados para cargos judiciales. Lo llamativo es que D’Agostino integra el Consejo de la Magistratura, organismo que define las ternas de candidatos que luego el gobernador elige para proponer formalmente. Rus aspira a una sala unipersonal en la Cámara del Trabajo de la Primera Circunscripción, mientras que Molina fue propuesta para el Tribunal de Gestión Judicial Laboral de la Tercera Circunscripción.
Estas designaciones se suman a una serie de nombramientos cuestionados por su cercanía con el radicalismo, como el del presidente de la Suprema Corte, Dalmiro Garay, ex ministro de Gobierno, y el fiscal Sebastián Soneira, ex director de Personas Jurídicas. También figuran Leonardo Camacho, juez penal colegiado desde 2024 y ex consejero universitario, y Daniela Torres, ex funcionaria de Salud y referente de la Juventud Radical, quien debió desafiliarse de la UCR para asumir como jueza penal de menores. Aunque algunos pliegos recibieron más votos de los esperados, la oposición insiste en denunciar la creciente influencia partidaria en la Justicia provincial.
El oficialismo mendocino despertó nuevas críticas esta semana luego del envío de dos pliegos al Senado de abogadas cercanas a dirigentes del radicalismo. Así, amplió la lista de nombres adeptos dentro de la Justicia local.
Lo curioso es que el propio D’Agostino integra el Consejo de la Magistratura, el organismo que, luego de los concursos para cada cargo, se encarga de armar ternas para presentárselas al Gobernador y que éste elija quién será la persona propuesta.
De esta manera, Rus apuntará a convertirse en jueza de sala unipersonal en la Cámara del Trabajo de la Primera Circunscripción Judicial, mientras que Molina hará lo propio en el Tribunal de Gestión Judicial Laboral de la Tercera Circunscripción Judicial.
Andrea Rus, hermana de Mercedes Rus, postulada para un cargo en la Justicia.
El radicalismo y su presencia en la Justicia
No son las primeras figuras cuestionadas por su relación con el Ejecutivo. El caso más resonante es el del presidente de la Suprema Corte, Dalmiro Garay, quien antes de llegar al máximo tribunal era el ministro de Gobierno.
Su llegada se dio a pesar de que, cuando gobernaba el justicialismo, a Celso Jaque se lo criticó por hacer lo mismo con Mario Adaro.
Recientemente, en tanto, se convirtió en fiscal de la Primera Circunscripción Judicial Sebastián Soneira, quien durante años ocupó la Dirección de Personas Jurídicas de la provincia.
Aunque hubo fuertes críticas opositoras, su pliego logró más apoyos de los esperados ya que consiguió 25 votos en la sesión de acuerdo, más que los números que tiene actualmente el oficialismo.
Sebastián Soneira, ahora fiscal, antes fue funcionario del Gobierno.
Dentro del listado también se encuentra el ahora juez penal colegiado Leonardo Camacho, que se convirtió en magistrado en 2024. El abogado había sido consejero superior por el claustro de Egresados de la Facultad de Derecho dentro del frente universitario que comanda el radicalismo.
En 2023, también fue noticia la postulación de Daniela Torres como jueza penal de Menores Menores de la Tercera Circunscripción judicial. Además de haber sido funcionaria del Ministerio de Salud, estuvo al frente de la Juventud Radical y para aspirar a su actual cargo en la Justicia debió desafiliarse de la UCR.